EL LIBERTADOR logo

En las últimas horas ha trascendido que Coalianza estaría llegando a sus últimos días, luego de la fuerte presión de la Sociedad Civil que ha cuestionado la deuda que deja el Corredor Turístico, aun sin terminar, más la insistencia del COHEP en tener otra institución más beligerante, y la constante presión popular antiprivatización.

Además, de boca del titular de Coalianza, Miguel Ángel Gámez, se ha descubierto el total abandono de la Secretaría de Finanzas y de Casa Presidencial, comandada por Juan Hernández, no han enviado más proyectos a la institución y apenas emiten fondos para el pago de planillas.

 

  

Redacción Central / EL LIBERTADOR

 

Tegucigalpa. La Comisión para la Promoción de las Alianzas Público Privadas (Coalianza), tendría los días contados, según el titular de esa institución, Miguel Ángel Gámez.

 

Todo parece indicar que las fuertes críticas de los sectores donde están representados los “poderosos” de Honduras, han llevado al gobernante Juan Hernández a plantear la liquidación de esta comisión.

 

Cerrando 2018, Coalianza había pedido unos 40 millones de lempiras a la Secretaría de Finanzas, para pagar los salarios de los 62 empleados de la institución, además, trascendió que la sede de San Pedro Sula, cerró porque no podían pagar alquiler y en Tegucigalpa, no se paga desde septiembre.

 

Finanzas, solo otorgó 14 millones, llevando a sus directivos a rogar para poder pagar las prestaciones de sus empleados. A esto se suma que hoy, la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), se apersonó a sus oficinas para secuestrar documentos.

 

Según Gámez, esto responde a “intereses” de grupos que no quieren ver que Coalianza siga funcionando. En ese contexto, hay tres sectores que han manifestado su descontento con la institución.

 

El primero, ha sido el pueblo, quien se ha indignado porque en las carreteras más importantes del país, construidas con fondos del Presupuesto General de la República, y de la última vez que Honduras accedió a la cuenta del Milenio.

 

A estos se ha sumado la Sociedad Civil, más precisamente la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), cuyos representantes trabajan en pro de la transparencia y han cuestionado que los hondureños deberán pagar más de tres mil millones de lempiras por el fracaso del Corredor Turístico.

 

Proyecto que según Gámez, no fracasó, sino que “simple y sencillamente por la estructuración fracasó porque no hay fuente de repago”, contradiciéndose. Además, culpó a la población que hizo valer su derecho constitucional a la libre locomoción, llamándoles de forma despectiva “ñangaras”.

 

“Los revoltosos, estos ñangaras, quemaron las casetas de peaje y al quemarlas y no haber fuentes de repago, ningún contratista le va a hacer de regalo una obra”, dijo Gámez, quien omitió mencionar que en 2017, la Concesionaria Vial (Covi), que administra las casetas de peaje, se embolsó 600 millones de lempiras.

 

Cerrando 2018, el Gobierno precisó que se haría cargo de terminar el Corredor Turístico, carretera que cruza por Tela, La Ceiba y Trujillo entre los departamentos de Atlántida y Colón, zona norte de Honduras. Para luego, concesionarla e instalar más peajes.

 

El otro sector que pide el cierre de Coalianza, es el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), que puntualmente pide crear otra institución con mayor beligerancia, porque la institución tiene muchas irregularidades, además de “tratos especiales” y al final repercute en la producción nacional.  

Escribir un comentario


Código de seguridad
Refescar