EL LIBERTADOR

El gobierno del presidente chino, Xi Jinping, reformó en 2015 el Código Penal del país, para endurecer su lucha contra la corrupción. En ese sentido, los organismos de justicia aprobaron la actualización de la pena de muerte para funcionarios públicos que fueran encontrados culpables por malversación de fondos.

La antigua normativa definía una cifra exacta para ser encontrado culpable por corrupción, el presidente chino encontró las medidas “muy blandas”, ya que la ley era de 1997 y no tomaba en cuenta la devaluación de la moneda, de modo que quien malverse de 463 mil dólares en adelante, podrá ser judicializado y ejecutado.      

 

Agencias / EL LIBERTADOR

 

Pekín. Tras su llegada al poder en 2013, el presidente de la República Popular China, Xi Jinping, promovió una campaña anticorrupción en la que ofreció la pena de muerte a personas que fueran encontradas culpables por actos que atentaran a la salud institucional del Estado.

 

Esa medida fue aprobada a finales de 2015 después de ser discutida en la revisión del Código Penal del país, porque no tenía estipuladas las cantidades exactas para aplicar la pena máxima.   

 

Con base en ese contexto y en un ambiente de subjetividad, se definió que la pena de muerte sería aplicable “a aquellos líderes corruptos que malversen o reciban sobornos superiores a los tres millones de yuanes (463.000 dólares)”, según lo establecido por el Tribunal Popular Supremo de China y la Fiscalía del Estado, máximas instancias judiciales del país.

 

De igual manera, se definió que en caso de que el acusado coopere en la investigación, ya sea que confiese el delito o devuelva el dinero malversado, la pena capital se puede suspender durante dos años, que a efecto práctico significa una conmutación por cadena perpetua.   

 

Xi Jinping promovió “agravar” las penas por corrupción porque las cantidades de dinero malversadas punibles, tenían como castigos la cadena perpetua y pena de muerte; sin embargo, la ley que les castigaba era de 1997.

 

Para el mandatario esas normas ya estaban obsoletas debido a la devaluación de la moneda haciendo que estas fueran reformadas en 2015 para eliminar alusiones a cifras exactas.

 

Bajo las nuevas normas, los altos funcionarios pueden enfrentar cargos de corrupción si estos no denuncian las actividades ilícitas de sus colegas cercanos, aunque estos sean parte de su familia.

 

Al tiempo, se subraya que la donación de dinero a la beneficencia u otras causas públicas, no será considerada como eximente en juicios por corrupción.      

 

Desde su llegada al poder en 2013, Xi Jinping ha hecho público su repudio a esta “enfermedad estatal”, su campaña anticorrupción le ha costado el cargo a decenas de funcionarios, expulsión de correligionarios del Partido Comunista, investigaciones, juicios y condenas a líderes o exlíderes de todos niveles, incluyendo el Ejército.  

 

Según Amnistía Internacional (AI), China es el país que más ejecuciones lleva a cabo, con más de un millar anuales, aunque no hay cifras oficiales exactas ya que el régimen comunista las considera secreto de Estado.

 

En todo caso, la cifra ha bajado con respecto a la pasada década (entre 3,000 y 10,000 anuales) a raíz de que el Tribunal Supremo redujera de 68 a 55 el número de delitos punibles con la pena de muerte y recuperara el poder para ratificar esas sentencias, luego de 20 años.

 

En febrero de 2015, el magnate Liu Han (gráfica de portada), fue ejecutado al ser encontrado culpable de actividades “mafiosas” que competían la extorsión y la ordenanza de asesinatos, el suceso trascendió a nivel internacional y según analistas locales, formó parte de la iniciativa anticorrupción.  

Comentarios  

0 #1 Ruy Lezama-Fisk 12-02-2018 18:18
Eso es en CHINA. Lo cual está mas que bien !
Ahora, en Honduras a los diputados y funcionarios del gobierno que son corruptos simplemente los blindan, o sea como quien dice "¡No me toquen! ¡Yo
soy corrupto ! ¡Y puedo seguir delinquiendo en el Gobierno cuantas veces yo quiera ! Así que, ¡No me toquen! "
O sea, viva Honduras.
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