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Ambos congresistas del Partido Nacional, en gobierno, han sido denunciados de haber cometido los delitos de abuso de autoridad, falsificación de documentos públicos y delitos contra la forma de gobierno, enmarcados en el caso que la MACCIH-OEA, ha llamado “Pacto de Impunidad”.

 

La Fiscalía busca demostrar que “Toño” Rivera que fungía como presidente, y Sara Medina como secretaria del Congreso Nacional, aprobaron de forma ilegal un decreto distinto al que fue discutido en el pleno de diputados sobre la Ley de Presupuesto, cuya acción favorecía a diputados procesados por el caso “Red de Diputados”.

 

 

 

Redacción Central / EL LIBERTADOR

 

Tegucigalpa. El 12 de diciembre próximo, los diputados del Partido Nacional, Antonio “Toño” Rivera y Sara Ismela Medina, tendrán que presentarse a la audiencia de declaración de imputados en condición de sospechosos de haber cometido delitos, ahí el juez que los cita los informará de qué se los acusa, se les harán preguntas relacionadas con el caso y se le dará la oportunidad de defenderse o brindar pruebas.

 

“Toño” y Sara, son identificados en Honduras como incondicionales soportes del gobernante Juan Hernández, en toda la carrera política, durante sus campañas y hasta llegar a la presidencia del país, estos dos diputados han sido destacados por la defensa furibunda de Hernández como parte del íntimo círculo de poder; son muy conocidos por su soberbia, escándalos y posturas en el Congreso Nacional, donde han integrado la Junta Directiva.

 

Los imputados requeridos por un Juez de Letras natural, son acusados por la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC) de los delitos de falsificación de documentos públicos en perjuicio de la fe pública y delitos contra la forma de gobierno en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras.

 

Por este mismo caso, también fueron denunciados en mayo anterior los diputados nacionalistas Tomás Zambrano y Román Villeda Aguilar. Zambrano fue declarado inocente por el tribunal en medio de la crítica social que la justicia hondureña “sólo muerde a los descalzos”.

 

Ahora el Ministerio Público, con “Toño” Rivera que en esa ocasión fungía como presidente y Sara Medina como secretaria del Congreso Nacional, busca demostrar que ambos aprobaron de manera ilegal un decreto distinto al que fue discutido por el pleno de diputados sobre la Ley de Presupuesto de la República. De esa manera, estos dos diputados nacionalistas habrían violentado  la voluntad del resto de bancadas que conforman el parlamento hondureño.

 

La finalidad de “Toño” y Sara sería darle vida a una ley que favorecería a diputados que cumplían procesos por el mal uso de fondos públicos, caso investigado como “Pacto de Impunidad” por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH-OEA) y que fue ampliamente explicado a la sociedad hondureña.

 

Los hallazgos de la MACCIH en el “Pacto de Impunidad”, explican que este delito inició el 11 de diciembre de 2017 cuando la UFECIC con el acompañamiento de la MACCIH-OEA, presentó requerimiento fiscal por el caso “Red de Diputados” contra los diputados en el Congreso Nacional, Augusto Domingo Cruz Asencio, Héctor Enrique Padilla Hernández, Audelia Rodríguez Rodríguez, Dennys Antonio Sánchez Fernández y Eleazar Alexander Juárez Saravia.

 

A todos también se les imputó el delito de Malversación de Caudales Públicos en el manejo de fondos sociales que los parlamentarios obtuvieron del Congreso a través del esquema denominado “Fondo Departamental”, que se supone se los entregan a los diputados para desarrollar obras sociales en sus departamentos y que la investigación arrojó que fueron destinados a las bolsas de los “padres de la patria”.       

 

 

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