Hoy los tribunales de justicia de Honduras emitieron la condena contra los siete implicados en el asesinato de la ambientalista, mundialmente reconocida, Berta Cáceres. Cuatro pagarán una con 50 años de prisión y los otros tres fueron con 30 años.

Henry Hernández, Elvin Rápalo, Edilson Duarte y Óscar Torres, son los cuatro que pagaran 50 años por el asesinato de Berta y tentativa de homicidio contra el mexicano Gustavo Castro. En tanto el militar Mariano Díaz, el exgerente de DESA, Sergio Rodríguez y Douglas Bustillo, pagarán con 30 años de cárcel.  

 

Redacción Central / EL LIBERTADOR

 

Tegucigalpa. Este lunes, un tribunal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), emitió la condena contra los siete implicados en el crimen contra la mundialmente reconocida ambientalista, Berta Cáceres. En ese contexto, cuatro de los acusados recibieron una sentencia de 50 años de prisión, mientras que el resto serán encarcelados por 30 años.

 

De ese modo, Henry Hernández, Elvin Rápalo, Edilson Duarte y Óscar Torres, fueron condenados por dos delitos: en el primero recibieron 34 años por asesinar a la defensora del ambiente, y en segunda instancia recibieron 16 años por tentativa de homicidio en perjuicio del activista mexicano Gustavo Castro.

 

Por otro lado, el mayor del Ejército, Mariano Díaz; el exgerente de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), Sergio Rodríguez; y, el exjefe de seguridad de esa compañía, Douglas Bustillo, cumplirán con una condena de 30 años.  

 

El Poder Judicial ha dado un plazo de 20 días para que la defensa presente el recurso de casación. A pesar de la resolución, cabe mencionar que la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida, pidió a la Corte un fallo de cárcel de por vida.

 

La familia de Berta y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), continúan su lucha para que el caso no quede en impunidad, pues han mencionado que aún falta acción penal contra los autores intelectuales, pues aseguran que la familia Atala Zablah también tiene responsabilidad en el crimen.  

 

A la fecha suman nueve personas detenidas por este caso, el último capturado fue Roberto David Castillo Mejía, acusado a título de Autor Intelectual del delito de Asesinato en perjuicio de Cáceres y quien en el momento del crimen fungía como presidente ejecutivo de DESA, encargada de la ejecución del proyecto “Agua Zarca”, cuya presunta responsabilidad se determinó mediante labores de inteligencia y pruebas técnicas científicas.

 

Por este mismo caso, la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) bajo la coordinación de la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de Funcionarios y Servidores del Sector Justicia (FEEFS-SJ), procesó al investigador Juan Carlos Cruz y al expolicía Miguel Arcángel Rosales Izcano, luego que presentaran pruebas falsas para tratar de desviar el caso en las primeras pesquisas.

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