Debido a la incertidumbre creada por el gobierno de Donald Trump en cuanto a la renovación del Estatus de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés), organismos de protección de derechos humanos, advierten que al menos 252 mil centroamericanos serian deportados en los primeros meses de 2018.

 

Agencias / EL LIBERTADOR

 

Washington, EE.UU. Según el reporte de las máximas autoridades en protección de derechos humanos de Honduras y El Salvador, Estados Unidos podría deportar en los primeros meses de 2018 un estimado de 252 mil centroamericanos.

 

La amenaza está para Honduras, El Salvador y Nicaragua, y para estos entes, si eso se concreta causará un impacto a nivel regional, por las precarias condiciones sociales de estos países, sobre todo, en los dos primeros.   

 

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (Conadeh), Roberto Herrera Cáceres, advirtió que en el sistema interamericano de derechos humanos la expulsión masiva “no es admitida”.

 

Mientras que la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, Raquel Caballero de Guerra, dijo que está demostrado que la inmigración tampoco es una carga económica o social para EE.UU. sino “una importante contribución” a la social.

 

Los pronunciamientos de estos defensores, son en base a la especulación que hay con el Estatus de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés), ya que el presidente de esa nación, Donald Trump, tendrá que tomar una decisión este fin de semana.

 

Trump se debate entre aceptar o rechazar dar prorroga al TPS, en caso de una respuesta negativa, al menos 57 mil hondureños, 190 mil salvadoreños y cerca de cinco mil nicaragüenses, están a expensas de ser deportados.     

 

Cabe destacar que el TPS fue un sistema de apoyo otorgado a Honduras y Nicaragua en 1999, ya que estos países fueron abatidos por el Huracan Mitch en 1998. El Salvador fue incluido en 2001 luego del terremoto que sacudió ese país en ese mismo año.

 

La extensión del TPS es algo que se acepta o rechaza cada 18 meses y en los últimos años, EE.UU. también ha ofrecido ese sistema de apoyo a Haití, Nepal, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Siria y Yemen.    

 

La inquietud a nivel regional emergió luego de que el gobierno de Trump anunció a mediados de 2017 que los migrantes que viven en EE.UU. bajo ese plan deberían pensar en retornar a sus países, porque sus beneficios tampoco son indefinidos. El TPS concede residencia temporal en vez de permanente, permite permanecer y trabajar legalmente y pagar impuestos, entre otras ventajas.

 

Para Honduras y El Salvador, se han desplegado misiones diplomáticas para que se acepte continuar con el “auxilio”, ya que para estos países las remesas representan el Producto Interno Bruto (PIB).  

 

El Banco Central de El Salvador reportó que de enero a septiembre de 2017, ese país recibió 3,684 millones de dólares, mientras que el gobierno hondureño afirmó que en 2016 se registró el ingreso de 3,949 millones de dólares enviados desde EE.UU.  

 

De enero a junio de 2017, Honduras ha reportado que por remesas ha recibido unos 2,178 millones de dólares, mostrando un aumento interanual de 13.2 por ciento.

 

En este contexto, las condiciones de violencia, inseguridad y crisis económica en Honduras y El Salvador, son las causas principales que generaron la migración desde hace varios años de salvadoreños y hondureños a EE.UU., y los gobiernos no atacan el problema “porque lo ven como negocio”, según organizaciones protectoras de migrantes. Hasta junio de 2017, se deportaron a más de 22 mil "catrachos".

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