La traducción de este texto fue elaborada por cortesía de la embajada de Estados Unidos en Honduras, aunque, únicamente debe considerarse fidedigna la fuente original en inglés, aquí, https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/former-honduran-congressman-and-brother-current-president-honduras-charged-conspiring. Sólo el título es autoría de EL LIBERTADOR, todo el contenido se publica de manera íntegra.

 

Fiscalía Federal de los Estados Unidos Distrito Sur de Nueva York: Exdiputado hondureño y hermano del actual presidente de Honduras acusado de conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y delitos de armas conexos con el uso y la posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, y de formular declaraciones falsas a funcionarios federales.

 

De ser condenado, HERNÁNDEZ podría recibir una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y máxima de prisión perpetua por el Primer Cargo; una pena mínima obligatoria de 30 años de prisión y máxima de prisión perpetua por el Segundo Cargo; una pena máxima de prisión perpetua por el Tercer Cargo; y una pena máxima de cinco años de prisión por el Cuarto Cargo.

 

 

 

EL LIBERTADOR

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Juan Antonio Hernández Alvarado, alias “Tony Hernández”, enfrenta además cargos por mentir a funcionarios federales. El fiscal federal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Geoffrey S. Berman, y el agente especial a cargo de la División de Operaciones Especiales de la Agencia Antinarcóticos de EE. UU. (U.S. Drug Enforcement Administration, DEA), Raymond Donovan, anunciaron hoy que el exdiputado hondureño Juan Antonio Hernández Alvarado, alias “Tony Hernández” (“HERNÁNDEZ”), fue acusado en un tribunal federal de Manhattan de conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, delitos de armas conexos vinculados con el uso y la posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, y de formular declaraciones falsas a funcionarios federales. HERNÁNDEZ es hermano del actual presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández.

 

El caso ha sido asignado al juez federal de distrito P. Kevin Castel. HERNÁNDEZ fue detenido el 23 de noviembre de 2018 en Miami, Florida, y comparecerá esta tarde en la justicia federal en Miami ante el juez Jonathan Goodman. El fiscal federal de Manhattan Geoffrey S. Berman señaló: “Conforme fue alegado, el exdiputado hondureño Tony Hernández estuvo implicado en todas las instancias del tráfico a través de Honduras de cargamentos de múltiples toneladas de cocaína que tenían como destino EE.UU. Hernández presuntamente coordinó el uso de ametralladoras para brindar seguridad a los envíos de cocaína, sobornó a funcionarios de aplicación de la ley para que le proporcionaran información sensible con el fin de proteger los cargamentos de drogas y exigió enormes sobornos a importantes narcotraficantes. Gracias al trabajo constante de la DEA, Hernández se encuentra ahora a disposición de las autoridades en territorio estadounidense y se enfrenta a la justicia de EE.UU.”.

 

El agente especial a cargo, Raymond Donovan, señaló: “El narcotráfico y la corrupción en el mundo amenazan el Estado de derecho, propician la violencia y la inestabilidad y perjudican a familias y comunidades inocentes. Hernández y sus colaboradores en el delito presuntamente conspiraron con algunas de las redes delictivas transnacionales más letales y peligrosas del mundo en México y Colombia para colmar las calles estadounidenses de drogas mortales.

 

La DEA tiene grandes expectativas de que Hernández enfrente a la justicia estadounidense y responda por los delitos que presuntamente ha cometido”. Conforme se alegó en la Acusación Formal que se hizo pública hoy en la justicia federal[1]: Al menos desde 2004 o cerca de esa fecha y hasta 2016 inclusive, o un período próximo a esa fecha, múltiples organizaciones de narcotráfico en Honduras y otros sitios trabajaron juntas y, con el apoyo de algunas conocidas figuras públicas y privadas, incluidos políticos y funcionarios de aplicación de la ley hondureños, para recibir cargamentos de varias toneladas de cocaína enviados a Honduras desde Colombia, entre otros sitios, por vía aérea y marítima, y para transportar las drogas en dirección oeste en Honduras hacia la frontera con Guatemala y, en última instancia, hacia Estados Unidos.

 

A fin de evitar la intromisión de las autoridades y para facilitar el paso seguro a través de Honduras de cargamentos de varios cientos de kilos de cocaína, los narcotraficantes pagaban sobornos a funcionarios públicos, incluidos ciertos miembros del Congreso Nacional de Honduras. HERNÁNDEZ es exmiembro del Congreso Nacional de Honduras, hermano del actual presidente de Honduras y un narcotraficante a gran escala que trabajó con otros narcotraficantes, entre otros sitios, en Colombia, Honduras y México, para importar cocaína a Estados Unidos.

 

Al menos desde 2004 o cerca de esa fecha y hasta 2016 inclusive, o un período próximo a esa fecha, HERNÁNDEZ estuvo implicado en el procesamiento, la recepción, el transporte y la distribución de cargamentos de varias toneladas de cocaína que llegaban a Honduras mediante aviones, lanchas rápidas y, al menos en una ocasión, un submarino. HERNÁNDEZ tuvo acceso a laboratorios de cocaína en Honduras y Colombia, en los cuales parte de la cocaína era marcada con el símbolo “TH”, a saber, “Tony Hernández”. HERNÁNDEZ también coordinó y, en ocasiones, participó en la provisión de seguridad fuertemente armada para cargamentos de cocaína transportados dentro de Honduras, incluidos miembros de la Policía Nacional hondureña y narcotraficantes con ametralladoras, entre otras armas.

 

Como parte de sus actividades de narcotráfico, HERNÁNDEZ y sus cómplices en el delito sobornaban a funcionarios de aplicación de la ley para obtener información sensible con el fin de proteger envíos de drogas y exigían enormes sobornos a importantes narcotraficantes para HERNÁNDEZ. En febrero de 2014 o aproximadamente en esa fecha, HERNÁNDEZ se reunió en Honduras con Devis Leonel Rivera Maradiaga, exjefe de una violenta organización de narcotráfico hondureña conocida como los Cachiros, en un encuentro coordinado, entre otros, por un exmiembro de la Policía Nacional de Honduras.

 

Durante grabaciones de audio y de video de parte de ese encuentro, HERNÁNDEZ aceptó ayudar a Rivera Maradiaga logrando que entidades del gobierno hondureño pagaran dinero adeudado a una o más de las sociedades pantalla creadas para blanquear capitales de los Cachiros, a cambio de pagos ilegales de Rivera Maradiaga. Rivera Maradiaga pagó a HERNÁNDEZ aproximadamente $ 50.000 durante el encuentro.

 

En la Acusación Formal se imputan a HERNÁNDEZ, de 40 años, cuatro cargos: (1) conspirar para importar cocaína a Estados Unidos, (2) usar y portar ametralladoras y artefactos destructivos durante la conspiración para importar cocaína, y poseer ametralladoras y artefactos destructivos con ese fin, (3) conspirar para usar y portar ametralladoras y artefactos destructivos durante la conspiración para importar cocaína, y para poseer ametralladoras y artefactos destructivos con ese fin, y (4) realizar declaraciones falsas a funcionarios federales.

 

De ser condenado, HERNÁNDEZ podría recibir una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y máxima de prisión perpetua por el Primer Cargo; una pena mínima obligatoria de 30 años de prisión y máxima de prisión perpetua por el Segundo Cargo; una pena máxima de prisión perpetua por el Tercer Cargo; y una pena máxima de cinco años de prisión por el Cuarto Cargo. Las potenciales penas mínimas obligatorias y máximas en este caso están estipuladas por el Congreso y se indican aquí únicamente con fines informativos, pues la eventual condena del acusado será determinada por el juez.

 

El Sr. Berman elogió los encomiables esfuerzos de la Unidad de Investigaciones Bilaterales de la División de Operaciones Especiales de la DEA, la Fuerza de Choque de Nueva York y la Oficina Nacional en Tegucigalpa, así como de la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia de EE.UU. Este caso está siendo manejado por la Unidad de Terrorismo y Narcóticos Internacionales. Los fiscales federales adjuntos Emil J. Bove III y Mathew J. Laroche están a cargo de la acusación.

 

Los cargos establecidos en la Acusación Formal constituyen solamente señalamientos, y se presume que el acusado es inocente hasta tanto se demuestre su culpabilidad.[1] Como lo denota la frase introductoria, la totalidad del texto de la Acusación Formal y la descripción de la Acusación Formal que se expone en el presente constituyen únicamente acusaciones, y todos los hechos mencionados deben tratarse como acusaciones.

Comentarios  

0 #1 Emilio González 29-11-2018 16:21
Y, por suerte, "...nadie está por encima de la ley...". Ante todo, el querido y aclamado "estadista y líder" goza de la más alta estima y la más absoluta credibilidad en la Honduras de aquí y de allá...menos mal que este estimado mega-hombre va a sacar de la postración a nuestro país por los próximos cincuenta años.
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