La junta directiva de Invest-H prohibió el ingreso a los medios al plantel donde se instalará uno de los dos supuestos hospitales móviles, que han dicho que empezarán a operar a mediados del próximo mes, justo cuando el ex director de Invest-H, Marco Bográn, prometió que vendrían los cinco hospitales restantes, que “compró” el país a unos 1,200 millones de lempiras por orden de Juan Hernández.

 

Redacción Central / EL LIBERTADOR

 

Tegucigalpa. La transparencia parece no ser parte de las políticas públicas de Inversión Estratégica Honduras (Invest-H). Esto lo confirma el comunicado emitido por la junta interventora de Invest-H, el lunes 27 de julio, que prohíbe el ingreso a los medios de comunicación, al afirmar que “no se permitirá la entrada al plantel destinado para el hospital de aislamiento móvil de San Pedro Sula, a periodistas, fotógrafos ni camarógrafos”

 

Tampoco se permitirá que drones sobrevuelen en la zona. “La caída de uno (drone) en la zona sea por fallas técnicas o errores humanos, podría ocasionar un accidente”, dice el texto. Sin embargo, los interventores han dicho que darán conferencias de prensa todos los días [de lunes a viernes] a las 10 de la mañana en las afueras del plantel, para informar sobre los avances en la instalación de dos de los siete hospitales “fantasmas” que compró el ex director de la estatal, Marco Bográn, a un costo de 1,200 millones de lempiras a la empresa Elmed Medical Systems, Inc, que operaba como HospitalesMoviles.com, cuando el jefe de Estado, Juan Hernández, ordenó comprar los centros asistenciales supuestamente para pacientes contagiados con el nuevo coronavirus.

 

La junta es presidida por el general de brigada, José Ernesto Leva Bulnes, quien se desempeñó como gerente del Instituto de Previsión Militar (IPM). También es parte José Alberto Benítez Portillo, subsecretario de Agricultura y coordinador nacional de Fideicomiso para la reactivación del Sector agroalimentario de Honduras (FIRSA).

 

Asimismo, es miembro José Gustavo Boquín Suárez, actual presidente de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico), directivo del Régimen de Aportaciones Privadas (RAP), y representante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) ante la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos de Honduras (Convivienda).

 

Es de recordar que el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), calificó como “buena” la actuación de Invest-H en mayo anterior, durante el informe de verificación de la información expuesta en portales oficiales en el marco de la emergencia producto del Covid-19.

 

ATAQUE A LA PRENSA

Y pese a que los interventores de Invest-H eliminaron el comunicado de sus redes sociales, las reacciones no se han hecho esperar al violentar el acceso a la información de los hondureños.

 

El diputado opositor por Cortés, Luis Redondo, envió este 28 de julio una carta pública a los integrantes de la junta interventora, mostrando su preocupación por el autoritarismo con que han actuado.

 

“En nombre de mis electores y haciendo uso de mi derecho constitucional y legislativo, veo con suma preocupación el comunicado que ha hecho la junta interventora, que nombró el usurpador de la presidencia del Partido Nacional, Juan Orlando Hernández, quien todavía no ha sido llamado a declarar por el Ministerio Público sobre el caso de los hospitales”, dice el parlamentario.

 

Y en relación a la restricción a la prensa, Redondo ha sido concluyente al afirmar que: “hablamos de un acto de corrupción que ha generado y generará muertes de nuestros compatriotas, un caso que pone en evidencia a toda una estructura (mara) de criminales en las instituciones públicas, y que ustedes vengan ahora con esto sólo pone en evidencia que quieren ocultar información y servirles de guachimanes [vigilantes], como lo hacen las Fuerzas Armadas a este gobierno criminal”, sostiene.

 

Asimismo, el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), ha reaccionado al veto de la interventora sosteniendo que no acatará la medida. “El CPH rechaza y denuncia la arbitraria disposición de la Junta Interventora de Invest-H de prohibir acceso a periodistas y medios de comunicación al sitio de instalación de hospitales móviles. No vamos acatar ninguna medida que limite la libertad de expresión y de prensa”, sostienen.

 

En 2019, un informe de la organización internacional Reporteros Sin Fronteras (RSF), ubicó a Honduras como el país de Centroamérica con las peores condiciones para la libertad prensa, ocupando el puesto 146 de un listado de 180 naciones, es decir que el país ocupa el puesto 34 países en las naciones con la peor situación de prensa en el mundo.

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