Al comparar los perfiles de los candidatos a magistrados de 2002 y 2009 con los actuales, EL LIBERTADOR no duda en afirmar que el actual proceso de selección ha colapsado, y una vía más amplia para bloquear los grupos fácticos sería dejar la elección a la ciudadanía mediante votación directa.

 

Redacción Central / EL LIBERTADOR

 

Tegucigalpa. Tal como lo prometimos en la edición de octubre 2015, EL LIBERTADOR continúa realizando esfuerzos para que el pueblo hondureño conozca las semblanzas de los precandidatos que aspiran a convertirse en magistrados de la Corte Suprema de Justicia periodo 2016-2023. En esta edición presentamos 19 de los 20 postulantes de la Sociedad Civil y 11 de los 17 del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), ya que cuatro de ellos los mencionamos en la edición anterior, porque también han sido nominados por el Colegio de Abogados y las Universidades.

 

MÁS DE LO MISMO

Los  tres restantes son magistrados dela actual Corte Suprema de Justicia, propuestos por el COHEP, que consideramosno vale la pena referirnos a ellos ya que son de todos conocidos;son  los responsables directos de la impunidad que impera en el país, avales del golpe de Estado de junio de 2008, títeres de la estructura del poder, cobardes acomodados que fueron incapaces de solidarizarse con sus cuatro compañeros de la Sala de los Constitucional, defenestrados de manera ilegal por el Congreso Nacional en diciembre de 2012.

 

“…POCOS ELEGIDOS”

Llama la atención que el COHEP tenía la oportunidad de nominar 20 candidatos a magistrados, pero sólo seleccionó17, al aparecer les resultódifícil encontrar candidatos idóneos que respondieran a sus intereses dentro del universo aproximado de 1,700 abogados y notarios que tenían a su disposición.

 

Aspira a “magna jueza” y podría golpear a quien ofenda “estrella solitaria”

 

Quienes conocen a Gladys Ondina Zavala Mejía, furibunda activista del Partido Nacional, aseguraron a este rotativo que puede hasta de golpear a quien siquiera hable mal de su partido. En la actual directora general de Servicio Civil. Y fue propuesta como candidata a magistrada por la Federación Nacional de Empleados Públicos de Honduras (ANDEPH).

 

“DEJA VU”

EL LIBERTADOR accedió a una fuente fidedigna que nos relató la forma fraudulenta de cómo seleccionaron sus candidatos las organizaciones no gubernamentales (ONGs) aglutinadas en la  Sociedad Civil y representadas en su mayoría por pastores de la Confraternidad Evangélica de Honduras (CEH) y la Federación de Organizaciones de Vendedores de Mercados de Honduras (FOVEMERH).- Lo ocurrido fue “deja vu” (ya visto) de accidentadas asambleas en el auditorio del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) cuando la Sociedad Civil eligió sus dos aspirantes a magistrados.

 

“OVEJAS MANSAS”

El comité técnico de evaluación de candidatos de la Sociedad Civil  estuvo coordinado por Yanse Carolina Fúnez, casada con Luis Eveline, exgerente del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), recordado por su nefasto papel en la selección de candidatos a Fiscal General y Fiscal Adjunto en agosto de 2013. Eveline fue el causante que la rectora de la Universidad Nacional, Julieta Castellanos y el entonces Comisionado de los Derechos Humanos (CONADEH), Ramón Custodio,  se retiraran del proceso de selección.- Luis Eveline participó en la elección de los fiscales para cumplir con el mandato de incluir a Oscar Chinchilla, que había sido descartado al no aprobar el examen psicométrico, el mismo presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera Avilés, declaró ante los medios de comunicación que Chinchilla no había superado tan importante prueba. 

 

DE TAL ESPOSO…

Yanse Fúnez de Eveline, esposa de Luis, faltó a la ética al permitir que a última hora dos personas que no habían participado desde el inicio del proceso de evaluación de magistrados, bajaran calificación a los que habían aprobado el examen y las elevaran a otras que no habían superado las pruebas, pero que eran los favoritos y favoritas de Casa Presidencial, representada en esa oportunidad por Roberto Chang Castillo, ahora Secretario de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización. Al momento de la elección, Yanse portaba el listado con los 20 togados por los cuales deberían votar los pastores y propietarios de mercados, quienes como borregos cumplieron con la línea gubernamental.- Así fue la elección de aspirantes a magistrados de la Sociedad Civil hace unos meses en el bullicioso auditorio del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

 

GENTE DE LA “CASA”

Según la fuente consultada, los favoritos del Gobierno para estar entre los 20 nominados eran Abraham Alvarenga Urbina, Procurador General de la República; Nívida Flor Hernández Agurcia, presidenta de la junta interventora del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA); Rolando Edgardo Argueta  Pérez, coordinador de Fiscales; Félix Alberto Chávez Romero, ex regidor municipal de Tocoa, Colón; y Rusbelinda Sánchez Maradiaga, apoderada legal de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras (FENAGH).

 

Confraternidad Evangélica conspira contra paz social       

 

Los pastores que dirigen la Confraternidad Evangélica de Honduras ya no muestran ningún recato a la hora de apoyar proyectos que dividen a la nación y fomentan ingobernabilidad como ha sido su nefasta participación en el golpe de Estado, y ahora imponiendo candidatos a magistrados afines al partido de gobierno. 

 

SEMBLANZAS DE SOCIEDAD CIVIL

 

Abraham Alvarenga Urbina:

Nacionalista, hombre de confianza del presidente de la república, originario de La Virtud, departamento de Lempira, dos veces diputado por el Departamento de Lempira; la Fundación Democracia sin Fronteras  lo calificó con cero productividad legislativa. Se le recuerda por las prolongadas ausencias a las sesiones.  Actual Procurador General de la República, nombrado de manera ilegal a sólo nueve días de la toma de posesión del nuevo gobierno de Juan Hernández, con el propósito de que el nuevo Congreso integrado por los noveles Partidos Anticorrupción (PAC) y Libertad y Refundación (LIBRE) no tuviesen la oportunidad de proponer candidatos.

En el proceso de selección de la Sociedad Civil fue uno de los candidatos más votados, pese a que no era el de más alto perfil, pero sí el que llevaba “línea” de Casa Presidencial. Fue propuesto por la Confraternidad Evangélica, quienes dicen llamarse la “reserva moral del país”. 

 

 

Con pocas excepciones, la Sociedad Civil y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), postularon hombres y mujeres comprometidos con la elite política y económica; incapaces de tomar decisiones sin la orden de quienes los llevan a gozar cargos en el sistema judicial.  

 

Brenda Celina Hernández Ferrufino:

Propuesta por la Asociación de Pastores de El Progreso. Labora en el Poder Judicial de San Pedro Sula, tiene una maestría en Psicología. No fue una de las candidatas mejor evaluadas, su apariencia desaliñada no causó buena impresión.

 

Carlos Humberto Medrano Irías:

Nacionalista, litigante con experiencia, radica en San Pedro Sula, fue propuesto por la Confraternidad Evangélica. Aparentemente es apreciado entre el circulo de abogados sampedranos. Es hermano del abogado Leonel Machado Irías.

 

Edwin Francisco Ortez Cruz:

Propuesto por la Confraternidad Evangélica, se desempeña como asistente de magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), fue asistente de la exmagistrada de la Sala de lo Civil, María Elena Matute de Hernández, cuñada del presidente de la república, Juan Hernández y hermana de Oscar Raúl Matute, Secretario del Interior del gobierno de facto de Roberto Michelleti Baìn.

 

Félix Alberto Chávez Romero:

Fue Regidor Municipal de Tocoa, Colón, en el gobierno del nacionalista Ricardo Maduro Joest. En el portal de internet del Movimiento Amplio por la Dignidad (MADI) el 9 de junio de 2008  reproduce un requerimiento fiscal contra el alcalde Carlos Hernán Banegas Lazo (después convertido en diputado) y contra la corporación municipal en pleno del periodo 2002-2006, en la que Chávez Romero era su regidor. El Fiscal contra la Corrupción de ese entonces, Luis Javier Santos Cruz los acusó de abuso de autoridad por aprobar la compra directa, sin proceso de licitación como la ley lo señala, de una motoniveladora a un costo de 140 mil dólares. MADI denunció que la acusación se encontraba archivada en el Poder Judicial desde 2006. 

 

Francisco Daniel Gómez Bueso:

Originario de Santa Bárbara, profesional con experiencia, propuesto por la Confraternidad Evangélica de Honduras. Asesor del magistrado Tomás Arita Valle, también asesoró al expresidente de la CSJ, Miguel Ángel Rivera Portillo. Ha elaborado varios estudios sobre derecho constitucional publicados en la Revista del Foro Constitucional Iberoamericana. Ya había sido nominado a magistrado en 2002 por el Colegio de Abogados de Honduras. 

 

Gladys Ondina Zavala Mejía:

Activista del Partido Nacional, en las elecciones generales de 2013  actuó como supervisora de mesas electorales. Las personas que la conocen afirman que es capaz de aliarse a golpes con cualquiera que ose ofender al partido de la estrella solitaria. Es la Directora General de Servicio Civil. Fue propuesta  por la Federación Nacional de Empleados Públicos de Honduras (ANDEPH).

 

José Emeterio Rodas Pavón:

Nacionalista, apoderado legal de los propietarios de locales de los mercados. Recomendado por la Federación de Organizaciones de Vendedores de Mercados de Honduras (FOVEMERH).

 

Lidia Álvarez Sagastume:

Pertenece a la línea sectaria del Partido Nacional, fue miembro del Tribunal de Justicia Partidaria del Partido Nacional, nominada por la Confraternidad Evangélica. Fungió como Secretaria Ejecutiva del Instituto de la Propiedad y directiva de la Contraloría del Notariado de la CSJ durante el gobierno de Porfirio Lobo Sosa. Además fue asesora jurídica del Registro Nacional de las Personas, del desaparecido Patronato Nacional de la Infancia y de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Ya había sido postulada a magistrada en 2008 por las universidades nacionales.

 

Luis Francisco Cruz Torres:

Forma parte de la nueva y numerosa camada de notarios, litigante desde hace varios años, propuesto por la Confraternidad Evangélica. Trabajóen el Instituto Hondureño de Seguridad Social y fue apoderado legal del desaparecido Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (INHFA).

 

María Paulina Pérez Núñez:

Nacionalista, tenía una trayectoria profesional superior a los 25 años en el Poder Judicial hasta que tuvo divergencias con Lilian Maldonado, miembro suplente del Consejo de la Judicatura, por lo  cual renunció; todo por la disputa de unviaje a Chile que por la naturaleza de las funciones de Pérez Núñez le correspondía a ella, sin embargo Lilian Maldonado fue la favorecida, lo que desencadenó en fuertes diferencias entre ambas. En 2008 se auto propuso para magistrada.

 

Nery Esteban Baca Mondragón:

Propuesto por las iglesias evangélicas Peniel.- Su nombre aparece en la lista de abogados recomendados porla Embajada de los Estados Unidos en Honduras. Se ha dedicado al libre  ejercicio der la profesión. En el portal dela Secretaria de Finanzas menciona que el 14 de marzo de 2014 recibió  la suma de 91 mil lempiras por concepto de serviciosprestados ala Unidad Especial de Proyectos de Energía Renovable dela Empresa Nacional de EnergíaEléctrica (ENEE). En 2008 las centrales obreras lo propusieron como candidato a magistrado.

 

Estos candidatos destacan, sobre todo los de la Sociedad Civil, por un pobre perfil profesional y académico. Quienes los eligieron ponderaron más el historial de partido que la ilustración. 

 

Nívida Flor Hernández Agurcia:

Nacionalista, propuesta por Casa Alianza, era una profesional desconocida hasta que fue nombrada presidenta de la junta interventora del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), goza de mucha confianza de la Casa Presidencial.

Según versión de un testigo de la elección, fue evidente la presión  ejercida para que formara parte de los 20 candidatos de la Sociedad Civil, pese a que no pasó las pruebas de la comisión técnica evaluadora, pero la coordinadora de la comisión, Yanse Carolina Fúnez de Eveline se impuso para que fuera sometida a la votación final.

La influencia de Nívida proviene de su madre la abogada Gilma Agurcia Valencia de Hernández, reconocida militante nacionalista de la línea de Oswaldo Ramos Soto y Rigoberto Chang Castillo; es nada menos que la asesora legal de la nueva dependencia del Poder Ejecutivo denominada Secretaría General del Gobierno dirigida por Jorge Ramón Hernández Alcerro. En agosto de 2009 Gilma Agurcia fue nombrada comisionada del Instituto de Acceso a la Información (IAIP) junto a los liberales Elizabeth Chiuz Sierra y Arturo Echenique Santos. Chiuz Sierra presentó  la renuncia de su cargo porque tanto Echenique como Agurcia se habían confabulado en su contra para boicotear su gestión, los acusó de paracaidistas y de emplear a parientes.- Nívida es hermana de Juan Pablo Hernández Agurcia, director de la Unidad de Registro y Seguimiento de Asociaciones Civiles (URSAC), dependencia del Ministerio de Gobernación y Justicia.

 

Nora Suyapa Urbina Pineda:

Recalcitrante nacionalista, propuesta por Word Vision (Visión Mundial), organización humanitaria religiosa y ecuménica patrocinada por Estados Unidos. Posee una maestría en Derechos Humanos, veinte años de carrera como Fiscal en el Ministerio Público, en la actualidad es Fiscal Especial de la Niñez. Es consuegra de Nicolás García Zorto, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia durante el periodo de Vilma Cecilia Morales. Obtuvo su licencia de Notaria el 5 de mayo de 2015.

Algunos profesionales del derecho resienten de Urbina su silencio ante la decisión de este gobierno de desentenderse de los centros de atención de los niños en riesgo social, entregándolos a las alcaldías y organizaciones no gubernamentales que desconocen el tratamiento que merecen los infantes; Urbina tiene la facultad de actuar de oficio. Ante la alarmante ola de asesinatos de menores tampoco se ha escuchado su voz. Sin embargo, hay otro grupo de personas que aseguran que es una profesional dispuesta a atender las demandas de quienes solicitan los servicios de la Fiscalía.

 

“No dude que Nìvida Hernández, Rolando Argueta y Abraham Alvarenga estarán dentro de los 45 candidatos que presentarán ante el Congreso Nacional”, afirma una fuente que vivió el interior de la discutida elección de los que demandan una magistratura por la “Sociedad Civil”.

 

Rolando Edgardo Argueta Pérez:

Nacionalista, nacido en Lepaera, Lempira, fue propuesto por la Confraternidad Evangélica, las centrales obreras también lo llevan en su lista de candidatos. Sin tener carrera de fiscal fue nombrado director de Fiscales del Ministerio Publico pocos días después de la asunción a Fiscal General de Oscar Chinchilla, éste mantuvo relación laboral con Argueta Pérez cuando estuvieron asignados por el Poder Judicial en los conflictivos juzgados de Copán.

Argueta fue juez de Paz de los Criminal, juez de Letras del Tribunal de Sentencia y magistrado de la Corte de Apelaciones de Copán. Es catedrático universitario con estudios de Postgrado en materia penal. El Congreso Nacional lo nombró Consejero propietario de la Judicatura, cargo que no asumió porque días después fue nombrado coordinador de fiscales. También compitió para ser Fiscal General del Estado. Aseguran que tiene mucha capacidad profesional, pero critican que no tiene el valor de iniciar procesos de investigación a sus amigos involucrados en acusaciones ilícitas.

Después de que salió a la luz pública el cierre forzoso de Banco Continental y la intervención de las empresas del grupo económico de la familia Rosenthal, Argueta tuvo el cinismo de afirmar ante los medios de comunicación que el Ministerio Publico no había hecho ninguna investigación por lavado de activos contra la poderosa familia, pese a que durante el periodo comprendido del 25 de junio de 2012 al 28 de mayo de 2015, la Comisión de Bancos y Seguros (CNBS) envió once 11 denuncias a la Fiscalía General del Estado contra el grupo Continental por concepto de “captaciones irregulares de fondos del público” realizadas por Inversiones Continental Panamá, S. A. e Inversiones Continental, S. A. de C. V.

 

Rusbelinda Sánchez Maradiaga:

Además de Abogada y Notaria, posee los títulos universitarios en Administración Agropecuaria y Pedagogía. Laboró en la Secretaría de Educación como maestra. Es apoderada legal de la Federación Nacional de Ganaderos de Honduras (FENAGH). Se convirtió en Notaria el 15 de enero de 2015.

 

Servando Alcerro Saravia:

Nacionalista, pastor evangélico, él y su familia dirigen la iglesia  Centro de Avivamiento Jesucristo es Rey –CEAV-, de la ciudad de Comayagua. Propuesto por la Confraternidad Evangélica. Fue comisionado municipal de Comayagua y comisionado del Instituto Nacional Penitenciario. Es socio fundador del Bufete legal Servando Alcerro y Asociados, ubicado en Comayagua.

 

Salvador Antonio Moreno Nolasco:

Originario de Gracias, Lempira. Es socio del bufete Legal M & M, Juristas, S.A., dirigido por la Abogada Dulce María Miralda Fúnez, de la ciudad de Tegucigalpa, recomendado por la Embajada de los Estados Unidos  en su portal del internet. También es pastor evangélico.

 

Tania Petrona Fuentes demandó al Estado

 

Propuesta por la Red para el Desarrollo Global (RDG). No pasó las pruebas de la comisión técnica evaluadora de la Sociedad Civil. Trabajó en el Instituto de la Propiedad (IP). En la página electrónica de la radio HRN del 25 de febrero de 2013 aparece una denuncia de los empleados del IP por hostigamiento, que dice entre otras cosas: “A tal grado que los vigila (a los empleados) en el parqueo y pretende despedir a algunas compañeras en estado de embarazo y otras madres solteras”.

En el diario oficial La Gaceta del 9 de enero de 2015, el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo publicó un aviso en el que comunica que la abogada Tania Petrona Fuentes demandó al Estado a través del Instituto de la Propiedad, en el que exige reintegro a sus labores, pago en concepto de salarios dejados de percibir e intereses por costas del juicio, basada en el Acuerdo CD-IP número 015-2014 del 18 de junio de 2014. A julio de 2014 la demanda ascendía a 365 mil lempiras.

 

Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP)

 

 

Aníbal Federico Izaguirre Maradiaga:

Fiscal del Ministerio Público, participó en el amañado e ilegal concurso para elegir al Fiscal General y Adjunto que se realizó en agosto de 2013, en el que logró pasar a la segunda fase.

 

Carlos Enrique Bueso Pineda:

En la preselección de candidatos de 2008 también participó nominado por el COHEP. Es el presidente del Consejo de Administración de la Universidad de San Pedro Sula (USAP). Ha sido asesor de varias instituciones financieras. Fue presidente del Club Rotario de San Pedro Sula durante el periodo 2013-2014.

 

Edwin Armando Pineda Madrid:

Se dedica al libre ejercicio de la profesión. Trabajó en el Poder Judicial, ha sido apoderado legal de instituciones financieras como BANPAÍS y DAVIVIENDA.

 

Nacionalista, mantiene una estrecha relación de amistad con la primera dama de la nación Ana García Carias de Hernández, por lo tanto es persona de confianza del mandatario de la república. Ha hecho carrera judicial. Es la presidenta de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), una institución en la cual los políticos y banqueros más poderosos del país influyen de manera directa en las decisiones que conciernen con el ordenamiento y supervisión financiera.

Fue Procuradora  General de la República durante el mandato de Porfirio Lobo Sosa, en una jugada sucia renunció al cargo 10 días antes de tomar posesión la nueva administración de Juan Orlando Hernández, para prestarse al nombramiento ilegal del nuevo Procurador y que le correspondía a la nueva legislatura en la que los partidos Anticorrupción (PAC) y Libertad y Refundación (LIBRE) debieron haber participado. Con la maniobra el bipartidismo tuvo el camino libre para escoger a sus nuevos peones. Junto a Ethel también renuncio el Subprocurador, Ricardo Rodríguez, de filiación liberal y actual coordinador de la Junta Nominadora para elegir candidatos a magistrados.

Sus colegas abogados no salen del asombro por la manera tan expedita en que la Contraloría del Notariado le otorgó la licencia para ejercer el Notariado, apenas 13 días calendario (11 días hábiles) después de realizado su examen público, mientras otros tienen que esperar varios meses y hasta muchos años para realizar el examen y para que los inscriban. La celeridad provoca suspicacias justificadas ya que solo demuestra el interés de sus patrocinadores de que forme parte  de  la nueva Corte Suprema de Justicia.

 

El número de candidatos a magistrados del Partido Nacional aventaja a los liberales. ¿Acaso el Partido Liberal ya se resignó a ser una minoría en la nueva Corte Suprema de Justicia periodo 2016-2013?

 

Félix Antonio Ávila Ortiz:  

También está nominado por el Colegio de Abogados y por las centrales obreras. Director del Bufete legal Ávila. Desde 1990 inició carrera como fiscal y juez. Posee vasta experiencia en materia penal. Desde 2006 catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH). Es autor de libros relacionados con la materia legal. Compitió para Fiscal General en agosto de 2013.

En mayo de 2008, el pleno dela CSJ destituyó a Ávila Ortiz de su cargo de Juez de Sentencia por habérsele encontrado culpable del extravío de 200 mil lempiras que había depositado el empresario Roberto Sempé por concepto de fianza. También fueron destituidos Rosa Elena Bonilla, presidenta del Tribunal de Sentencias y el jefe de la Sala y el secretario de la Sala Primera, Alberto Serrano, quien era el responsable de la custodia de los fondos de la fianza. Ávila también es conocido porque libró de la cárcel a uno de los hijos del expresidente Rafael Leonardo Callejas, por el delito de falsificación de cheques.

 

Guillermo Arturo Caballero Castro:

Nacionalista, fundador del consultorio Legal “G Caballero y Asociados”.  Estuvo asociado con el Bufete Chang Castillo, surgió como producto del “Oswaldismo” (Oswaldo Ramos Soto), sus aspiraciones de ubicarse en cargos de relevancia se han frustrado, es la segunda vez que el COHEP lo nomina para magistrado, la primera fue en 2008 y pasó a la segunda etapa de la eliminatoria. Está casado con la economista Desiré Medrano, exfuncionaria del Banco Central de Honduras y es directora ejecutiva del Consejo Hondureño de la Industria Petrolera (COHPETROL).

Caballero es el presidente del claustro de profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). El claustro de profesores pidió declarar nulo el fallo de la Sala de lo Constitucional que deja abierta la posibilidad de la reelección presidencial y pidió que se deduzcan responsabilidades a los magistrados que  tomaron la decisión.

 

José Mauricio Salazar Mejía:

Se dedica al libre ejercicio de la profesión, tiene una maestría en derecho empresarial, es catedrático universitario. Su padre es el economista Abel Salazar, exfuncionario del Banco Central de Honduras.

 

Juan José Alcerro Milla:

Poseedor de dos apellidos de familias que tradicionalmente han estado bien conectadas social y políticamente. Habla tres idiomas (español, inglés e italiano), hizo estudios universitarios en Honduras, Guatemala y España. Es numerario del Opus Dei, facción elitista de la iglesia católica.

El numerario o numeraria es: “aquel fiel que, en celibato apostólico, tiene una máxima disponibilidad personal para las labores apostólicas peculiares de la Prelatura; pueden residir en la sede de los centros de la Prelatura, para ocuparse de esas labores apostólicas y de la formación de los demás miembros del Opus Dei”.- Ha sido apoderado legal de Argos de Honduras (antes Lafarge Cementos) y de la firma panameña Serdan Business, S. A. Es uno de los representantes en Honduras de la firma legal centroamericana “Aguilar Castillo Love”. Se ha desempeñado como árbitro de loa Cámarade Comercio de Honduras. Su nombre aparece en la lista de referentes para hacer negociosen Honduras de la revista “Doing Business 2015” (Haciendo negocios 2015) editada por el Banco Mundial.

 

Juan José Ayala Orellana:

También está propuesto por la Corte Suprema de Justicia. Ingresó al Poder Judicial por un proceso de selección y ha hecho carrera. Ha sido Juez de Sentencia de Comayagua.

 

Juan Wilfredo Castellanos Hip:

Originario de San José de Colinas, Santa Bárbara, tiene trayectoria profesional en materia de derechos humanos como Comisionado Regional del Norte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CONADEH). Su padre es Wilfredo Castellanos, cafetalero,  exalcalde de San José de Colinas y uno de los fundadores del movimiento liberal de centro-izquierda M-Líder que encabezó el expresidente Carlos Roberto Reina Idiáquez.

 

Santos Gabino Carbajal: “El abogado de mineras”

 

En la preselección de 2008 también fue propuesto por el COHEP, es liberal, muy conocido por ser consultor y apoderado legal de transnacionales mineras, expresidente de la Asociación Nacional de Minería Metálica de Honduras (Anamimh) y coordinador de la comisión jurídica de concertación de la Ley General de Minería.

Carbajal es socio del Bufete Rosa y Asociados, cuyo fundador es Leónidas Rosa Bautista, exfiscal del Estado y embajador de Honduras ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y su esposa la exmagistrada Irma Violeta Suazo de Rosa. El Bufete Rosa y Asociados forma parte de la exclusiva lista de firmas legales recomendadas por la Embajada de Estados Unidos en Honduras.

 

Parientes compiten por una candidatura

 

Los abogados que ambicionan convertirse en magistrados para el periodo 2016-2023 están probando suerte y compiten entre parientes para aumentar de esta manera las oportunidades de ser seleccionados entre los 200 que aspiran.

Una de las togadas que compite con su hija Ana Gabriela Aguilar Pineda es Teodolinda Pineda Cardona; Iván Adán Martínez Ordoñez y Rosa Elena Bonilla son cónyuges, los cuatro aparecen en el listado de autopropuestos.- Por su parte Roxana Lizeth Morales Toro, candidata de la Corte Suprema de Justicia es sobrina de Felipe Arturo Morales Cárcamo, nominado por el Colegio de Abogados. Rosa de Lourdes Paz Haslam de Pérez, actual magistrada de la CSJ y propuesta por las centrales obreras es cuñada de Juan Carlos Pérez Cadalso Arias, quien está nominado por las universidades y el COHEP.

Comentarios  

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