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A través de un comunicado, la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), informó que en el caso “Red de Diputados”, se investiga un total de 60 parlamentarios y no solo los primeros cinco que a mediados de diciembre fueron mencionados, entre estos funcionarios del legislativo destaca el presidente reelecto de ese poder, Mauricio Oliva (foto).    

 

 

Redacción Central / EL LIBERTADOR

 

Tegucigalpa. Esta mañana en conferencia de prensa, la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), informó que en el caso “Red de Diputados”, se abrió una línea de investigación que incluye a otros 60 parlamentarios, entre ellos el presidente reelecto del Congreso, Mauricio Oliva.

 

La MACCIH compareció ante la prensa para denunciar que el nuevo Congreso, cuya junta directiva fue aprobada ayer, pretende, mediante decreto legislativo 141 -2017 que trata sobre la aprobación del presupuesto general de ingresos y egresos de la República para el 2018, reformar los artículos 16 y 131 de la Ley Orgánica del Presupuesto.

 

En ese sentido, el vocero de la MACCIH, Juan Jiménez Mayor, explicó que lo que pretende hacer el Congreso es quitarle armas a la Misión para investigar casos que comprometa a empleados públicos.

 

El comunicado de la MACCIH dicta que a través de dicha reforma se implementa un nuevo procedimiento de liquidación de fondos públicos, incluyendo los fondos sociales, fondos gestionados, recibidos, administrados y ejecutados por servidores públicos, diputados y Organizaciones No Gubernamentales, siendo el encargado de auditar el Tribunal Superior de Cuentas (TSC).

 

El documento añade que la disposición de la reforma abarca los periodos 2006-2010, 2010-2014 y 2014-2018, y, que por el periodo en que el TSC realice las indagaciones, “no procederá ninguna acción judicial para reclamar ningún tipo de responsabilidad sea administrativa, civil o penal”.

 

La MACCIH ha considerado que dicha reforma es garante de impunidad y establece que el TSC no brinda las garantías para realizar investigaciones técnicas como sí lo puede hacer el organismo internacional en compañía del Ministerio Público.

 

Jiménez Mayor ha dicho además, que si la población hondureña declara que la Misión es declarada “non grata”, están dispuestos a abandonar el país. El portavoz ha calificado que la reforma que aprobó el congreso es un garante de impunidad.

 

“Esta norma pretende frenar las investigaciones presentes y futuras de aquellos altos funcionarios que se han apropiado de los dineros públicos. Busca, además, que la documentación incautada por UFECIC-MACCIH en la Secretaría de Finanzas el pasado 29 de noviembre, sea ahora entregada al TSC impidiendo el uso de las pruebas correspondientes para incriminar a responsables de ilícitos penales en poder de la Fiscalía”.

 

Jiménez Mayor se mostró inconforme con las acciones del Congreso y lamentó que todo el trabajo realizado hasta ahora puede quedar en nada por falta de compromiso de la institucionalidad del Estado. “No es posible que en Honduras no haya reglas claras”, sentenció que “los corruptos quieren que la Misión se vaya”.

 

A continuación el comunicado de forma íntegra:

 

Comunicado

 

La Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), hace de conocimiento de la opinión pública, lo siguiente:

 

1. El 18 de enero de 2018 el Congreso Nacional de la República aprobó el Decreto N° 141-2017, Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, Ejercicio Fiscal 2018. En el artículo 237 de dicha Ley se reforman los artículos 16 y 131- A de la Ley Orgánica del Presupuesto (Decreto No. 83-2004).

 

2. A través de dicha reforma se establece un nuevo procedimiento de liquidación de fondos públicos destinados a la ejecución de proyectos o ayudas sociales, incluyendo los fondos gestionados, recibidos, administrados y ejecutados por servidores públicos, diputados y ONG, encargando la auditoría de dichos recursos al Tribunal Superior de Cuentas (TSC), por un período de tres años contados a partir de la publicación de la reforma en mención. El nuevo proceso de liquidación se extiende retroactivamente a los periodos de gobierno 2006-2010, 2010-2014, 2014-2018. Agrega la disposición que mientras el TSC esté realizando dicha auditoría e investigación especial, “no procederá ninguna acción judicial para reclamar ningún tipo de responsabilidad sea esta administrativa, civil o penal.”

 

3. Esta norma pretende frenar las investigaciones presentes y futuras de aquellos altos funcionarios que se han apropiado de los dineros públicos. Busca, además, que la documentación incautada por UFECIC-MACCIH en la Secretaría de Finanzas el pasado 29 de noviembre, sea ahora entregada al TSC impidiendo el uso de las pruebas correspondientes para incriminar a responsables de ilícitos penales en poder de la Fiscalía.

 

4. Se busca atribuir al TSC la determinación de la responsabilidad penal de los ilícitos que se encuentren respecto a altos funcionarios, invadiendo las atribuciones constitucionales del Ministerio Público y del Poder Judicial. Se trata de una pretensión inconstitucional que busca imponer un requisito de procedibilidad de la investigación y de la acción penal que contraviene el artículo 232° de la Constitución. Del mismo modo, la disposición infringe el artículo 219° Constitucional, que ordena el previo dictamen favorable de la Corte Suprema al reformarse el Código Procesal Penal al eliminar el ejercicio de la acción penal pública al Ministerio Público.

 

5. Como consecuencia de lo mencionado, la investigación conocida como “RED DE DIPUTADOS”, que no solo investiga a los cinco diputados requeridos, sino que abarca a más de 60 diputados y ex diputados de la Nación, incluyendo el propio presidente del Congreso Nacional, así como a altos funcionarios del Poder Ejecutivo y representantes de más de 30 ONG, quedaría sin efecto generando la impunidad de todos los involucrados.

 

6. La decisión del Congreso Nacional, además, podría dar lugar a interpretaciones tendenciosas que pudiesen provocar una posible excarcelación de personas condenadas en el caso del Seguro Social como Mario Zelaya y su organización criminal, al aplicarse la ley de forma retroactiva. De igual forma, sus efectos podrían extenderse a actuales investigaciones que conduce el equipo integrado UFECIC-MACCIH, como el caso de la ex primera dama Rosa Elena Bonilla.

 

7. El TSC no brinda las garantías para investigaciones técnicas dada las características políticas de su conformación. Esta decisión del Congreso Nacional afecta la lucha contra la corrupción, a lo que se agrega la aprobación ese mismo día del Código Penal que reduce las penas a los delitos de corrupción, pese a la posición contraria de la MACCIH, de expertos en la materia y de algunos diputados.

 

8. La lucha contra la corrupción y los compromisos internacionales del Estado de Honduras obligan a la derogatoria inmediata de la norma en cuestión o la declaratoria de su inconstitucionalidad por la Sala Constitucional de la Corte Suprema a petición de la Fiscalía General.

 

9. Este es un hecho extremadamente grave que afecta la labor de la Misión. Por esta razón, la MACCIH ha iniciado consultas con el embajador Luis Almagro, Secretario General de la OEA, para verificar las rutas de acción futuras respecto al trabajo que realizamos en Honduras conforme a lo establecido por el artículo XIV del Convenio constitutivo, al considerarse esta circunstancia como una injerencia inaceptable a la autonomía e independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público, impidiendo el combate a la corrupción y generando un PACTO DE IMPUNIDAD que el pueblo hondureño debe conocer.

 

Tegucigalpa, 24 de enero de 2018 

Comentarios  

0 #3 JACC 27-01-2018 11:10
A los congresistas honestos deben de llamarse a la desobediensa no pueden apoyar a esos corruptos, recuerden que ellos son la mayoria y si Uds firman son complices de esos actos vandalicos. No avalen las propuestas torcidas salganse o den la espalda como un acto de desobediensa.
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+1 #2 Jose López 25-01-2018 09:20
Se blindan los corruptos de corbata, el que roba una gallina o una carga de leña debe ir a la cárcel.. Esa es la justicia hondureña.. Gobierno de la vida mejor...
Apoyamos la gestión de los MACCIH.. Seguiremos en la calles
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0 #1 Miguel Calix 25-01-2018 02:09
: Siga la OEA criando buitres en nuestra Hondurad y terminarsn sacando los ojos fde todos los que eniem
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