La MACCIH en compañía del Ministerio Público, presentó hoy ante la Corte Hondureña un requerimiento contra funcionarios y exfuncionarios del Congreso Nacional, al descubrir el desfalco de 21,1 millones de lempiras del Parlamento, Casa Presidencial y Secretaría de Finanzas. 

De acuerdo a la investigación, los fondos serían usados a través de la Asociación Planeta Verde, pero estos habrían ido a parar a las cuentas personales de los parlamentarios participes, en el denominado caso “Arca Abierta”.

 

 

Redacción Central / EL LIBERTADOR

 

Tegucigalpa. La Unidad Fiscal Especial contra la Corrupción y la Impunidad (UFECIC), en colaboración con la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), presentaron hoy un nuevo golpe contra funcionarios legislativos.

 

Ambos organismos, llevaron ante Corte Suprema de Justicia (CSJ), un requerimiento fiscal contra cinco diputados actuales y seis personas que fungieron también en el parlamento hondureño, por el presunto delito de malversación de caudales públicos en perjuicio de la administración del Estado.   

 

Con este caso, denominado “Arca Abierta”, la Unidad fiscal anticorrupción presenta pruebas para demostrar que los acusados malversaron fondos del Estado hondureño al depositar 21,1 millones de lempiras (algo más de 879.000 dólares) en una cuenta bancaria a nombre de la Asociación Planeta Verde. El dinero procedía de Casa Presidencial (2 millones), del Congreso (3 millones) y de la Secretaria de Finanzas (16,1 millones).

 

Las pruebas presentadas muestran que los fondos se trasladaron a las cuentas personales de diputados propietarios y suplentes, al igual que a sus familiares y terceras personas. En ese contexto, el vocero de la MACCIH, Luiz Guimarães, aseguró que “este caso evidencia una vez más, como ya afirmaron entre otros el Tribunal Superior de Cuentas, que los mecanismos de rendición de cuentas respecto al gasto de los fondos públicos son ineficientes y que existe debilidad y poca confiabilidad en las Unidades de Auditoría Interna del sector público”.

 

El funcionario internacional, agregó que “es indispensable fortalecer el sistema ya existente, con los estándares internacionales de rendición de cuentas, que permita un seguimiento y vigilancia sobre el desempeño de la administración pública”.

 

El caso “Arca abierta” es el octavo caso de investigación penal integrada que presenta el equipo formado por UFECIC y MACCIH. Los anteriores fueron Red de Diputados, Caja Chica de la Dama, Pacto de Impunidad, Pandora, Aseguramiento de Bienes, Caja chica del Hermano y Licitación Fraudulenta del Seguro Social, presentado la semana pasada.

 

En este caso, el requerimiento fiscal por el supuesto de malversación de caudales públicos a los diputados en ejercicio: Juan Carlos Valenzuela, Gladis Aurora López, Gustavo Pérez, Welsy Vásquez y Milton Puerto Oseguera.

 

Y entre los exdiputados acusados, están: Carlos Bonilla Aguiriano, Audelia Rodríguez, Edwin Roberto Pavón, Hernán Vindel, Fabricio Puerto Oseguera y Oscar Álvarez Guerrero. Como participe extreneus: Gregorio Alberto González.

 

Además, como cómplices del delito de malversación: Estela Muñoz Hernández, Arnold Castro Hernández, Ana Castro López, 16) Yajaira Talbbott Villatoro, José Flores zuniga, Indira Virginia Osorio, Iveth Salomé Navas, Geovanny Castellanos y Allan San Martin Vallejo. En total, 21 personas.

 

De acuerdo con el comunicado oficial de la MACCIH, en 2015 varios diputados propietarios y suplentes al Congreso Nacional entre ellos los imputados: Juan Carlos Valenzuela Molina, Gladis Aurora López Calderón, Gustavo Alberto Pérez Cruz, Welsy Milena Vásquez López Y Milton Jesús Puerto Oseguera, Carlos Humberto Bonilla Aguiriano, Audelia Rodríguez Rodriguez, Edwin Roberto Pavón León, Hernán Enrique Vindel Mourra, Fabricio Puerto Oseguera Y Oscar Arturo Alvarez Guerrero, solicitaron al presidente que instruyera a la Secretaría de Finanzas, para que mediante el Programa de Asistencia Social del Gobierno, se asignaran diversos fondos para el financiamiento de proyectos de interés social.

 

Dichos fondos, serían ejecutados en diferentes departamentos del país entre ellos: Atlántida, Choluteca, Cortés, Francisco Morazán, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Santa Bárbara, Valle y Yoro, a través de la Organización No Gubernamental Asociación Planeta Verde (APV).

 

Los fondos, provenientes de la Casa Presidencial, el Congreso Nacional y de la Secretaría de Finanzas, una vez ingresados a la cuenta de la Asociación Planeta Verde, fueron depositados directamente en las cuentas personales de los diputados que hicieron la solicitud, al igual que a sus familiares y terceras personas, en la forma que a continuación se detalla de forma íntegra:

 

Al solicitar dichos fondos los diputados ahora imputados se convirtieron en garantes de los mismos y por lo tanto, su compromiso no se limitaba simplemente en solicitar y lograr la salida del capital, sino además procurar y verificar que el dinero estatal cumpliera con la finalidad para la cual ha sido solicitada, que no tuviera un destino distinto y menos que terminara acrecentando su patrimonio y el de sus familiares cercanos.

 

La elección de la ONG ASOCIACIÓN PLANETA VERDE por parte de los diputados, no fue hecha al azar, sino que responde a un plan preconcebido que permitiría a estos fácilmente la apropiación del dinero público, ya que dicha ONG era una organización de fachada y muchos de los proyectos no formaban parte de los objetivos para los cuales había sido creada la misma.

 

Esta afirmación es tan evidente, en razón que el ingreso de los más de veintiún millones de lempiras que llegó de los fondos del Estado al patrimonio de la ONG ASOCIACIÓN PLANETA VERDE, en un periodo que no supera los tres meses -28 de agosto a 9 de noviembre de 2015-  salió en igual término de su dominio -2 de septiembre a 10 de noviembre de 2015-, siendo trasladado a las cuentas particulares de los diputados, sus familiares y personas particulares, cuando dicho capital estaba destinado para reducir la pobreza del pueblo de Honduras.

 

Todo lo anterior, demuestra un saqueo de fondos del Estado que estaban destinados para disminuir la pobreza, por parte de un grupo de diputados y ex diputados, lo que los hace responsables del delito por el cual se ha presentado requerimiento el día de hoy.

 

Como se mencionó anteriormente, el presente caso evidencia que los mecanismos de rendición de cuentas respecto al gasto de los fondos públicos, son ineficientes. A ello se suma que el Tribunal Superior de Cuentas en el Informe Ejecutivo de Rendición de Cuentas del Sector Publico del 2017 del 31 de julio de 2018, halló debilidad y poca confiabilidad en las Unidades de Auditoría Interna del sector público. Por ello es indispensable fortalecer el sistema ya existente, con los estándares internacionales de rendición de cuentas, que permita un seguimiento y vigilancia sobre el desempeño de la administración pública.

 

 

Escribir un comentario


Código de seguridad
Refescar