Miembros del Congreso de EE.UU. han enviado carta al embajador norteamericano en Honduras, James Nealon (imagen), a fin que investigue las violaciones a derechos humanos de los trabajadores, que incluyen amenazas de muerte e intimidación

 

Redacción Central / EL LIBERTADOR 

Tegucigalpa. Este periódico reproduce de forma íntegra la carta enviada por congresistas de EE.UU. al embajador en Honduras, James Nealon, para que investigue sobre ataques contra trabajadores y sindicalistas.

Le escribimos para expresar nuestra preocupación por la situación urgente de los sindicalistas en Honduras, quienes siguen enfrentando amenazas de muerte y otras formas de intimidación.

 

Solicitamos respetuosamente que se comunique con las autoridades hondureñas, incluyendo la Fiscalía General de la Nación y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y pide inmediata acción para solucionar con eficacia a esta crisis.

 

A lo mínimo 31 sindicalistas han sido asesinados desde el golpe militar de 2009. La AFL-CIO informa que nueve ataques violentos contra sindicalistas hondureños han sido cometidos sólo en el 2015.

 

Estos ataques incluyen el asesinato en junio de Héctor Orlando Martínez Motiño, presidente del Sindicato de Trabajadores del Centro Universitario del Litoral Pacífico (CURLP) y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). A él se le había concedido las medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

 

De acuerdo con informes de los medios de comunicación, él era el decimocuarto persona con medidas cautelares que había sido asesinado. Su asesinato pasó 69 días después de la desaparición forzada en abril de Donatilo Jiménez Euceda, quien era un ex presidente de este mismo sindicato en el Centro Universitario del Litoral Atlántico (CURLA) en La Ceiba.

 

Más recientemente, las amenazas se han acelerado en contra de la administración de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Agroindustriales (Festagro, anteriormente Cosibah). Como es de su conocimiento, Festagro es uno de los grupos claves nombrados en un informe publicado en 2015 por el Departamento de Trabajo de Estados Unidos que detalla serias problemas con respecto a la falta de aplicación efectiva de las leyes laborales en Honduras.

 

El 31 de agosto y el 3 de septiembre de 2015, Tomás Membreño Pérez, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Agroindustria y Similares (STAS), un sindicato afiliado a Festagro, recibió amenazas de muerte dirigidas a él y a su familia. En tres ocasiones distintas desde el 25 de octubre, vehículos sin placas han visitado la casa de Nelson Geovanni Nuñez Chávez, Asesor Técnico de Organización de Festagro; supuestamente sacaron fotos y aterrorizaron a su esposa.

 

El 6 de diciembre, desconocidos preguntaban sobre su paradero en el domicilio de un miembro de su familia, mientras que sus hijas estaban presentes. Toda la familia ha tenido que abandonar su hogar.

Estos incidentes recientes no son la primera vez que miembros del personal de Festagro han estado bajo amenaza. En 2014, José María Martínez, Director de Comunicaciones para Festagro, se vio obligado a huir del país después de haber recibido numerosas amenazas de muerte a lo largo de 2013 y 2014.

 

Las autoridades hondureñas no han actuado con eficacia en ningunos de estos casos. Creemos que el Plan de Monitoreo y Acción de los Derechos Laborales que ha sido recientemente anunciado es un paso positivo. Sin embargo, la implementación del plan tomará tiempo, y no se dirige a todos los aspectos de la crisis de derechos laborales en Honduras. Mientras tanto, las amenazas contra sindicalistas exigen acción inmediata.

 

Dado lo anterior, le urgimos a que comunique su preocupación sobre estas amenazas contra activistas de derechos laborales al gobierno de Honduras, y que presione al gobierno para denunciar estos ataques. Además, le urgimos pedir al gobierno hondureño que inmediatamente ofrezca protección a Tomás Membreño y Nelson Núñez según sus preferencias, si lo solicitan. Además, le pedimos que reitere la importancia de las investigaciones criminales, los procesamientos y las condenas de los perpetradores de cada uno de estos casos, todos los cuales permanecen en la impunidad.

 

Es imperativo que el gobierno de Estados Unidos apoye a los trabajadores quienes están sufriendo represalias por ejercer sus derechos básicos de libertad de asociación y por denunciar violaciones de las leyes laborales de Honduras. Apreciamos su consideración seria e inmediata de estas solicitudes, y esperamos con interés las noticias de las acciones que el EE.UU. toma al favor de estos sindicalistas amenazados.

 

Sinceramente,

 

FARR SAM

Miembro del Congreso

 

Jan Schakowsky

Miembro del Congreso

 

Firmas de Miembros de Congreso:

Kaptur

McCollum

Grijalva

DeLauro

Lee

Pocan

McGovern

Gallego

Honda

Van Hollen

Serrano

DeSaulnier

H. Johnson

Norton

McDermott

Edwards

Lowenthal

Lewis

Pingree

Yarmuth

Waters

TonkoConyers

Ellison

Gutierrez

Torres

Bass

Lynch

Cc: Julie Schecter Torres, Jefe Adjunto de Misión

Ian Brownlee, director de la Oficina de Asuntos Centroamericanos del Departamento de Estado de EE.UU.

Charles Blaha, Director de Asuntos del Hemisferio Occidental, la Oficina de Derechos Humanos, Democracia y Trabajo, del Departamento de Estado. 

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