En julio anterior, una junta interventora asumió la dirección de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), para “recuperar la credibilidad” de la institución por la indignante corrupción durante la emergencia por el nuevo coronavirus, sin embargo, las irregularidades siguen y, peor aún, han sido protagonizadas por los interventores (en la gráfica).

 

“Si están actuando al margen de la ley, el Tribunal va a corregir esas acciones practicándoles los reparos ya sea en sueldos, contratos u otro tipo de pago que hicieren por bienes y servicios que ellos realizan, o sea todo eso va a ser investigado posteriormente, se lo aseguro”, ha dicho a este rotativo el presidente del TSC, abogado Ricardo Rodríguez.

 

 

Redacción Central / EL LIBERTADOR

 

Tegucigalpa. Los escandalosos actos de corrupción cometidos en Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), durante la pandemia del nuevo coronavirus, forzaron al mandatario Juan Hernández a nombrar el 24 de julio anterior una junta interventora al frente de la institución, presidida por el general de brigada, José Ernesto Leva Bulnes, quien se desempeñó como gerente del Instituto de Previsión Militar (IPM).

 

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También es parte el ingeniero José Alberto Benítez Portillo, subsecretario de Agricultura y coordinador nacional de Fideicomiso para la reactivación del Sector agroalimentario de Honduras (FIRSA); y el también ingeniero José Gustavo Boquín Suárez, actual presidente de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico), directivo del Régimen de Aportaciones Privadas (RAP), y representante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) ante la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos de Honduras (Convivienda).

 

Tras asumir por un periodo de 6 meses, el general Leva prometió que recuperarían la credibilidad de Invest-H tras las irregularidades en la compra de los siete “desechos móviles”, a unos 1,200 millones de lempiras pagados “de buena fe” al guatemalteco Axel Gamaliel López. “En cuanto a la credibilidad deberemos dar resultados en 180 días… nuestro trabajo terminará en una auditoría forense con una reingeniería; es una obligación moral y vamos a salir con las manos limpias”, aseguró el militar.

 

Pero a sólo tres días en el cargo los interventores dieron muestras que la transparencia no sería una de sus virtudes, eso lo confirma el comunicado emitido el 27 de julio violentando la libertad de prensa, al afirmar: “no se permitirá la entrada al plantel destinado para el hospital de aislamiento móvil de San Pedro Sula a periodistas, fotógrafos ni camarógrafos”, así como censurando que drones sobrevuelen la zona.

 

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Más grave aún fue que los interventores se “recetaron” un sustancioso aumento como lo demuestran documentos en el portal de transparencia de la institución. Lo anterior, porque el salario inicio para cada miembro de la junta interventora fue de 48,520 lempiras mensuales, sin embargo, a partir de agosto devengaron 207,944 lempiras al mes, es decir un aumento del 429 por ciento.- La planilla de Invest-H representa una erogación mensual de 9.5 millones de lempiras para 130 personas, donde 29 empleados reciben más de 100 mil lempiras cada 30 días.

 

MÁS IRREGULARIDADES

En agosto, una comisión de la estatal viajó a Turquía sin el acompañamiento de fiscales del Ministerio Público (MP), y redactó una lista de más de 50 observaciones que demuestran que el supuesto empresario López vendió a Honduras equipo dañado, estructuras elaboradas a la ligera, además, increíblemente la máquina de ultrasonido necesita una contraseña que expiró en 2018, sin manómetros de oxígeno en todo el hospital, los certificados de los equipos no están actualizados y ventiladores sin marca, entre otras irregularidades.

 

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Y un nuevo escándalo se ha desatado en Invest-H, después que aprobaron cuantiosos contratos laborales con el agravante que los nombres y números de identificación de los beneficiados fueron cubiertos, a fin de evitar que fuesen identificados, violentando la normativa del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).

 

Así lo demuestra el documento 028-CI-TH-2020 en poder de este rotativo, que es un contrato celebrado el 22 de septiembre para contratar a una Directora de Adquisiciones, con un sueldo de 147 mil lempiras que saldrán de los fondos nacionales, pese a que el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República prohíbe celebrar contratos superiores a los 60 mil lempiras.- El contrato finaliza el 31 de diciembre de 2020, pero establece que podrá ser renovado por disposición de la “comisión interventora”.

 

Un dato curioso es que la directora de Adquisiciones de Invest-H ha sido Ingrid Ordóñez, quien el 19 de agosto se presentó a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), del Ministerio Público (MP), para declarar por la compra de 474 mil mascarillas KN95 a un costo de 50 millones de lempiras, que hizo la institución a la empresa Grupo Gestión y Tecnología (G y T).

 

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Una fuente de la ATIC comentó a este rotativo, que Ordóñez es considerada una “pieza clave” en ese caso, donde ya han declarado en calidad de investigados el empresario Juan José Lagos, vinculado a G y T, y su esposa, la diputada nacionalista Waleska Zelaya.

 

RENDIRÁN CUENTAS

Para conocer qué harán las autoridades al respecto, EL LIBERTADOR contactó al magistrado presidente del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), abogado Ricardo Rodríguez, quien ha dicho que realizarán auditorías a Invest-H y la junta interventora. “Por ley, el Tribunal Superior de Cuentas tiene la potestad de realizar las auditorías a posteriori, y en el caso de la Junta Interventora de Invest-H ellos tienen un periodo de duración en el cargo [que vence el 24 de enero próximo], así que realizaremos una auditoría a posteriori”, comentó.

 

Y el magistrado Rodríguez, se ha comprometido a corregir las acciones de Invest-H durante la pandemia mediante acciones concretas: “Posiblemente los reparos van a llegarle a estas personas, porque si están actuando al margen de la ley el Tribunal va a corregir esas acciones practicándoles los reparos ya sea en sueldos, contratos u otro tipo de pago que hicieren por bienes y servicios que ellos realizan, o sea todo eso va a ser investigado posteriormente, se lo aseguro”.

 

Hasta el 28 de diciembre, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), reportó un total de 120,103 personas contagiadas, y de esos 3,088 perdieron la vida, pese a eso, tan sólo uno de los siete supuestos hospitales móviles está funcionando, sin que al gabinete de Hernández parezca inquietarle.

 

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