“Como administrador de la zona, el alcalde Armando Calidonio tuvo el tiempo suficiente para detener el enfrentamiento en el sector de río Blanco, pero nunca accionó por lo que tiene responsabilidad penal”, ha dicho el presidente del Codeh, Hugo Maldonado.

 

 

Redacción Central / EL LIBERTADOR

 

Tegucigalpa. Los hondureños exigen cárcel para los autores materiales e intelectuales del crimen de Rafael Hernández (24), un joven que se dedicaba a lavar carros bajo el puente río Blanco, en San Pedro Sula, Cortés (al norte del país y a 252 km de la capital), ocurrido la mañana del 1 de diciembre cuando efectivos policiales, militares y municipales se aprestaban a desalojar a las personas que desde hace 11 años trabajan y viven en el lugar.

 

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Al respecto, el presidente del Comité de Derechos Humanos en Honduras (Codeh), Hugo Maldonado, ha dicho que tanto el alcalde de San Pedro Sula, Armando Calidonio Alvarado, como el jefe de la Policía Municipal tienen responsabilidad penal por la muerte del joven durante el enfrentamiento.

 

“Como administrador de la zona, el alcalde Armando Calidonio tuvo el tiempo suficiente para detener el enfrentamiento en el sector de río Blanco, pero nunca accionó por lo que tiene responsabilidad penal”, dijo Maldonado.

 

De acuerdo con el defensor de los derechos civiles, el partido en el poder (el Nacional), necesitaba una crisis para desviar la atención de los señalamientos de negligencia criminal en el manejo de las emergencias por el Covid-19 y por los ciclones que afectaron el país, pero confía en que los operadores de la ley actúen de manera imparcial.

 

“Creo que necesitaban una crisis de esta naturaleza, y vaya crisis que les dio para matar a un ciudadano… Creemos que el Ministerio Público (MP) debe ser imparcial, hacer la diligencia y deducir responsabilidades en el caso”, sostuvo.

 

En un informe brindado este 2 de diciembre, Calidonio afirmó que no autorizaron a los efectivos municipales para el uso de armas de fuego. “Yo puedo decir que es altamente improbable que sea un policía municipal [responsable del crimen], pero no me puedo adelantar a una investigación. No podemos entrar en el espacio de la especulación”, dijo.

 

Además, el edil ha justificado que actuaron conforme a ley: “Quiero aclarar que las acciones realizadas en el bordo sur de río Blanco tienen su origen en diversos requerimientos hechos por el Ministerio Público… el delito se estaba cometiendo, la denuncia ya estaba desde hace mucho tiempo, debimos actuar y se hizo bajo ley”.

 

Calidonio ha afirmado que el procedimiento está bajo acta notarial y debidamente documentado, asimismo, que el MP deberá determinar la procedencia del disparo mortal, sin embargo, lamentó que no fueron acompañados por agentes de esa institución.

 

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Por su parte, la portavoz del MP, Lorena Cálix, ha informado que no participaron en el desalojo y que en conversaciones con el subdirector regional y los fiscales de Derechos Humanos, “se confirmaron las diligencias de oficio en las investigaciones de este hecho, las cuales se desarrollan en dos formas”, sostuvo.

 

De acuerdo con Cálix, una forma es la vulneración de los Derechos Humanos a los lavadores de carros, ya que se ubicaban en esta zona por necesidad de empleo; la otra es la muerte del joven, cuya investigación que ya está siendo realizada por Fiscalía de Delitos Contra La Vida en San Pedro Sula.

 

“Se debe estudiar el momento que comienza el uso de la fuerza, lo que motivó a que se desarrollaran estos hechos y la legalidad del desalojo que se llevó a cabo. Esperamos tener resultados pronto”, expresó.

 

Por último, dijo que es prematuro mencionar qué delitos y acciones penales hay en este hecho, por tanto, continúan las investigaciones para conocer qué pasó y después de eso el MP pondrá a disposición los resultados encontrados.

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