Unas 58 organizaciones de derechos humanos, más de 35 personas han sido asesinadas en Honduras durante las protestas contra el fraude electoral, las entidades defensoras de la vida, acreditan estos crímenes a las fuerzas de seguridad del Estado. Según el reporte de la cadena mediática de información, RT.

 

 

Agencias / EL LIBERTADOR

 

Honduras. Más de 35 “asesinatos políticos” han ocurrido en Honduras en el marco de las protestas contra el fraude electoral que hizo posible la reelección presidencial, a pesar de que esta es considerada ilegal por la Constitución del país.

 

Según el informe de la cadena mediática de información RT, unas 58 organizaciones de derechos humanos atribuyen los asesinatos a las fuerzas de seguridad del Estado, en un documento que expone que las manifestaciones pacíficas fueron “gravemente reprimidas, incluso con fuerza letal o bala viva disparada al cuerpo de los manifestantes”.

 

De ese modo, el documento contabiliza 33 muertes, aunque datos más actuales reflejan que la cifra asciende a casi 40 personas, además se ha denunciado decenas de heridos, centenares de detenidos y más de 100 personas criminalizadas.   

 

En términos legales, el abogado Benedicto Santos, que ha prestado sus servicios a los hondureños en insurrección, asegura que son al menos 2,500 personas las que han sido detenidas, donde en su mayoría han sido llevadas a batallones de las Fuerzas Armadas de forma arbitraria.

 

El togado en derecho ha dicho a dos reporteros independientes que los detenidos, tienen sus hojas de antecedentes limpias y que el régimen con tal de “excusar” la arbitrariedad les han implantado bombas Molotov o cualquier otro instrumento que ponga en duda su inocencia.

 

Además, el texto avalado por las 58 instituciones defensoras de la vida, señalan como “autores materiales” de los crímenes de lesa humanidad a “la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina), la Policía Militar del Orden Público (PMOP), las Fuerzas Armadas, la Secretaria de Seguridad, a través de la Policía Nacional, y la Dirección Policial de Investigación”.

        

Los organismos coinciden en que la “victoria” del presidente Juan Hernández, fue una imposición que se consolidó gracias a la fuerza bruta de los organismos de seguridad. En ese sentido, el mandatario ha sido calificado como dictador por sus opositores, activistas sociales y la población que desde hace varios años ha manifestado su descontento a través del grito “¡Fuera JOH!”.  

 

También señalan que el gobierno de Honduras mantiene un “control absoluto de la institucionalidad”, debido al apoyo del “grupo político, empresarial y militar que respalda al actual gobernante”, además de su favoritismo con el gobierno estadounidense, quienes han llegado a llamarle “dictador benigno”.

 

A lo largo de estos meses, las protestas no han cesado, ni siquiera disminuido. Según el director ejecutivo del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos de Honduras (Ciprodeh), Wilfredo Méndez, esta situación se debe a que las condiciones políticas y sociales que las originaron “siguen absolutamente presentes”.

 

Explicó que la respuesta del gobierno a las protestas consiste en una estrategia de represión que pretende “neutralizar, anular y evitar que la oposición política continúe con las protestas”, en contra de lo que califican como una “dictadura”.

 

Méndez detalló que persiste la impunidad alrededor de las violaciones a los derechos humanos porque “desde el golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya (2009), la Justicia de Honduras oprime a la víctima y protege al victimario, y esa situación no ha cambiado”.

 

Al contrario, agregó el defensor hondureño, “la estructura militar que controla a la Policía se ha vuelto más cruel”.

 

Mencionó como ejemplos de esa crueldad que la Policía “ha torturado” a civiles en plena vía pública sin importarles que les estén grabando. También, que ha recibido denuncias de personas que aseguran haber sido encarceladas y que luego son obligadas a hincarse sobre alambres “durante 8 horas o más”.

 

Para el director de Ciprodeh, “la brutalidad militar y policial en Honduras está amparada por una estructura institucional que garantiza esos extremos a los agresores”.

Comentarios  

0 #2 Yelson Vallejo 10-02-2018 20:51
El problema es el politico gobernantes usurpadores q se hacen valer de su poder para mantener a las fuerzas publicas en contrariedad con el pueblo y la policia por ejemplo servimos como titeres hasta de nuestros altas jerarcas policiales q venden su conciencias y doblegan su descencia al dinero; sin la mas minima idea q al final de todos estos engaños y ultrajes los afectados somos el pueblo pueblo; q DIOS sea tomando el control en nuestro pais y nuestra sociedad y nosotros la oposicion q somos todos el pueblo luchador tenemos q poner un lider sin ninguna tachadura ; "HASTA LA VICTORIA".
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0 #1 José Concepción lemu 09-02-2018 18:06
Hace falta decir que las Fuerzas policiales y militares no han respetado el domicilio de los ciudadanos ni edad han Arrojadondo bombas de gases que provocan todo tipo de afecciones en la humanidad no importó que los ciudadanos estuvieran en la privacidad de los hogares tiraron gases y hasta balas vivas,no importó que un manifestante estuvieran imposibilitado seguían golpeándolo y ultrajandolo
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