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Los encargados de seleccionar el nuevo pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), han explicado que al momento de realizar una sesión llegaron al extremo de dejan sus celulares en otro lugar para evitar ser escuchados.

 

Redacción Central /  EL LIBERTADOR

 

Tegucigalpa. Después que trascendiera la denuncia por parte de los integrantes de la Junta Nominadora que están siendo monitoreados a través de intervenciones telefónicas, actores sociales se pronuncian sobre el tema.

 

Los encargados de seleccionar el nuevo pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), han explicado que al momento de realizar una sesión llegaron al extremo de dejan sus celulares en otro lugar para evitar ser escuchados.

 

El secretario de la junta Alfredo Ponce, reveló que la intervención comenzó desde que tenían su sede en la colonia Palmira, al percatarse que sus teléfonos celulares están siendo intervenidos y con la repentina llegada de dos agentes que cuestionaron temas que habían sido abordados de manera exclusiva en las reuniones de la junta.

 

Asimismo los nominadores no descartaron posibles cámaras ocultas colocadas en dicha sede, por lo que calificaron dicha acción como una presión extrema constituyendo a una violación a los derechos humanos y a la secretividad que debe imperar durante el proceso de escogencia.     

 

En medio de la polémica de las supuestas intervenciones telefónicas el presidente de la Junta Nominadora, Ricardo Rodríguez  manifestó que a pesar de la incomodidad generada por la sospecha que sus teléfonos celulares estén “pinchados” y sus correos electrónicos estén siendo revidados por terceros.

 

“Eso ya me tiene sin cuidado porque este trabajo que estamos haciendo es para Honduras y por Honduras”, aseguró.

 

Asimismo solicitó protección para que no se vulnere el derecho a la privacidad y que se aclare si agentes con índole criminal podrían estar indagando sobre sus vidas al valerse de la tecnología para provocar algún daño.

 

Al conocer la situación, el defensor del pueblo, Roberto Herrera Cáceres, manifestó que aunque no se puede asegurar las escuchas telefónicas, es pertinente que se realice una investigación, porque a su criterio la Junta Nominadora hasta los momentos ha realizado su trabajo de una manera transparente.

 

En caso de afirmarse la denuncia, añadió, “lo grave es que se intervenga a una persona sin orden judicial porque se estaría cayendo en violación al ordenamiento jurídico”.

 

De igual manera la subcomisionada de DDHH Linda Rivera manifestó que hasta el momento se desconoce de dónde se originan estas acciones, pero deben ser investigadas ya que no se puede constatar si las intervenciones telefónicas “están siendo realizadas por el crimen organizado, y no provienen de una entidad de inteligencia”.

 

Según el relato de algunos miembros de la Junta, han consultado a expertos en este tipo de situaciones, y ellos les facilitaron una clave para determinar si su aparato telefónico está bajo intervención, no obstante algunos miembros de inteligencia les explicaron que la clave no funciona en todos los celulares.     

 

Por su parte la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), también se pronunció al respecto, exigiendo a las autoridades que investiguen y resuelvan el asunto, de igual manera constatar si con la intervención se ha cometido un delito para sancionar y deducir responsabilidades.

 

“Sería grave que esto esté sucediendo con la intención de amedrentar a los integrantes de la Junta Nominadora y en tal sentido urge que las dependencias del Estado que tienen facultades para ‘pinchar’ teléfonos despejen las dudas y garanticen que esto no está acaeciendo”, manifestó Omar Rivera, coordinador de APJ.    

 

Por su parte, el activista del Partido Nacional, Fernando Anduray, dijo que que en caso de existir una intervención para escuchar las llamadas que realizan los integrantes de la Junta Nominadora, “dañará la imagen del gobierno al invadirse la privacidad y la intimidad de un asunto tutelado por la constitución”.

 

Añadió que ya “que existe un procedimiento legal por el cual la Fiscalía puede actuar directamente, no es que se le antoje a cualquier persona escuchar las cosas que le caen a su teléfono”, concluyó.

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