Las nuevas reformas aprobadas por el parlamento hondureño, preocupa a los comisionados de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), ya que los jueces podrán dictar medidas cautelares suaves sobre  veintiún delitos, entre otros, lavado de activos, homicidios y secuestro.

 

Redacción Central / EL LIBERTADOR

 

Tegucigalpa. Los miembros de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), se mostraron preocupados por la aprobación de las nuevas reformas al Código Procesal Penal, debido a que los jueces ahora podrán aplicar medidas sustitutivas a implicados en al menos veintiún delitos.

 

El Poder Legislativo aprobó las nuevas normativas referidas al otorgamiento de medidas cautelares, el pasado miércoles con 68 votos a favor, 25 en contra y dos abstinencias.

 

Según el portavoz de la Misión contra la Impunidad, Juan Jiménez, los comisionados analizan las reformas y la manera en que estas puedan generar impunidad.

 

Jiménez asegura que “la forma en la que esta iniciativa fue aprobada fue una sorpresa para los comisionados, ahora estudiaremos el tema, porque nos preocupan algunos aspectos”, agrega que varios elementos de las reformas podrían no estar en el camino a fortalecer la institucionalidad del país.

 

Ha destacado que los problemas de seguridad que afronta Honduras y señala que el propio gobierno reconoce el alto grado de inseguridad, corrupción e impunidad. Por otro parte, aun no se especifica en las exigencias que tendrá la Maccih y de momento se espera la sanción del presidente Juan Orlando Hernández.

 

Los cambios que fueron realizados se basan en la anterior reforma llevada a cabo en 2012 la que estipuló que los individuos que tuvieran dos procesos legales, serian remitidos a la cárcel, de modo que no podía recibir una medida cautelar.

 

Bajo esa ley se regulaban veintiún delitos entre ellos lavado de activos, homicidio, trata de personas, entre otros, el artículo 184 señala que de no existir los puntos mencionados, el juez podrá imponer medidas más leves según las estipuladas en el artículo 173, arresto domiciliario, vigilancia a persona o institución determinada, prohibir la salida del país, obligar a presentarse ante un juez periódicamente.

 

Bajo las reformas implementadas si los apoderados legales se comprometen a confirmar que los imputados no saldrán del país, los jueces tendrán la facultad de otorgar medidas cautelares.

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