Mañana es un día clave para Honduras y para el Colegio de Abogados de Honduras (CAH), toma posesión la nueva junta directiva de juristas que contra todo pronóstico derrotó el brazo del gobernante Partido Nacional que por varios años había asaltado esa institución estratégica para el control del Estado y, ahora, todo indica que servirá a la Nación. 

 

Controlar el CAH es vital para el poder económico y político del país, porque legalmente tiene voz y voto en las juntas proponentes que seleccionan los candidatos de las máximas autoridades del Poder Judicial, entre otros, Corte Suprema de Justicia y Ministerio Público, subraya en este análisis el abogado y docente, Pedro Funez.

 

 

Redacción Central / EL LIBERTADOR

 

Tegucigalpa. El triunfo de los juristas hondureños ha oxigenado la confianza de la lucha gremial para recuperar sus maltratadas organizaciones y también ha enseñado a la oposición política del país que sólo la unidad es el camino para recuperar el capturado Estado de Honduras, hoy en manos de un régimen que por casi diez años ha operado en contra del interés de la ciudadanía.

 

Mañana 18 de septiembre a las 8:00 de la mañana toma posesión la nueva autoridad del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), integrada por los miembros de la fórmula ganadora 

Alianza de Oposición constituida por el Frente Independiente, el Frente Gremialista y el Frente Reivindicador, que en el marco de la legalidad el 14 de marzo de 2020, recibió la aceptación absoluta a través de la mayor cantidad de votos en el proceso electoral de los abogados.

 

La unidad de los juristas arrancó de la tierra las profundas raíces del Partido Nacional que por años controlaron las decisiones del Colegio de Abogados, con efectos dañinos en el bienestar colectivo de sus afiliados y consecuencias desastrosas en la selección de las actuales autoridades del Poder Judicial, en función que el CAH es uno de los órganos que integra las juntas proponentes que escogen los candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia y los fiscales del Ministerio Público, entre otros operadores de justicia del país.

 

En el marco de la legalidad el proceso electoral de los togados eligieron como su presidente al Abogado y Notario Fredis Alonso Cerrato Valladares y como presidente de la Junta Directiva Nacional y en el Tribunal de Honor a la Abogada Fátima Patricia Mena Baide, personas destacadas en la lucha para rescatar su institución de los caprichos del régimen de Juan Hernández y comprometidos a tomar medidas que favorezcan a los adscritos al Colegio de Abogados.

 

Según la Ley Orgánica la toma de posesión esta establecida para el 30 de abril y, aun siendo una organización gremial, el presidente electo apostó al respeto de la ley, por eso esperó que la Sala Constitucional se pronunciara, previa reunión con los miembros de la Junta Directiva Nacional  y saliente y entrante para planificar la histórica toma de posesión que se concretará mañana. En ese evento, asumirá su cargo, legalmente, la nueva Junta Directiva Nacional, Tribunal de Honor, los capítulos de todo el territorio nacional, Instituto de Previsión Social, organismos auxiliares y comisiones especiales. 

 

Las elecciones generales donde se eligió el nuevo liderazgo del Colegio de Abogados  nos mostró la pedagogía a seguir para alcanzar el poder gremial en el caso que nos ocupa y, además, a la oposición política nacional le enseñó que la unidad es el instrumento para alcanzar el poder Legislativo, en las corporaciones municipales y, más aún, cómo se puede tomar la Presidencia de la República, que es el administrador general del Estado de Honduras.

 

Las elecciones donde triunfó la Alianza de Oposición son trascendentales, ya que se trata de la defensa del Colegio de Abogados de Honduras que ha sido puesto en peligro en los últimos años, además se trata de la defensa de las conquistas sociales de los abogados que logran dichos beneficios, que han sido disminuidas en su mayoría para beneficiar a unos pocos.

 

El país demanda operadores de justicia que se avergüencen que apenas el 4% de los delitos cometidos sean judicializados, que se fortalezca los operadores de justicia de tal manera que ese 96% de impunidad, que es un bochorno nacional sea combatida; se trata de reactivar nuevamente la poderosa voz del Colegio de Abogados, puesta en precario últimamente y reiniciar la participación popular como entidad gremial que somos. Además.

 

Cabe mencionar que hay normas éticas que son de aplicación directa, cuya ejecución le corresponde al Honorable Tribunal de Honor, como el caso que nos ocupa, el compromiso con nuestro pueblo es enorme, ya que todos los operadores de justicia son miembros del

Colegio de Abogados, también el Colegio tiene incidencia en el Poder Legislativo donde algunos hasta han presidido y lo mismo sucede con el Poder Ejecutivo e igual con las alcaldías.

 

Los retos de la nueva Junta Directiva Nacional del Colegio de Abogados son muchos, tanto en el ámbito, legal, administrativo y gremial. Las competencias que tiene el presidente de la nueva Junta Directiva Nacional son contables, administrativas y jurídicas, más la práctica de la virtud de la perseverancia necesaria para enfrentar los múltiples desafíos.

 

El camino pedagógico de la unidad está trazado para todos los gremios profesionales del país, es fundamental pensar en la unidad como necesidad de vida o muerte del Estado de Honduras, sólo eso permitió el triunfo electoral de los abogados que incide tanto en la vida nacional, porque es un gremio tomador de decisiones esenciales para el pueblo hondureño tanto en el sector público como privado.

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