En cuanto a la declaración de miembros de la Junta Nominadora que los resultados de las pruebas de confianza pertenecen al Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, la titular del IAIP, Doris Madrid, reiteró que “esa información es propiedad de pueblo”.

 

Redacción Central / EL LIBERTADOR

 

Tegucigalpa. La presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), Doris Madrid, en una entrevista exclusiva con EL LIBERTADOR expresó que los señalamientos de la Junta Nominadora “son palabras desafortunadas e incluso las llegan hasta el ámbito irresponsables e irrespetuosas al Estado de derecho y la propia institucionalidad”. 

 

Recalcó la funcionaria que la Ley de Transparencia “no es para entorpecer ningún proceso y tampoco para hostigar y dañar” y aseguró que es una ley para “que los ciudadanos tenga y puedan acceder a la información de gestión pública y generar confianza para que las personas participen abiertamente en el proceso de selección de magistrados”.

 

“Es un elemento que ayuda mucho a combatir la corrupción de los servidores públicos, porque podemos saber cómo ingresa y como sale de un puesto público, luego Honduras a suscrito lo que es la iniciativa de gobierno abierto”.

 

Recordó Madrid que la iniciativa tiene la función de exigir la publicación del patrimonio y fuentes electas a altos funcionarios y se permita revelar la corrupción y los posibles conflictos de intereses, “pero en Honduras no podemos conocer una prueba de confianza que se llama declaraciones patrimoniales”.

 

“Esta iniciativa la suscribió el estado de Honduras en septiembre de 2011, y están suscritos todos los países del mundo y los más industrializados para poder ayudar a todos los países pequeños y grandes a combatir la corrupción”, señaló.  

 

En cuanto a la declaración de miembros de la Junta Nominadora que los resultados de las pruebas de confianza pertenecen al Consejo de Seguridad y Defensa Nacional –dirigido por el presidente Juan Hernández–, la titular del IAIP reiteró que “esa información es propiedad de pueblo y esta es un derecho que consolida la libertad de expresión”.

 

En todo el tiempo que ha dirigido el IAIP, Madrid aseguró que jamás había tenido problemas porque todas las instituciones del Estado se han sometido a la ley, “con la excepción de la Junta Nominadora que ha estado renuente a publicar los resultados de las pruebas de confianza”.

 

El problema podría originarse –añadió– desde la escogencia de los miembros de la Junta Nominadora, ya que se debió seleccionar a personas que conozcan más a fondo la ley, ya que “la Junta se dio por interpretar la ley de confianza a su criterio y una cosa es guardar reserva de un trabajo que yo tramito, y otra cosa es se decreta reserva de información, y luego dice otra frase ‘con criterio de seguridad nacional’”.     

 

“El tema de trasparencia no me faculta en emitir supuestos o juicios de valor, pero si me faculta en exigir que se le entregue información a la sociedad para que esta haga valoraciones” concluyó Madrid.

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