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Luego que la congresista estadounidense, Norma Torres, reclamara a “Mike” Pompeo, el retraso para entregar la lista de corruptos del Triángulo Norte, el Departamento de Estado emitió a la carrera un listado que ha burlado el valor de “Ley Global Magnitsky sobre Responsabilidad de Derechos Humanos” y a la enorme expectativa en la lucha contra la corrupción que había creado en Honduras.

 

 

 

Redacción Central / EL LIBERTADOR

 

Tegucigalpa. La congresista miembro de la Cámara de Representantes, Norma Torres, quedó confusa cuando miró la lista de corruptos de Honduras, que tardó casi 250 días en identificar el secretario de Estado, Michael Richard "Mike" Pompeo, el mismo que en el Congreso tiene fama de presentar proyectos de ley favorables a los hermanos Koch, que financiaron sus campañas electorales.

 

Hacia el sur, a la vez, rompieron en carcajadas criminales e íntegros en la sociedad hondureña. “Estos nombres los hubiera hallado en Google”, criticó la funcionaria estadounidense que ha venido impulsando hacia el Triángulo Norte la “Global Magnitsky”.

 

La Ley Global Magnitsky sobre Responsabilidad de Derechos Humanos: (Human Rights Accountability Act o Ley Magnistky Act), es una legislación aprobada en Estados Unidos que persigue a extranjeros acusados de corrupción y violaciones a los derechos humanos.

 

Entró en vigencia en 2012, e inicialmente fue dirigida a funcionarios rusos y otras personas implicadas en el crimen del abogado ruso Sergei Magnitsky, en noviembre de 2009. Desde abril 2016, es Ley en los Estados Unidos y se aplica globalmente, "autoriza a los gobiernos a sancionar a los infractores de los derechos humanos, congelar sus activos extranjeros y prohibirles ingresar al país firmante".

 

Aquí una traducción libre hecha por EL LIBERTADOR del documento que mandó el exdirector de la CIA, Pompeo, a la congresista Torres.

 

“Desclasificada”. Informe al Congreso sobre el tráfico de narcóticos, la corrupción y la financiación de campañas ilícitas en Honduras, Guatemala y El Salvador

 

De acuerdo con la sección 1287 de la ley de autorización de Defensa Nacional John S. McCain para el año fiscal 2019 (PL 115-232), este informe, preparado por el Departamento de Estado en coordinación con el Departamento de Defensa y en consulta con el Departamento de Justicia, está siendo sometido a la comisión de defensa del Congreso, la Cámara de Asuntos Exteriores y el Comité de Relaciones Exteriores del Senado.

 

De acuerdo con los requisitos de la sección 1287, este informe identifica a las siguientes personas en Honduras, Guatemala y El Salvador: (1) altos funcionarios del gobierno que se sabe han cometido o facilitado actos de corrupción o que han participado en prácticas corruptas o narcotráfico; y (2) los funcionarios electos que se sabe han recibido fondos de campaña que son producto del narcotráfico u otras actividades ilícitas en los últimos dos años.

 

La corrupción en el Triángulo del Norte es endémica y sistémica. La corrupción socava el crecimiento económico y el desarrollo, debilita el Estado de Derecho y facilita el crimen transnacional, impulsando la migración ilegal a los Estados Unidos. Este informe no pretende identificar la profundidad y amplitud de los actores corruptos en Honduras, Guatemala y El Salvador que aún no han sido condenados por sus crímenes, y que socavan la seguridad, la prosperidad y la gobernabilidad en el Triángulo Norte.

 

Más bien, este informe identifica a las personas que se conocen, basadas en condenas o designaciones bajo los regímenes de sanciones del gobierno de los EE.UU. Aplicables, a haber cometido actos relevantes facilitados según lo identificado en la sección 1287. Sobre la base de esta norma, no hemos identificado a ninguna persona que se sepa Facilitó el financiamiento de campañas políticas en cualquiera de los países del Triángulo Norte con el producto del narcotráfico u otras actividades ilícitas en los últimos dos años.

 

HONDURAS:

 

Mario Zelaya, el ex director de IHSS, el ex viceministro de salud Javier Pastor y el ex viceministro de Trabajo Carlos Montes, fueron sentenciados en abril de 2017 por lavado de dinero de más de 12 millones de dólares del Instituto Hondureño de Seguridad Social IHSS.

 

José Valery, Boris Espinal Ponce y Nelson Abdalah Ghawi, dos ex congresistas, y Darío Alberto Mejía Valdivieso, ex director de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, fueron sentenciados en 2016 por abuso de autoridad.

 

Teodoro Bonilla, ex vicepresidente del ahora fallido Consejo Judicial, fue condenado en septiembre de 2017 a seis años de prisión por tráfico de influencias y abuso de autoridad.

 

Marcelo Antonio Chimirri Castro, ex presidente de Hondutel, la compañía nacional de telecomunicaciones, fue condenado en agosto de 2017 a nueve años de prisión por cargos de enriquecimiento ilícito después de no poder rendir cuentas y 680,000 dólares.

 

Yani Rosenthal, ex ministro de la presidencia, político de carrera y prominente empresario, fue condenado en diciembre de 2017 a tres años de prisión por lavado de fondos de drogas para la organización de narcotraficantes Cachiros. Rosenthal es un narcotraficante especialmente designado bajo la Ley Kingpin.

 

Yankel Rosenthal, ex ministro de inversiones del actual presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue sentenciado en agosto de 2017 en la corte de los EE.UU. A 29 meses por intento de lavado de dinero y es un traficante de narcóticos especialmente designado bajo la Ley Kingpin.

 

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