Un exmiembro de las Fuerzas Armadas de Honduras, fue la pieza "clave" para que la juez dictara cárcel con medidas sustitutivas contra estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), informaron defensores de derechos humanos.

Redacción Central / EL LIBERTADOR

Tegucigalpa. Uno de los fundamentos legales claves para que la jueza, Wendy Gallo, dictara auto de prisión, con medidas sustitutivas de cárcel, contra tres estudiantes universitarios, criminalizados por protestar, fue el testimonio del militar retirado, Roger Aguilar Flores, encargado de la seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), mediante un contrato civil de prestación de servicios profesionales, firmado con la rectora Julieta Castellanos.

Esta resolución fue impugnada ante la Corte Primera de Apelaciones de Francisco Morazán.

Los tres universitarios son Moisés David Cáceres, Sergio Ulloa y Cesario Padilla, de la Facultad de Ciencias Sociales y están acusados del delito de usurpación porque al participar en una protesta supuestamente se querían apropiar de la UNAH, según el argumento de las autoridades universitarias, del ex integrante de las Fuerzas Armadas y del ente acusador del Estado, el Ministerio Público (MP). Además, el militar también es testigo en el juicio contra el universitario Josué Armando Velásquez, criminalizado por participar en la misma protesta.

La funcionaria del Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa dictó el auto de prisión el 7 de agosto, lo cual indica que a su juicio hay indicio racional y plena prueba del delito.

Aguilar Flores fue el encargado de Relaciones Laborales, de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, orientado a la privatización de la seguridad, ha sido funcionario policial, según la documentación obtenida por C-Libre.

Además habría sido integrante de servicios de inteligencia y de la desaparecida Dirección Nacional de Investigación (DNI), de acuerdo con información del Movimiento Universitario.

Algunas organizaciones de Derechos Humanos han mencionado que habría sido integrante del escuadrón de la muerte 3-16, en la década de los 80, describió la presidenta de Pen Honduras, dijo Dina Meza y al juzgado vino a dar falso testimonio, indicó Meza.

Se pidió carta de libertad, “más bien pensamos que la jueza iba a decir que es ilegal que (el militar) ande haciendo levantamiento de perfiles de los estudiantes”, apuntó. La UNAH tiene 23 estudiantes criminalizados, agregó.

Meza denunció que Moisés Cáceres, que está como voluntarios de Pen Honduras, ha recibido hostigamiento dentro de la UNAH para evitar que haga su práctica profesional. La rectora de la UNAH, Julieta Castellanos, ha enviado notas a todos los departamentos diciendo “que la estamos denunciando ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”. “En efecto la denunciamos ante la CIDH porque está violentando el debido proceso y este es un nuevo dato que se enviará”.

Meza describió las condiciones de intolerancia en la Universidad donde se habla de desmilitarización y en la práctica eso no ocurre. Se habla de diálogo y al mismo tiempo hay acusaciones criminales contra los estudiantes, apuntó.

De su lado, Padilla señaló que el MP no presentó evidencia científica suficiente para demostrar la acusación.

“Se presentaron fotografías en las que no se logra comprobar la estancia en la toma”. “El señor Aguilar…hubo una serie de irregularidades en su testimonio porque él asegura que el día lunes a las 6:00 de la mañana, yo estaba en el portón de Odontología, sin embargo, puedo comprobar que yo estaba en otra parte de la capital”. La decisión judicial se vale en un 80 por ciento del testimonio del señor Aguilar, señaló.

Los fiscales salieron apresurados de audiencia y no dieron declaraciones. Las autoridades de la UNAH no asistieron a la audiencia. La defensa del caso la llevan Pen Honduras y C-Libre por tratarse de un caso de libertad de expresión.

Aguilar también es uno de los principales testigos de la acusación contra el universitario, Josué Armando Velásquez, acusado por usurpación por participar en la protesta estudiantil.

Velásquez acudió a audiencia inicial este 17 de agosto y ahora está a la espera de conocer si el testimonio militar fue contundente para que el juzgado dicte auto de prisión en su contra.

Las protestas estudiantiles tienen su origen en que se está privatizando la UNAH y se están reduciendo los espacios de participación estudiantil con el fin de evitar que los egresados tengan pensamiento crítico, según dicen los manifestantes.

La rectora de la UNAH, Julieta Castellanos, ha mencionado que no es cierto que se esté criminalizando la protesta estudiantil como aducen algunas organizaciones de derechos humanos.

 

“El derecho a manifestarse, por otra parte, se encuentra íntimamente vinculado a los derechos de expresión y participación política. Esencialmente, porque en una sociedad democrática el espacio público no sólo constituye un ámbito de circulación, sino también de participación”, según el análisis de Javier Mujica de los artículos 15 y 16 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en un libro que lleva el mismo nombre, publicado en Colombia en 2013. (Fuente: C-Libre). 

Comentarios  

0 #1 Muoi 29-11-2018 09:18
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