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El fiscal general de república, Oscar Chinchilla (foto) no se presentó a la reunión que pacto meses atrás con los familiares de la ambientalista Berta Cáceres y con el relator de la Comisión Interamericana  de Derechos Humanos (CIDH), James Cavallaro.

 

Redacción Central / EL LIBERTADOR

 

Tegucigalpa. El fiscal general de la República, Oscar Chinchilla no asistió a una reunión que tenía meses de haber sido arreglada entre el Ministerio Público, el relator de la Comisión Interamericana  de Derechos Humanos (CIDH), James Cavallaro y los familiares de la ambientalista asesinada Berta Cáceres.

 

Pese a que el encuentro fue pactado desde hace varios meses, el fiscal excusó que su inasistencia a la reunión se debió a que no estaba en el país.

 

Esa acción molestó a la hija de la extinta activista social, Olivia Zúniga, quien alegó que “siempre es lo mismo” y lamentó que ““hemos llegado a hacer exigencias y no podemos llegar a reunirnos con las mismas personas que no tienen la capacidad de decidir que el MP entregue la información referente al caso del asesinato de mi madre a nuestros abogados”.

 

El próximo miércoles se iniciará la audiencia preliminar y los abogados de la familia aun no cuentan con la información del caso, en tanto, levanta sospechas sobre el proceso y por eso han exigido la presencia del fiscal, refirió Zúniga.

 

Aseguró que son más de 15 meses los que llevan esperando que se haga justicia por el asesinato de su progenitora y dijo que tanto la familia, varios miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) y la comunidad de Río Blanco, siguen recibiendo fuertes amenazas.

 

En tanto el representante de la CIDH, se reunió con grupos indígenas, campesinos y los familiares de la ambientalista, para posteriormente presentarse a la cita en el MP. Ante la ausencia del fiscal Chinchilla, estos exigieron celeridad y claridad en el proceso investigativo.   

 

Cavallaro vino a encargarse en cuatro áreas temáticas para la protección de personas ligadas a la investigación del crimen contra Cáceres, así como estudiar el conflicto histórico del Bajo Aguán, la protección de la diversidad sexual y otro caso que no detalló por seguridad.   

 

En la reunión también estaría presente la representante del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Marcia Aguiluz, quien manifestó que no se procedió porque los familiares de Cáceres y personas del Copinh, exigieron la presencia de Chinchilla, ya que sin él presente, “la reunión no serviría de nada”.

 

Cáceres fue asesinada el 2 de marzo en su casa de habitación en La Esperanza, Intibucá, desde entonces la justicia hondureña ha capturado a ocho presuntos autores materiales; sin embargo aún no ha dado con los autores intelectuales.

 

Periódico EL LIBERTADOR, publicó en su edición de marzo-abril de 2017, varios documentos que evidencian como se planifico el crimen contra la reconocida defensora y dirigente indígena.  

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