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El nuevo Código Penal, a pesar de sus avances e inclusión de tipologías para la aplicación de justicia, se ha endurecido con relación al tema de persecución de defensores de derechos humanos, analiza el doctor Alejandro Rodríguez.

Lo anterior, ha sido expuesto por el experto en el foro que realizó hoy la Coalición Contra la Impunidad, donde se ha dado el ejemplo de Berta Cáceres, como el principal caso de persecución política.

 

 

Redacción Central / EL LIBERTADOR

 

Tegucigalpa. Este martes, la Coalición Contra la Impunidad, ha realizado un foro para hablar sobre el nuevo Código Penal, donde se ha dejado entrever una contradicción del Estado de Honduras en materia de Derechos Humanos y aplicación de justicia.

 

El foro estuvo a cargo del doctor Alejandro Rodríguez, quien analizó aspectos generales del Código Procesal Penal de Honduras, el cual considera que ha tenido cambios razonables, pero, al mismo tiempo sigue siendo nocivo para el activismo social.

 

Hace hincapié en que el nuevo documento tiene dos vertientes, en una de ellas, se incorporan principios modernos del Derecho Penal, donde “aparece como materialización de una política criminal democrática”, explica que en ese contexto, se establece un nuevo sistema de penas y responsabilidad a personas jurídicas, actores, y a representantes legales que actúen de hecho.

 

Rodríguez refiere que lo anterior “va a permitir perseguir a los hombres de atrás a los que dominan muchas empresas que ahora están en impunidad”. Además, en esta parte se incorpora delitos contra trabajadores, propietarios y delitos ambientales.

 

A pesar de esas mejoras, condena que es de suma preocupación que la parte de criminalización de la protesta social, son vinculadas a ciertas figuras del terrorismo, que en los últimos dos años, ha servido al régimen del Partido Nacional, emprender brutales represiones contra todo el movimiento opositor.     

 

“Nos preocupa la criminalización de la protesta, algunas figuras de tipo penal como el terrorismo, el desorden público, la regulación del secuestro, pueden dar lugar a figuras ambiguas y vagas, si fuera en el principio de legalidad”. Alega que existe una persecución política contra aquellas personas que se están manifestando y sobre todo contra defensores de derechos humanos.

 

Menciona que incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han declarado que ciertos artículos del Código Penal de Honduras actual, “son contrarios a la comisión”.

 

Opina que esa parte debe ser restada y que significa una contradicción de un Gobierno que alega de trabajar en materia de protección de derechos indispensables. “El Estado lamentablemente mantiene figuras que criminalizan la protesta social”.

 

Amplia que la parte del delito de reuniones y manifestaciones civiles, que había sido quitado como actividad ilícita, ha reaparecido en el Código Penal, y que en el tema de la figura del Terrorismo, se ha manejado principalmente para criminalizar la protesta social.

 

Concluye que “si los jueces desarrollan una interpretación adecuada, podrían mantener la aplicación del Código dentro del marco legal, pero lamentablemente recae mucha presión para incidir en los defensores de los territorios si se manifiestan contra un proyecto extractivista, y el caso de Berta Cáceres es un ejemplo de esa persecución política de forma extrema que se está dando en Honduras”.

 

En enero de 2018, el Congreso Nacional aprobó el nuevo Código Penal, ya que aún faltaba ratificar artículos que se refieren a delitos contra el honor, orden socioeconómico, contra la Constitución, contra la economía, el mercado y los consumidores; así también, delitos contra las personas y delitos electorales.

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