La plataforma por la Salud y Educación, ha impuesto nueve requisitos al Gobierno de Honduras para dialogar, entre estos puntos piden: una mesa de diálogo con todas las organizaciones de la plataforma, al tiempo que sea televisado y que termine el hostigamiento, criminalización y represión policiaco militar.

 

A criterio de esta plataforma social, la lucha no está ganada con la derogación, y según lo comunicó ayer la presidente del Colegio Médico, Suyapa Figueroa, de momento no hay requisitos para sentarse con el régimen.

 

 

Redacción Central / EL LIBERTADOR

 

Tegucigalpa. La Plataforma por la Salud y Educación de Honduras, ha impuesto nueve condiciones para acceder a un diálogo con el Gobierno, ya que a pesar de la derogación de los decretos que según este organismo social, privatizan la Salud y Educación del pueblo, aún no existen garantías para resolver el conflicto en negociaciones.

 

El Gobierno ha insistido en que la derogación es suficiente para que haya diálogo; sin embargo, la plataforma social advierte que se está lejos de una negociación. En ese contexto, ayer la presidente del Colegio Médico de Honduras (CMH), Suyapa Figueroa, manifestó que antes de sentarse en mesas, el régimen tendrá que cumplir con las exigencias de médicos y magisterio.

 

De los puntos principales que exige la plataforma, destaca el retiro inmediato de las tropas militares y policiales en las comunidades de Paujiles y Guapinol, que llevan años en un contexto de represión y han apoyado las tomas de carreteras en la lucha por la defensa de la Salud y Educación.

 

Además, ayer Figueroa dijo que no aceptará un diálogo “a escondidas” ni por separado, anunciando que la negociación debe ser televisada y en una sola mesa donde incluya a todos los miembros de la Plataforma. Lo anterior por los intentos fallidos del pasado para resolver crisis en coloquios.

 

También, han pedido que para acceder a una mesa de negociación, no debe haber ningún tipo de represalias contra dirigentes de la plataforma, luego que ayer denunciaran que el Gobierno ha infiltrado “grupos criminales” en las movilizaciones para desatar la violencia y arrestar a manifestantes.

 

Reiteran que el diálogo es para construir un plan integral, por lo que deben estar presentes todas las organizaciones de la plataforma. Además, exigen una resolución objetiva y apegada al derecho a favor de Ronmel Herrera Portillo, acusado de provocar incendio en la entrada de la embajada de Estados Unidos y tratado por el Gobierno como criminal de alto riesgo, al trasladarlo a una de las cárceles de máxima seguridad.

 

Otro punto, exige la “investigación imparcial para determinar la autoría de muertes, lesiones y daños contra la integridad de las personas en los procesos de represión por parte de los organismos de seguridad del Estado”.

 

En tanto, solicitan que se nombre un mediador internacional, independiente e imparcial para resolver el conflicto. También reclaman a la Junta de Transformación de Salud y Educación, rendir un informe desde el nombramiento hasta la fecha de derogación de los PCM.

 

Por último, la Plataforma solicita el reintegro inmediato de sus compañeros sancionados. La derogación de los decretos, fue una lucha incesante de la población que durante un mes mantuvo encendidas y masivas movilizaciones, caracterizadas por la violencia emprendida desde las fuerzas policiales y militares.

 

De acuerdo con la politóloga, Divina Alvarenga, la lucha de estos sectores se volvió colectiva y ha reforzado el descontento popular: “Este movimiento es de lucha reivindicativa del pueblo por la restauración de la democracia en el país”.

 

Cabe destacar, que aunque la lucha social empezó por la Salud y Educación, poco a poco el pueblo se fue sumando hasta recordar el movimiento de Insurrección de enero de 2018, cuando unió su voz para gritar “Fuera JOH”, tras desconocerlo como gobernante del país, por la que se ha considerado ilegítima e ilegal reelección presidencial, según la Constitución de la República.

 

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