Tegucigalpa.-El Centro de Prevención recomienda que la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, se acerque a las cárceles para conocer mediante consultas a los privados de libertad cual es la voluntad que tienen para aceptar la realización de un trabajo en los términos establecidos por la Ley del Sistema Penitenciario.

Edición Central / EL LIBERTADOR

COMUNICADO (INTEGRO)

Con “CHAMBA DIGNA”
Las personas privadas de libertad vivirían mejor.

Tegucigalpa, Honduras. Acusando un inexplicable desconocimiento de la Ley del Sistema Penitenciario, de su Reglamento General y de la Política Penitenciaria mecanismos ya aprobados, pero no implementados; el Poder Ejecutivo ha enviado al Congreso Nacional una iniciativa que debe ser analizada desde la preocupación de un Poder del Estado interesado en “tranquilizar” a la sociedad hondureña presa del miedo a la delincuencia de todo tipo y que nos mantiene con las más altas tasas de homicidios en el mundo.

El Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación para las víctimas de la tortura y sus familiares (CPTRT) con el respeto acostumbrado se dirige a los honorables diputados para llamar su atención sobre lo siguiente:

Existe suficiente normativa nacional saber el trabajo de las personas privadas de libertad la cual puede ser revisada en la sección VII, Artículos del 75 al 82 de la Ley del Sistema Penitenciario; destacamos como fundamental en este articulado lo establecido en el Art.75 No. 2 y 3 sobre el trabajo penitenciario:

Art.75 No.2 No ser denigrante ni forzado.

Art.75 No.3. Tener carácter formativo, creador o conservador de hábitos laborales, con el fin de preparar y capacitar a la persona interna para desempeñarse en la vida ciudadana.

Sostenemos que no sería sabio por parte del Congreso Nacional impulsar reformas que solo vendrían a causarle daño a la imagen de nuestro país al proyectarlo como violador de Derechos Humanos (aun mas).

Por otra parte, nuestra organización recomienda que la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, se acerque a las cárceles para conocer mediante consultas a los privados de libertad cual es la voluntad que tienen para aceptar la realización de un trabajo en los términos establecidos por la Ley del Sistema Penitenciario.

con estas visitas tendrían oportunidad de conocer las actividades productivas que realizan y verían la triste realidad existente, pues por parte del Estado no hay disponible ni un “destornillador” para pensar en instalar un taller de capacitación para carpinteros, esto como ejemplo.

Un desafío para el Congreso sería la búsqueda de por lo menos 500 millones de lempiras, necesarios para impulsar la implementación de un programa de trabajo digno en las cárceles. Con “chamba digna” todos/as vivimos mejor.

Tegucigalpa, M.D.C.04 de Mayo de 2015.

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