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La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), urgió al gobierno de Honduras, emprender una investigación a la Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada (APP), por su forma de estructurar y ejecutar proyectos al detectar irregularidades, opacidad y negligencia de las instituciones del Estado.

 

El informe de ASJ, afirma que las concesiones otorgadas a la construcción del “Corredor Turístico”, han triplicado su costo inicial y que éste “se adjudicó sin estudios previos, lo que provocó el encarecimiento del mismo”.

 

 

 

Redacción Central / EL LIBERTADOR

 

 

Tegucigalpa. La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), pidió ayer una puntual investigación a varios proyectos de infraestructura gestionados por la modalidad de Alianza Público-Privada (APP). Lo anterior ha sido por detectar “irregularidades, opacidad y negligencia” de las instituciones del Estado que concesionan los proyectos a esta imagen altamente cuestionada.

 

De acuerdo al informe “Análisis de la Estructuración, Contratación y Ejecución del Contrato de Concesión del Corredor Turístico de Honduras”, entre el sector de infraestructura y la Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada (Coalianza), se registra una serie de denuncias en torno a la falta de transparencia y rendición de cuentas.

 

Entre otras deficiencias de esta alianza, existe obstrucción al acceso a la información pública y la supuesta comisión de actos ilícitos en la estructuración, contratación y ejecución del contrato de las concesiones y contratos que adjudica.

 

El informe de ASJ apunta que hay “opacidad y negligencia del Estado” en estructuración, contratación y ejecución de las concesiones otorgadas a la construcción del “Corredor Turístico”, que abarca de El Progreso a Tela y tramos de San Pedro Sula a El Progreso y La Barca a El Progreso.

 

Según la organización social, lo anterior “ha puesto al desnudo la falta de transparencia e irresponsabilidad de las instituciones encargadas -de acuerdo a su mandato- de gestionar este tipo de contratos de Coalianza”.

 

Estas instituciones son: la Superintendencia de Alianza Público Privada (SAPP), la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (Insep) y la Secretaría de Finanzas (Sefin). La Sociedad Civil cuestiona que la concesión del Corredor Turístico, “se adjudicó sin estudios previos, lo que provocó el encarecimiento del mismo”.

 

“Se autorizó la concesión sin estudios técnicos y financieros pertinentes, adjudicándolo a la empresa que ofrecía más obras adicionales sin importar el costo de las mismas, lo que evitó proyectar fehacientemente los beneficios y perjuicios en contra las partes involucradas, tal es el caso del Estado, empresas privadas, bancos y población beneficiarias”, dicta el informe.

 

La organización, afirma que esto provocó que el proyecto aumentara “hasta tres veces su valor inicial”, ya que en el proceso de licitación se presentó un costo de 98.2 millones de dólares, pero, con varias obras adicionales el mismo ascendió a 162.5 millones de dólares, según Coalianza y 268.9 millones de dólares, de acuerdo a datos de la SAPP.   

 

El documento ahonda que “la obra no ha podido ser concluida a pesar que el contrato original suscrito el 14 de diciembre de 2012, debió finalizar el 3 de abril de 2017. Dicha obra se ha ejecutado en apenas un 26.38 %, según informe de la SAPP del mes de julio de 2018, lo que representa una inversión de USD 42.8 millones”.

 

Por otro lado, el reporte de ASJ especifica que “existen una negociación de pago de la empresa concesionaria y los financiadores por USD 110 millones adicionales a los USD 23 millones ya pagados, es decir, un total de USD 133 millones”. En la construcción del proyecto, según la organización social, se ha dado trato “preferencial e indulgente” a la empresa concesionaria Autopistas del Atlántico, S.A. (ADASA).

 

Dentro de los beneficios de ADASA, destaca el aumento de los ingresos para pagar la construcción de obras, concesión de ampliaciones de plazos de nueve a 27 meses y que el mismo Estado asumiera el compromiso de pago de deuda a los bancos.

 

Transparencia Internacional (TI), aseguró que el Estado “se abstuvo de proceder en contra de la concesionaria a pesar de existir suficientes causales a la terminación anticipada del contrato por incumplimiento del mismo”.

 

Refiere que desde el concurso, la concesionaria evidenciaba incumplimientos al no declarar que estaba asociada con sus competidores en otros países, además, al presentar oferta sin contar con estudios de soporte para proyecciones de ingreso. En tal sentido, ASJ urgió a las autoridades tomar medidas “urgentes” al respecto.

 

El pasado viernes, el gobernante Juan Hernández, declaró que “con mucha esperanza mirábamos que ese proyecto iba avanzando, pero está estancado y en ese sentido después de esa tardanza requiere revisar cuál es el aporte y la responsabilidad de cada uno de los sectores involucrados porque ese es uno de los ejes carreteros más importantes en el nuevo sistema logístico del país”.

 

Cabe destacar que las concesiones a través de APP, ha sido un tema de debate en el país, así lo refirió la experta en economía Rebeca Santos, en entrevista exclusiva con EL LIBERTADOR –versión impresa marzo 2018– que el principal responsable de los financiamientos es el Estado, por ende, es el encargado de asegurar los ingresos de inversionistas.

 

“Todavía no vemos que ese mecanismo haya resultado productivo para traer más inversión extranjera directa puesto que nos mantenemos en el margen de los mil millones de dólares por año”. Santos explicó que la corrupción puede atraer un tipo de inversión, esta se puede dar bajo prácticas “amañadas” y que en Honduras “atraemos inversionistas de reputación dudosa”.

Comentarios  

0 #1 Annett 04-11-2018 02:53
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