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“No deberíamos colaborar con la policía y el ejército de Honduras mientras ese gobierno no defienda los derechos humanos y responsabilice a las fuerzas de seguridad por sus crímenes”, cita un artículo/ensayo de opinión publicado en Londres por The Guardian, que ahora reproduce EL LIBERTADOR, en Honduras. 

 

 

 

 

 

 

 

El 2 de marzo de 2016, en Honduras, hombres armados irrumpieron y asesinaron en su vivienda a Berta Cáceres, una destacada activista indígena y ambientalista. Más temprano ese mismo día el gobierno había rescindido la escasa seguridad asignada a Berta, dejándola desprotegida. De las 33 amenazas que había recibido Berta, inclusive amenazas de muerte, ninguna fue investigada. Varios miembros del ejército hondureño fueron implicados en su asesinato, y se ha hecho caso omiso a los reclamos de la comunidad internacional por una investigación independiente.

 

Mientras el gobierno hondureño no proteja los derechos humanos y responsabilice a las fuerzas de seguridad por sus crímenes, no deberíamos colaborar con su policía y ejército. Mientras Estados Unidos siga financiando a las fuerzas de seguridad hondureñas sin exigir justicia para las personas amenazadas, torturadas y asesinadas, nuestras manos estarán manchadas de sangre. Es hora de suspender toda asistencia a la policía y el ejército de Honduras.

 

El asesinato de Berta Cáceres calza en el patrón actual de violencia permanente contra organizadores, activistas y población civil que impera en Honduras desde el golpe de 2009 que derrocó al gobierno democráticamente electo. Es posible incluso que las fuerzas entrenadas por Estados Unidas estén involucradas en el asesinato de Berta: un soldado afirma que el nombre de Berta Cáceres aparecía en una lista negra distribuida a un comando de élite de la policía militar hondureña que forma parte de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (FUSINA). El verano pasado, Fusina recibió capacitación de 300 miembros del ejército y personal civil estadounidense, incluidos infantes de marina (Marines) y agentes del FBI.

 

A pesar de este historial riesgoso, Estados Unidos continúa financiando a las fuerzas de seguridad hondureñas. En lo que va de 2016, Estados Unidos ya adjudicó al menos $18 millones de dólares para la policía y el ejército de Honduras. La solicitud presupuestaria de Barack Obama para 2017 incluye una solicitud de incremento del financiamiento para la policía y el ejército de Honduras. Además, el Banco Interamericano de Desarrollo otorgó un préstamo por $60 millones de dólares a la policía hondureña, con aprobación de los Estados Unidos.

 

Que la policía hondureña es corrupta es un hecho ampliamente documentado. En agosto de 2013, una comisión gubernamental encargada de hacer una limpieza de la policía admitió que casi tres cuartos de la fuerza policial era "irrecuperable". Asimismo informa Human Rights Watch: "El uso de medios letales por la policía nacional constituye un problema crónico. Las investigaciones sobre abusos policiales están viciadas de ineficacia y corrupción... y la impunidad es la norma".

 

Varios documentos filtrados implican a altos funcionarios de la policía hondureña en los asesinatos de 2009 y 2011 de dos personas que investigaban a la policía, Julián Aristídes Gonzáles y Alfredo Landaverde. Estos hombres investigaban los vínculos entre autoridades policiales, traficantes de drogas y el crimen organizado.

 

Pero el trabajo de Gonzáles y Landaverde puede haber estado incluso dirigido por el propio gobierno corrupto de Honduras. Un artículo publicado por el New York Times sugiere que el gobierno hondureño quizás haya inventado elementos de corrupción policial como excusa para hacer una limpieza en la fuerza policial y remplazarla con el ejército. Se cuestiona el compromiso personal del presidente Juan Orlando Hernández para hacer una limpieza en la policía. Por ejemplo, el Presidente volvió a designar a Héctor Iván Mejía, un supuesto violador de derechos humanos, como jefe de operaciones de la policía nacional y tiene antecedentes de apoyar el golpe y socavar el estado de derecho en varios frentes.

 

Este es uno de los muchos escándalos que supuestamente involucran al ejército y la policía de Honduras. Más de 100 pequeños campesinos activistas fueron asesinados en el Valle del Aguán desde 2009. En julio de 2013 fue asesinado Tomás García, un activista pacífico del pueblo Lenca. En diciembre de 2015 dos hombres indígenas afro-descendientes fueron asesinados cuando intentaban sacar un automóvil atascado en un banco de arena. A pesar del involucramiento documentado de las fuerzas de seguridad hondureñas, ninguno de estos crímenes fueron investigados adecuadamente y los casos siguen impunes.

 

La respuesta del presidente Hernández es descaminada. Le extendió al ejército tareas policiales a nivel nacional, en contravención de la Constitución de Honduras. La policía militar ha asesinado a gente desarmada que pasaba por los puntos de control. Ha lanzado gases lacrimógenos y golpeado a miembros del partido de la oposición Libre dentro del salón principal del Congreso. Arrestó y golpeó a un destacado defensor de los derechos de los niños, Guadalupe Ruelas, luego de que criticara al gobierno. Claramente, la creación de una policía militar no es la solución.

 

El asesinato de Berta Cáceres es un ejemplo del sombrío panorama que se vive en Honduras. La corrupción, la impunidad y la debilidad de la justicia e institucional han dado lugar a una crisis de derechos humanos en la que nadie está a salvo, ni siquiera una persona reconocida a nivel mundial y galardonada con el prestigioso Premio Ambiental Goldman.

 

Recientemente, cinco sospechosos fueron arrestados con relación al caso de Berta Cáceres. Uno de los arrestados es un oficial del ejército y otros dos son militares retirados. Teniendo en cuenta lo anterior, nos preocupa profundamente el papel que puede haber tenido el ejército hondureño en el asesinato de Berta Cáceres, incluida la cadena de mando militar. Nuestro colega, el Senador Patrick Leahy hizo referencia en el Senado a que el gobierno hondureño fue "cómplice al tolerar y alentar la impunidad que enfrentaban a diario Berta Cáceres y su comunidad”.

 

En múltiples cartas a la Secretaria de Estado, que datan incluso desde 2010, nos hemos sumado a nuestros colegas de la Cámara de Representantes para pedir la suspensión inmediata de la asistencia a las fuerzas de seguridad hondureñas. Ya basta — hace tiempo es hora de suspender la asistencia y exigirle al Departamento del Tesoro de Estados Unidos que vote en contra de todos los préstamos de los bancos multilaterales de desarrollo a las fuerzas de seguridad hondureñas.

 

La Ley Berta Cáceres de Derechos Humanos en Honduras (HR 5474) suspendería ese financiamiento y prohibiría el desembolso de préstamos internacionales que ofrecen asistencia en seguridad a Honduras, a menos que su gobierno adopte serias medidas para abordar las evidentes violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas militares y policiales.

 

Cuando se restablezca la justicia y cese la impunidad por las violaciones de derechos humanos, podremos reconsiderar.

 

Viernes 8 de julio de 2016, 06:30 EDT

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