Las cortes judiciales y Fiscalía de New York tienen decenas de miles de páginas que prueban la amistad del crimen financiando campañas de los célebres políticos hondureños,  pero en Honduras la “Unidad de Política Limpia” es, por mandato de origen, propiedad partidaria y memorizado discurso de activistas bien pagados. Entes sin utilidad social, creadas para “incidencia” o apariencia.

Los repetición de delitos y abusos cometidos como medio de campaña electoral no han sido castigados por ninguna institución, nadie puede poner alto al uso  electoral de la vacuna para pedir votos, al abuso de las redes sociales de casa de Gobierno para propaganda del candidato oficial, hasta videos que incitan al odio, si eso es poco, los candidatos a cargos de elección encabezan actos de violencia públicos como actuales funcionarios y andan con toda impunidad. ¡Quieren más pruebas?

EL LIBERTADOR buscó hablar con el comisionado suplente del Consejo Nacional Electoral (CNE), German Lobo, pero éste no dio respuesta, mientras que al conversar con el comisionado de la Unidad de Política Limpia, Javier Franco, la conclusión fue que “no han recibido denuncias” y esperan “pruebas”.

 

Redacción Central / EL LIBERTADOR

 

Tegucigalpa. Desde mucho antes que entrara en vigencia el inicio de campañas electorales el lunes 30 de agosto, ya había varios políticos anunciándose, con sus rostros en autobuses, incluso, con sus nombres en las campañas del “Vacunatón”, haciendo uso partidario de la vacuna y de paso de la pandemia y de la muerte del pueblo hondureño.

 

A inicio de agosto, EL LIBERTADOR publicó fotografías del uso de la vacuna anti Covid-19 como estrategia de campaña de funcionarios del gobernante Partido Nacional, buses con activistas nacionalistas identificados con el rostro del candidato presidencial, Nasry Asfura y del aspirante por tercera vez a diputado “Blas” Ramos, cuando entraban sin hacer fila al centro de vacunación de Parada Marte, con ayuda de personal identificado con el logo del Comité Permanente de Contingencias (Copeco) y enfermeras destacando en su vestimenta el logo del Gobierno “Marca País”.

 

En otra ocasión abiertamente ambos diputados hicieron lo mismo para llamar a la población a vacunarse en la zona sur, colocaron sus nombres en una imagen que anunciaba la jornada de inoculación.

 

Por su parte, el candidato a diputado y multiusos del Gobierno Hernández, Ebal Díaz, ha publicado en reiteradas ocasiones videos donde señala al presidenciable del Partido Salvador de Honduras, Salvador Nasralla, como “ateo”, “amigo de las maras y del crimen organizado”, además de señalar que pretende “incendiar el país”, mensajes que incitan al odio, lo cual se hace evidente en los comentarios publicados por los internautas.

 

Así mismo, a finales de julio, Ebal se presentó en jornadas de vacunación de los municipios de Cedros y Talanga para realizar campaña política. De igual forma, ha entregado bonos en nombre de la caficultura y la ganadería con la marca oficialista “Vida Mejor”.

 

Otro evento que ha quedado en el aire sin amonestación y sin llamado de atención, han sido las acciones dirigidas por el presidente del Partido Nacional y candidato a alcalde, David Chávez y candidato a diputado “Toño” Rivera, que dirigieron una turba vandálica contra gente que hasta dejaron ensangrentada por los golpes, durante el sorteo de papeletas del 22 de agosto en el Consejo Nacional Electoral (CNE). Por ese vandalismo están demandados en el Ministerio Público Antonio “Toño” Rivera, David Chávez y Fernando Anduray.

 

Todas esas y otras arbitrariedades suscitan una obligada reacción de las autoridades vinculadas a esos temas. Con ese propósito, EL LIBERTADOR intentó comunicarse con el consejero suplente del CNE, German Lobo, quien leyó nuestros mensajes, pero no respondió. A principio de agosto este mismo funcionario, había comentado a este rotativo que a la fecha la “Ley de Política Limpia” no sanciona a candidatos que desarrollen este tipo de “estrategias” que alientan crisis ni por el abuso de las vacunas donadas, usadas de forma maliciosa para aventajarse sobre sus competidores.

 

Por otro lado, el comisionado de la Unidad de Política Limpia, Javier Franco, en breves mensajes con EL LIBERTADOR comentó que daría su “opinión sobre la posible politización de la vacuna”, por lo que citó el  Artículo 166 de la Ley Electoral de Honduras:

“Se prohíbe la utilización de los recursos del Estado fuera del financiamiento que el mismo otorga y esto es regulado por la UFTF. En el caso de los aspirantes políticos que estén realizando algún acto de propaganda para obtener simpatías electorales valiéndose de los procesos de vacunación que ha iniciado el Gobierno, corresponde al CNE verificar el cumplimiento y respeto del período de campaña dentro de los tiempos legalmente establecidos”.

 

Por lo anterior, mencionó que la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF) en vista de sus principios rectores, está obligada y presta a denunciar cualquier acto de propaganda prematura y uso indebido de recursos del Estado.

 

Sin embargo, Franco dijo que la UFTF “hasta este momento no ha recibido denuncias relacionadas a estos temas, por lo que, en caso de que la ciudadanía cuente con pruebas de tales acciones ilícitas, se le exhorta a denunciar esos hechos repudiables y condenables de aprovechamiento de la situación vulnerable que representa la pandemia por Covid-19”.

 

El comisionado también agregó que “si hay evidencia de uso indebido de fondos, la unidad remite los casos a las instituciones de competencia como el TSC (Tribunal Superior de cuentas) y el Ministerio Público”, sobre los otros temas y consultas no se refirió.

 

Cabe mencionar que según anunció el CNE, a 90 días antes de las elecciones generales, se prohíbe utilizar en campañas políticas: Símbolos nacionales de héroes, aspecto religioso, colocar propaganda sobre las propiedades estatales o instituciones públicas, así como en vehículos o hacer uso de niños o de la figura femenina para efectos de campaña, generar propaganda anónima, inauguración de obras públicas ajenas al tema de salud o de desastres naturales, y hacer uso de los medios de comunicación del Estado.

 

La multa por ignorar las nomas sería de “hasta 50 salarios mínimos, cuando ya hablamos de propaganda anónima de hasta 100 salarios mínimos”. Además, Lobo señaló que la ley establece no puede dirigirse propaganda para socavar la imagen de los demás o de algún ciudadano en particular, tampoco utilizar palabras soeces,  insultos o incitar al odio.

 

Si eso es poca evidencia, las cortes judiciales y Fiscalía de New York tienen decenas de miles de páginas que prueban la amistad del crimen financiando campañas de los célebres políticos hondureños,  pero en Honduras la “Unidad de Política Limpia” es, por mandato de origen, propiedad partidaria y memorizado discurso de activistas bien pagados. Entes sin utilidad social, creadas para “incidencia” o apariencia.

 

Los repetición de delitos y abusos cometidos como medio de campaña electoral no han sido castigados por ninguna institución, nadie puede poner alto al uso  electoral de la vacuna para pedir votos, al abuso de las redes sociales de casa de Gobierno para propaganda del candidato oficial, hasta videos que incitan al odio, si eso es poco, los candidatos a cargos de elección encabezan actos de violencia públicos como actuales funcionarios y andan con toda impunidad. ¡Quieren más pruebas?

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