La concesionaria Palmerola International Airport (PIA) ha pedido al Gobierno de Honduras 51 millones de dólares extra a los que se entregó en junio de 2019, para seguir adelante con las obras en el Aeropuerto Internacional de Palmerola, en caso que el régimen Hernández acceda, la inversión del Estado será de 3,565 millones de lempiras por una obra que lleva un año de retraso.

Esa cifra se mide frente a los 1,997 millones que pondría la empresa PIA y Emco, pertenecientes al matrimonio de Lenir Pérez y Ana Facussé (hija del extinto terrateniente Miguel Facussé Barjum), quienes tienen asegurado su futuro por 35 años de concesión en una relación contractual donde pierde el pueblo, como el caso de las carreteras y el Centro Cívico Gubernamental (CCG). 

Cabe mencionar que los empresarios nunca han sido multados por el retraso a las obras que viola el acuerdo, al contrario, son protegidos por el poder político que ahora les ha dado hasta 2021 para terminar la construcción y, además, podrán hacerse con el control de Toncontín en la capital, sin haber presentado informe técnico de operatividad y sin licitación pública internacional violando la Ley de Contratación del Estado.

 

 

Redacción Central / EL LIBERTADOR

 

Tegucigalpa. El gobierno de Juan Hernández puede ser recordado en Honduras como el más oscuro en la etapa postdictaduras militares, fraude electoral y hasta golpes de Estado en pleno siglo XXI.- Los escándalos por corrupción, narcotráfico, violaciones a la Constitución de la República, nepotismo, negligencia criminal durante el Covid-19y repartición de bienes públicos por truculenta privatización de bienes del Estado, son el día a día del régimen.

 

Se hablará a las futuras generaciones que entre 2010 y 2022, gobernó el país la “élite de la incapacidad”, la pandemia del Covid-19 ha demostrado que quienes dirigen la nación no tienen la mínima idea de cómo administrar los 82,000 millones de lempiras, que fueron aprobados de los recursos del pueblo hondureño para salvar a los contagiados por la peste viral.

 

Hernández ya demostró en el pasado concesionando las carreteras que se construyeron con dinero del Estado de Honduras, a beneficio de la transnacional COVI, y también lo ha hecho con la fortaleza del Centro Cívico Gubernamental, obra que drenó los institutos de previsión como garantía para la empresa mexicana GIA+A, que gozará por 30 años del dinero que iba a garantizar la jubilación de los trabajadores.

 

VIDEO: PALMEROLA, CONSTRUCCIÓN DE NUEVA ESTAFA PARA HONDURAS

 

El modelo de beneficio a sus allegados y privatización de obras públicas ha sido una constante, para eso fue creada la ahora extinta Comisión de Alianzas Público Privadas (Coalianza), que, por si fuera poco, medió para garantizar otro “asalto” al bolsillo de los hondureños. Se trata del Aeropuerto Internacional de Palmerola, donde una vez más el gobierno actúa como benefactor de nuevos empresarios.

 

FUE ORDEN DE JOH

Los problemas con la concesión del Aeropuerto Internacional de Palmerola, que históricamente sólo había funcionado como base militar de Estados Unidos en Comayagua (a 57 kilómetros al norte de la capital hondureña), comenzaron cuando en 2014 fracasó la relación con Servicios Aeroportuarios Integrados S.A. (SAISA), y pasó en 2015 a control de Inversiones Emco S.A., empresa constituida en 2011 y que es dirigida por los esposos Lenir Alexander Pérez y Ana Isabel Facussé, presidente y vicepresidente de la compañía; y al operador internacional Aeropuerto Internacional de Munich-Franz Joseph Strauss.- Ana Isabel es hija del fallecido terrateniente Miguel Facussé Barjum, conocido en el mundo por las masacres de campesinos en el Bajo Aguán, resultado del conflicto de tierras y la acción cómplice avalada por el gobierno.

 

Para esa transacción, Juan Hernández encargó la construcción y manejo a Emco a través del Decreto Ejecutivo PCM-016-2016, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 17 de marzo de ese año y que meses después fue revisado por el Congreso Nacional para modificar el contrato, en ese momento ya había críticas al caso Palmerola; por ejemplo, la ex presidenta del Banco Central y entonces diputada del Partido Liberal, Gabriela Núñez, alertó que el documento presentaba “apartados oscuros que lesionan los intereses de los hondureños”.

 

Aun así, para el 22 de junio de 2016 la construcción del aeropuerto de Palmerola ya era un hecho, publicándose en La Gaceta el Decreto Legislativo No. 71-2016, conteniendo el contrato entre las empresas Emco, Palmerola International Airport (PIA) y el gobierno Hernández; asimismo, fue refrendado mediante el oficio No. 1861 DGOP2016, del 1 de diciembre de ese año a través de la “Solicitud de aprobación para el inicio de obras preliminares”, suscrito entre Pérez como propietario de PIA, el secretario de Infraestructura y Servicios Públicos, Roberto Ordóñez; el secretario de Defensa Nacional, Samuel Reyes; y la comisionada presidente de Coalianza, Zonia Margarita Morales.

 

¡SÓLO PUSO 100 LEMPIRAS!

Curiosamente, Lenir Pérez, personaje sin estirpe familiar en empresas o de conocida riqueza histórica, y su esposa Ana Facussé crearon PIA en enero de 2016, para hacerse con la exclusividad en la construcción y operatividad del nuevo puerto aéreo del país. Así lo ha constatado EL LIBERTADOR en el documento de constitución de la empresa, mediante la matrícula 2549253 del registro mercantil de Tegucigalpa, del 14 de enero de 2016, elaborado en presencia del notario público Carlos Contreras; el representante especial de Emco, Marco Lagos Quiñónez; y el propio Lenir Pérez para constituir la empresa, “que podrá utilizar como nombre comercial El centro de las Américas”, según el documento.

 

La escritura establece que PIA tendrá como finalidad “operar y explotar todos los bienes y realizar todas las transacciones requeridas para la ejecución del Concurso Público Internacional, para la selección para el inversionista operador [de Palmerola], de la cual Inversiones Emco, su principal accionista, fue el adjudicatario”.

 

Y más curioso es que si bien se fijó como mínimo un capital de 975 mil dólares (al menos 21 millones 820 mil 500 lempiras), que se dividió en 218,205 acciones, es decir que cada acción equivale a 100 lempiras. Del total, Pérez compró una acción mientras que Emco adquirió las restantes 218,204 acciones, es decir que por 100 lempiras pudo ser el dueño de un millonario contrato.

 

Al margen de eso, los puntos claves del contrato entre la administración Hernández y el matrimonio Pérez Facussé, refieren a que inicialmente el Estado aportaría 72.8 millones de dólares, que según el tipo de cambio en ese año son unos 1,668 millones de lempiras, provenientes del fondo de conversión de deuda con España (50 millones) y el resto de recursos nacionales (22.8 millones); mientras que la concesionaria se encargaría de presupuestar 87.2 millones de dólares; además, el documento establece que Honduras recibiría un canon del 10 por ciento anual de ingresos por salida de pasajeros cuando excedan los 600 mil, lo que significa una contraprestación que las empresas pagarían al Estado.

 

CONGRESO AVALA FRAUDE

Entre otras irregularidades, se aprobó una concesión por 30 años donde el concesionario podrá celebrar contratos con terceros sin necesitar de la opinión de los hondureños, según lo establecido en el Capítulo III de la ley en su inciso número VIII. Por otro lado, aunque las empresas de Pérez se comprometieron a cumplir con los plazos de construcción, los retrasos en las obras han sido una constante y el régimen Hernández nunca ha aplicado ni una multa por incumplimiento del acuerdo.

 

Al contrario, lo que ha ocurrido frente a los retrasos de PIA es que quien asume los riesgos financieros es el pueblo hondureño, ya que por órdenes del gobierno se aprobó que el Estado pasara de poner un 45.6 por ciento del dinero para Palmerola, a ser por mucho el mayor inversor, otorgando 46.2 millones de dólares para las obras, cerca de 1,132 millones de lempiras al tipo de cambio del lempira frente al dólar del año pasado. Es decir que ahora la inversión pública asciende a 2,300 millones.

 

Información oficial de Casa Presidencial etiquetó el proyecto como una operación “clave” de Hernández para el “Centro Logístico de las Américas”, y aunque se esperaba finalizar las obras en noviembre de 2019, el puerto no está listo. Para el cierre del año pasado el Congreso, contrario a urgir explicaciones a la concesionaria, modificó nuevamente el contrato, ahora Palmerola tendrá hasta 2021 para ser terminado y su concesión ahora es de 35 años, además, le aprobaron un nuevo préstamo de más de 46 millones de dólares para terminar la construcción del aeropuerto, para lo cual la bancada nacionalista modificó el artículo 2 del decreto 71- 2016, que legalizó el aeropuerto.

 

“PREMIAN” NEGLIGENCIA

De esa forma, el matrimonio Pérez Facussé se garantiza un futuro para tres décadas, a costillas de un país, tan empobrecido, que de paso el 95 por ciento de todo el pueblo hondureño no viaja y, por tanto, las terminales aeroportuarias apenas son usadas por el 5 por ciento de la población, sin embargo, el dinero de toda la ciudadanía incrementa la fortuna de las familias del poder.

 

De esa manera fueron premiados, con la venia del Congreso, alegando que los empresarios Pérez-Facussé necesitan garantías a su inversión –mínima en comparación a la del Estado–. Lo que no especifican es que esta relación de concesión está basada en un porcentaje de más de 600 mil vuelos anuales, una tasa que los principales puertos aéreos del país no han alcanzado en diez años de concesión.  

 

Precisamente, también se acordó que Emco tendría la opción para operar a partir del 1 de octubre de este año en el Aeropuerto Internacional de Toncontín, en la capital de Honduras. A pesar que al menos tres empresas estaban interesadas en “concursar” por la administración del puerto aéreo del Distrito Central, el parlamento ha dejado en manos de Lenir Pérez y Ana Facussé el control de los vuelos, sin que se haya presentado un informe que haga constatar la capacidad técnica de la empresa, en resumen, sin licitación pública violando la Ley de Contratación del Estado.

 

Con más de un año de retraso, Palmerola se ha convertido en una carga más, un error marcado de la inescrupulosa planeación del gobierno Hernández contra el pueblo. Y recientemente PIA envió una carta urgiendo que se necesitan 51 millones de dólares (más de 1,265 millones de lempiras) para afrontar la crisis producida por el Covid-19, pese a que el aeródromo no está terminado y, por tanto, ni siquiera ha empezado operaciones. En síntesis, otra estafa.

 

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