Un grupo de congresistas estadounidenses han enviado una carta al secretario de Estado norteamericano, John Kerry, para solicitar el fin de la ayuda financiera a organismos de seguridad hondureños por masivas violaciones a DDHH. 

Honorable John Kerry

Secretario del Departamento de Estado de EEUU

2201 C Street NW

Washington, DC 20520

Estimado secretario Kerry:

Le escribimos para expresar nuestra preocupación por la continua participación de las fuerzas armadas hondureñas en las labores policiales nacionales  e instituciones tradicionalmente civiles en Honduras, así como por la solicitud del gobierno de Obama de aumentar la asistencia de los Estados Unidos a Honduras en materia de seguridad para el año fiscal 2016.

Asimismo, le escribimos para solicitar una evaluación estricta por parte del Departamento de Estado del apoyo y entrenamiento dados por los Estados Unidos a la policía y a las fuerzas armadas hondureñas, de acuerdo con los requisitos relativos a los derechos humanos fijados en la Ley de Asignaciones a Operaciones en el Estado y en el Extranjero para el año fiscal 2015[1], en plena aplicación de la ley Leahy, y la suspensión y reevaluación del subsiguiente entrenamiento y asistencia a la policía y a las unidades militares de Honduras hasta que los abusos contra los derechos humanos sean abordados adecuadamente por el gobierno hondureño.

La mayoría de los países democráticos establecen claramente los distintos papeles de la policía y del ejército, y fijan límites a la participación de sus fuerzas armadas en las labores policiales nacionales. Sin embargo, en Honduras, las fuerzas armadas están cada vez más involucradas en la vigilancia policial a civiles.

Desde 2010, el gobierno de Honduras ha desplegado con regularidad a las fuerzas armadas para llevar a cabo funciones propias de la policía en diferentes partes del país. En 2013, el gobierno de Honduras estableció una "policía militar", promovida por Juan Orlando Hernández cuando era candidato presidencial. Esta policía militar, que forma parte de la cadena de mando militar, actualmente alcanza los 3.000 miembros y continúa ampliándose. El 28 de febrero de este año, el ahora presidente Hernández anunció que el trabajo de los 2.144 miembros recién graduados de las fuerzas armadas regulares incluiría tareas policiales. En la actualidad, los militares patrullan barrios residenciales, autobuses, aeropuertos y carreteras.

De acuerdo con el Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras (COFADEH), una reconocida organización de defensa de los derechos humanos en Honduras, el personal militar ha estado involucrado en violaciones de los derechos humanos, incluyendo asesinatos e intimidación a líderes de la oposición, activistas por el derecho a la tierra y manifestantes pacíficos. En los últimos meses, agentes de la policía militar han presuntamente amenazado y hostigado a periodistas, líderes comunitarios y miembros de la organización indígena COPINH; han desalojado por la fuerza y sin orden judicial a pequeños agricultores; han hecho una redada en la casa de un líder estudiantil involucrado en protestas recientes; y han disparado y matado a una mujer desarmada que vendía mangos, entre otros presuntos delitos. Según han informado Al-Jazeera, Defensores en Línea y Today Media Network, estos cuerpos militares también han llevado a cabo, presuntamente, redadas en los domicilios de activistas de la oposición y han participado en el asesinato de manifestantes pacíficos y activistas por los derechos a la tierra.

Más aún, durante el gobierno de Hernández, según informan Amnistía Internacional, Associated Press y los medios de comunicación hondureños, la policía militar ha golpeado brutalmente a un reconocido defensor de los niños sin hogar, golpeado y rociado con gas lacrimógeno a 35 miembros de un partido de la oposición dentro de los pasillos del Congreso, y presumiblemente secuestrado y violado a una mujer joven –todo con impunidad–.

La Constitución de Honduras prohíbe que el ejército participe en las tareas policiales nacionales, excepto en casos de emergencia. Este mes de febrero, el Congreso de Honduras rechazó una propuesta del presidente Hernández para cambiar la Constitución y permitir el uso regular de la policía militar. Sin embargo, a pesar de esas limitaciones legales, el gobierno de Honduras ha continuado ampliando este cuerpo militar por medio del poder ejecutivo y ha incumplido sus promesas de emprender reformas fundamentales en las fuerzas policiales corruptas del país.

También estamos preocupados por la creación de un nuevo "súper ministerio" el año pasado, llamado el Ministerio de Seguridad. Este ministerio unificó instituciones civiles y militares de seguridad bajo la dirección de Julián Pacheco Tinoco, un general activo en el momento de su nombramiento, que no renunció a su cargo hasta enero de 2015, después de que varios actores locales e internacionales, incluidos defensores de derechos humanos, cuestionaran el nombramiento. Antes de desempeñar este cargo, el Sr. Pacheco estuvo a cargo de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (FUSINA), un cuerpo especial interinstitucional –que combina a la policía, a personal militar, agencias de inteligencia y fiscales– creado por el presidente Hernández. Actualmente, el ministerio controla la policía, la Dirección General de Migración, la Marina Mercante y la Agencia de Aeronáutica Civil, entre otras instituciones gubernamentales claves.

Estamos preocupados por los informes de los medios de comunicación hondureños según los cuales, a mediados de mayo de este año, un equipo de 300 militares estadounidenses y personal civil, incluyendo a los Marines y el FBI, llevaron a cabo un entrenamiento de "respuesta rápida" con 500 agentes de FUSINA, utilizando helicópteros y aviones de Estados Unidos, a pesar de las denuncias en conexión  a la repetida participación de esta institución hondureña en violaciones de los derechos humanos.

El 2 de febrero de 2015, el gobierno estadounidense presentó la solicitud de presupuesto para el año fiscal 2016. Esta solicitud incluyó un fondo de mil millones de dólares para Centroamérica, en su mayor parte dirigido a los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador para asistirles en el abordaje de los principales problemas que impulsan la migración desde la región hacia Estados Unidos. Entendemos la importancia de atacar las causas fundamentales de la migración hacia los Estados Unidos, pero queremos asegurarnos que los dólares de los contribuyentes estadounidenses no se utilicen para la vigilancia policial de tipo militar, actividad que podría, de hecho, ser una de los motivos de esta migración, ya que agrava la violencia en el país.

Apoyamos firmemente la revisión de la cooperación en seguridad de Estados Unidos con el gobierno de Honduras, exigida por la Ley de Asignaciones a Operaciones en el Estado y en el Extranjero para el año fiscal 2015 y por las limitaciones a la ayuda contempladas en la Ley Leahy, y nos preocupa cómo el Departamento de Estado va a aplicar estos estatutos.

El Congreso ha mostrado su continuo apoyo a una revisión de la cooperación en seguridad de Estados Unidos con el gobierno de Honduras, solicitando la inclusión de condiciones en la Ley de Asignaciones para Operaciones en el Estado y en el Extranjero del año fiscal 2016. Por otra parte, de conformidad con los requisitos legales, instamos a la suspensión y re-evaluación de próximos entrenamientos y asistencia a la policía hondureña y a unidades militares, hasta que el gobierno de Honduras aborde adecuadamente las violaciones de los derechos humanos.

Le pedimos que proporcione a nuestras oficinas una descripción detallada de cómo el Departamento de Estado está implementando estos estatutos, incluyendo qué parámetros está utilizando para evaluar si el gobierno de Honduras está ocupándose adecuadamente de las violaciones de derechos humanos.

Además, le pedimos al Departamento de Estado que continúe con los esfuerzos para instar al gobierno de Honduras a implementar medidas serias y concretas para abordar los abusos militares y policiales, y para detener la continua participación de los militares en las tareas policiales de cumplimiento de la ley.

Finalmente, solicitamos un informe detallado sobre el uso de los fondos asignados a la asistencia en seguridad de Estados Unidos a Honduras en la Ley de Asignaciones para Operaciones en el Estado y en el Extranjero del año fiscal 2015 y en la futura legislación de asignaciones para 2016.

Le agradecemos de antemano su rápida atención a este importante asunto. Esperamos noticias suyas.

Atentamente,

Henry C. “Hank” Johnson, Jr.                                                            

Janice D. Schakowsky

James P. McGovern                                                                

John Conyers, Jr.

Sam Farr                                                                                 

Luis V. Gutiérrez                                                        

Raúl M. Grijalva

John Lewis                                                                             

Marcy Kaptur                                                                                     

Mark Pocan              

Keith Ellison                                                                                       

Maxine Waters                                                          

Michael M. Honda                                                                          

Rosa DeLauro

Gwen Moore                                                                            

Barbara Lee

Karen Bass                                                                                

Zoe Lofgren                                               

Danny K. Davis                                                                            

Michelle Lujan Grisham                                                   

José E. Serrano

 

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