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Candidatos del bipartidismo, sobre todo nacionalistas, eternos “chamberos”; “niños” y “niñas” consentidas del poder; personajes cuestionados por corrupción, son algunas de las cualidades, salvo excepciones, de un buen número de futuros magistrados del Poder Judicial, seleccionados por el Colegio de Abogados de Honduras (CAH) y las universidades públicas y privadas. 

 

Redacción Central / EL LIBERTADOR

 

Tegucigalpa. Este periódico inicia una serie de semblanzas de los candidatos a magistrados del Poder Judicial 2016-2023. En esta primera entrega, hemos investigado a los 38 candidatos que el Colegio de Abogados de Honduras y las universidades públicas y privadas seleccionaron para aspirar a ser altos jueces.

 

La elección de los postulantes estuvo llena de irregularidades que han sido denunciadas por la vía judicial. Mientras que las universidades hicieron su escogencia a puertas cerradas, sin que la población conociera las bases del proceso; el Colegio de Abogados la realizó, aparentemente, de manera democrática, sin embargo estuvo  plagada de anormalidades, entre ellas, precandidatos agregados a última hora, papeletas de elección insuficientes, votantes con brazaletes de identificación política y autobuses contratados para transportar como borregos a los togados.

 

CANDIDATOS DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS

 

SUYAPA PETRONA THUMANN CONDE: es nacionalista, vicepresidenta del Claustro de Profesores de Derecho de la UNAH. Fue jueza de lo Contencioso Administrativo, magistrada de la Corte de Apelaciones del Trabajo y magistrada de la CSJ entre 2002 y 2009, integrando la Sala Constitucional. En 2014 concursó para ser comisionada del IAIP, en representación del Foro Nacional de Convergencia (Fonac). Ha tenido fuertes vínculos con los gobiernos de “Pepe” Lobo y Juan Hernández. Fue contratada  para prestar consultorías a la presidencia de Coalianza, devengando en honorarios 60 mil lempiras mensuales, entre abril y diciembre de 2014. En enero de 2014 recibió 112,500.00  lempiras por “servicios profesionales”. Fue contratada por un mes (diciembre 2014) como asesora jurídica del Fonac, por 30 mil lempiras. Fue consultora de la secretaría de Trabajo en 2010 y recibió 4,250 dólares por un mes y 20 días y otro contrato por doce meses –en 2011– por 29,833.33 dólares. Representó a la  empresa Constructora Aguirre (Consta) en una demanda contra el Estado por 153 millones de lempiras por un reclamo contra Soptravi. El juicio fue ganado por Consta en junio de 2013.

 

MANUEL ENRIQUE ALVARADO CASCO: es nacionalista recalcitrante. Propuesto por el CAH y es la segunda vez que se postula; la primera fue en 2008. Es hermano del abogado Godofredo Alvarado, exasesor jubilado del Banco Central de Honduras (BCH). Es de vasta experiencia, maestro universitario y bien conectado políticamente. Es conocido por “Mama Yoya”, que no le causa gracia. Concursó para fiscal general y adjunto.

 

GAUDY ALEJANDRA BUSTILLO MARTÍNEZ: fue propuesta por sociedad civil. Candidata a diputada en las elecciones de 2013 e integró planilla en el movimiento Salvemos Honduras de Ricardo Álvarez. Goza de la simpatía de Casa de Gobierno. Con vínculos en las FFAA; su padre es el capitán de navío en retiro Óscar Bustillo. Se ha desempeñado como asesora legal de la Fuerza Naval; luego, como apoderada del Instituto de Previsión Militar (IPM). Tiene maestría en Defensa y Seguridad Centroamericana con el Colegio de Defensa. En España, obtuvo máster en Derecho Internacional. En 1995, fue Miss Ocotepeque y representó al país en el concurso internacional Nuestra Belleza Latina, en Miami.

 

JOSÉ ROGELIO PENAGOS FAJARDO: nominado por el Cohep. Apoderado legal de transnacionales pertenecientes al grupo inglés Sabmiller, como Cervecería Hondureña y Azucarera del Norte (Azunosa). Es catedrático de  la Universidad Tecnológica Centroamericana (Unitec) y UNAH.

 

CARLOS ROBERTO ORTEGA MEDINA: calificado por sus excompañeros de “niño bonito” de la expresidenta de la CSJ, Vilma Morales. Laboró como director del Centro Electrónico de Documentación e Infomación Judicial (CEDIJ). Cuando Morales fue nombrada presidenta de la Comisión de Bancos, lo designó Secretario General; en la Junta Interventora del IHSS, se convirtió en secretario general. En 2008 se autopropuso y clasificó entre los 45 candidatos que se enviaron al Congreso en enero de 2009. No tiene experiencia como litigante. La esposa, María José Laitano, es jefa de la Unidad de Gestión de Calidad de la CSJ y la cuñada también labora en la institución.

 

ADA ESTHER RIVERA SORTO DE MORENO: hija de Miguel Ángel Rivera Portillo, expresidente del Poder Judicial. En 2008 se autopropuso pero no fue tomada en cuenta. Ha sido catedrática de la Universidad Tecnológica Centroamericana (Unitec) y magistrada de Apelaciones.

 

ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO: pertenece a la abundante y nueva  cosecha de notarios. Está propuesta por las universidades y Colegio de Abogados. Es titular del Juzgado de Letras Segundo de la Niñez, tiene una maestría en Seguridad Humana del Instituto Superior de Educación Policial (ISEP). Viaja con frecuencia al exterior a capacitarse.

 

RAFAEL CORRALES FLORES: también pertenece al nuevo grupo de notarios. Por ahora, no hay información sobre su perfil profesional.

 

IGNACIO ISRAEL RODRÍGUEZ ORELLANA: es nacionalista y fue secretario ejecutivo en Inprema con Ricardo Maduro y director de Servicio Civil con “Pepe” Lobo. Fue denunciado por maestros, ya que los asuntos legales de Inprema fueron manejados por su yerno Nelson Iván Domínguez, que se agenció de mucho dinero y se fue del país para evadir la justicia. El acusado fue apoderado legal de Víctor Bendeck Ramírez, principal responsable de la quiebra del Banco Corporativo (Bancorp). La DEI lo requirió en 2010 para que hiciera efectivo el pago del Impuesto Sobre la Renta.

 

WALDO RODMAN RIVERA PORTILLO: fue registrador de la Propiedad durante el gobierno de Rafael Callejas. Ha escrito algunas columnas en El Heraldo. Fue el representante legal de Alianza Patriótica, jefeado por el general golpista Romeo Vásquez Velásquez.

 

JOSÉ HELIODORO ZAMORA FLORES: docente de la UNAH. No se tiene más información del togado.

 

JEOVANNY JOEL HERNÁNDEZ SÁNCHEZ: fue fiscal Anticorrupción y de la Constitución entre 1994 y 2002. Es catedrático de Derecho Penal en la UNAH. Es socio del bufete Consortium.

 

YURI FERNANDO MELARA BERLÍOZ: fue juez y fiscal adjunto; presidente del Colegio de Abogados y de filiación liberal. Hombre de confianza del expresidenciable Elvin Santos. Estuvo menos de un año como número dos en el Ministerio Público, ya que fue destituido por presiones de la embajada de EE.UU. y lo despojaron de su visa, por corrupción. Un comunicado de la legación dice: “…revocó la visa a Yuri Melara el 7 de diciembre de 2004, bajo la sección 212 F de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de EE.UU. y proclamación presidencial 7750. Esta sección es la que provee la autoridad para denegar la entrada a EE.UU. de involucrados en corrupción como está estipulado en la Sección Uno de la proclamación”.

 

GUSTAVO ENRIQUE BUSTILLO PALMA: es liberal. Se desempeñó como asesor jurídico y secretario general de la Dirección de Aduanas, Juez de Letras de la Familia en La Ceiba, catedrático del Curla-UNAH y labora en la firma legal Bustillo y Torres. Fue presidente del Colegio de Abogados, en La Ceiba y asesoró a Saro Bonano, exsecretario de Obras Públicas. Fue miembro del Tribunal Constitucional, destituido el 12 de diciembre de 2012 junto a Rosalinda Cruz, José Ruiz y José Gutiérrez. El Parlamento los botó por negligencia en la aplicación de justicia, jugada política que sirvió para colar magistrados afines a Juan Hernández. Tiene dos hijas laborando en la CSJ: Pamela Bustillo, trabaja en Recursos Humanos y Estefany Bustillo, asistente de magistrado. Estefany recibió su título de notaria en septiembre de 2015.

 

KARLA PATRICIA GARCÍA ARITA: es catedrática de la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), se desempeñó en el Ministerio Público, como fiscal especial Anticorrupción y de defensa de la Constitución. Fue la responsable de declarar sin lugar (en contra) el recurso de inconstitucionalidad que el Cohep presentó ante la Sala Constitucional en junio de 2014 contra el decreto legislativo 278-2013, del 21 de diciembre de 2013, denominado “Ley de ordenamiento de las finanzas públicas, control de exoneraciones y medidas antievasión”. Acusó a los exfuncionarios de Zelaya: Rixy Moncada y Arístides Mejía, por suponerlos responsables de no realizar licitación para el alquiler del edificio administrativo de la ENEE, por que pagaban 30 millones de lempiras, sin respaldo presupuestario. Ambos recibieron sobreseimiento definitivo.

 

JUAN CARLOS PÉREZ CADALSO ARIAS: tiene una maestría en Derecho Internacional de la Universidad de Chile; es nacionalista e hijo del fallecido escritor y abogado Eliseo Pérez Cadalso. Fue director del Centro de Informática y Estudios Legislativos (CIEL), secretario de la CSJ en la gestión de Oswaldo Ramos. Fue secretario de las juntas directivas  y vicepresidente jurídico de las empresas afiliadas al Grupo Ficohsa y Comisionado de Bancos y Seguros. No tiene experiencia como litigante.

Se desempeñó secretario de la alcaldía de Tegucigalpa es y asesor legal para Honduras de la Universidad Internacional de la Florida (FIU). Su esposa Maritza “Mali” Álvarez es prima hermana del vicepresidente Ricardo Álvarez. Pérez es consuegro de Roberto Ramón Castillo, primo de Rafael Callejas. Su yerno, Roberto Ramón Castillo Laínez, es primo de los hermanos Óscar Roberto y Gabriela María Laínez Reina, acusados de sustraer unos 45 millones de lempiras del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) con una proveedora fantasma. Gabriela fue capturada en Ciudad de Panamá en enero de 2015. Juan Carlos Pérez también es cuñado de la Magistrada Rosa Lourdes Paz Haslam, nominada a la reelección por las centrales obreras. Roberto Ramón Castillo fue reparado en 2015 por el Tribunal Superior de Cuentas por percibir dos salarios, uno como diputado al Parlacen y otro con Hondutel. A los Pérez Cadalso y a los Villeda Bermúdez, se les hace mofa que sus nombres no fueron inscritos en el Registro Nacional de las Personas, sino en el Presupuesto del Estado, porque se enquistaron en puestos públicos.

 

JUAN RAMÓN OCHOA CARDONA: catedrático de la UNAH. Todavía no se tiene información del aspirante.

 

REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ: se ha dicho que es primo del presidente Hernández; él niega ese extremo. Tiene amplia experiencia en los  tribunales; fue magistrado de la Corte de Apelaciones en Santa Rosa de Copán, coordinador de tribunales en San Pedro Sula y magistrado de apelaciones. Ahora, se dedica a atender su bufete legal Hernández Sorto y Asociados, en Gracias, Lempira. Su bufete forma  parte de la exclusiva lista de juristas que la embajada de EE.UU. recomienda a sus ciudadanos. Incursionó como precandidato a diputado por Lempira, en la corriente nacionalista del exalcalde Álvarez en 2012.  Se autopropuso para competir como fiscal general o adjunto en 2013, siendo excluido, ya que alegó estar con dengue.

 

ARACELY ZÚNIGA ANDINO: es la apoderada legal de la Iglesia Católica y Decana de Derecho de la Universidad Católica de Honduras. Las universidades la propusieron para magistrada en 2008 ya había sido propuesta por las universidades.

 

NELSON BAUDILIO LÓPEZ LAZO: es abogado y notario y posee una licenciatura en Teología de la Latin University of Theology. Es secretario general de la Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio (UCENM), se ha desempeñado en diferentes cargos en tribunales de Justicia, fue acusador del Estado, asignado a San Pedro Sula. Es representante legal de la Fundación Cristiana para la Educación Superior (Fundacres).

 

CANDIDATOS DEL COLEGIO ABOGADOS DE HONDURAS (CAH)

 

NELSON OMAR MADRID CHINCHILLA: es juez del ámbito civil en San Pedro Sula. Fue acusado por abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios, acusación interpuesta por Edwin Gabriel Hernández López y Ricardo Arturo Hernández en mayo de 2011; la acusación fue declarada sin lugar por el Tribunal Penal.

 

RAFAEL BUSTILLO ROMERO: fue candidato a fiscal general en la viciada elección de 2013. Es juez de la Corte Segunda de Apelaciones Civil de Francisco Morazán. En 2008 se autopropuso para ser alto juez.

 

MIRIAM SUYAPA BARAHONA RODRÍGUEZ: jueza del Tribunal de Sentencias (2006) y Magistrada de Apelaciones. Fue una de los cuatro jueces que decidió suspender del ejercicio del periodismo a Julio Ernesto Alvarado, director del noticiero Mi Nación de Radio TV Globo, por los supuestos delitos de difamación e injurias “por haber servido de vehículo de denuncia por supuestas irregularidades cometidas por una catedrática universitaria”.

Y fue una de los trece jueces de apelaciones que declaró inadmisible los dos recursos de amparo presentados a favor de la restitución de los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional que perdieron el cargo en 2012.

 

CARMEN YOLANDA ORDÓÑEZ RIVAS: es de filiación nacionalista, directora legal del Parlamento y cuadro de confianza de Mauricio Oliva Herrera. Es propietaria de la firma legal Carmen Yolanda Ordóñez Rivas y Asociados.

 

JORGE ALBERTO GARCÍA MARTÍNEZ: es propietario del Bufete García y Asociados, de San Pedro Sula. En mayo 2014 fue homenajeado por ejecutivos del Banco del País por considerarlo “ejemplo para la sociedad” a través de su vida personal, profesional y familiar. En 2012 fue vicepresidente del Colegio de Abogados, representando al nacionalista Frente Patria y Justicia, cuando el exfiscal adjunto Roy Urtecho era el presidente.

 

EMILI ANTUNUETT HAWITT DE MONTES: es nacionalista, se desempeñó como jefa del departamento Mercantil de la desaparecida Conadi; procuradora del  Medioambiente, juez de Letras Civil y directora de administración de personal de la CSJ. Es consuegra del empresario cafetero Jesús Kafati y hermana de Emil Hawit, exgerente de la ENEE y exparlamentario. Ha trabajado con la Empresa Nacional Portuaria (ENP). Durante la presidencia de su pariente Jhonny Handal en Banadesa, fue favorecida con contratos para prestar servicios de consultoría. En la elección de 2009 se autopropuso para ser magistrada, sin lograrlo. Cuando se desempeñó como  Procuradora del Ambiente, fue acusada de abuso de autoridad, pero el caso fue desestimado por el exfiscal, el nacionalista Leónidas Rosa Bautista.

 

JUAN RAFAEL SOTO AGUILAR: fue subdirector de fiscales y fiscal Antimafias. Concursó para convertirse en titular del Ministerio Público en 2013. El titular de la CSJ, Jorge Rivera, dijo que fue uno de los cinco candidatos que obtuvieron las más altas calificaciones en el proceso. Participó en la escogencia del exfiscal general Luis Rubí. En abril de 2015, concursó para dirigir la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP).

 

JOSÉ EFRAÍN BRICEÑO: se ha dedicado al ejercicio privado de la profesión. En 2008, fue propuesto por el Colegio de Abogados.

 

DOUGLAS MOISÉS RAMÍREZ AVILEZ: es socio de la firma de abogados internacional Interjuris Honduras, S.A., (Lawyers). Es representante legal de una firma que participa en las licitaciones para la emisión de monedas y billetes del BCH. Ha sido representante legal de la empresa Sistemas Abiertos, S A. de C. V., que contrató el exdirector del IHSS, Mario Zelaya, preso por el megafraude a la entidad. Sistemas Abiertos ofrecía una “solución tecnológica eficiente” a los derechohabientes del IHSS, pero estafó a la entidad.

 

FELIPE ARTURO MORALES CÁRCAMO: fue director del desaparecido Ihnfa, en el gobierno de Lobo Sosa y parte del mandato de Juan Hernández. Era el padre del niño que resultó muerto el 17 de octubre de 1999 al ser atropellado por Patrick Douglas Guilbert Fortín, novio de la hija de la entonces magistrada de la CSJ, Irma Villeta de Rosa Bautista y del exfiscal general Leónidas Rosa. Este hecho fue denunciado por EL LIBERTADOR. El caso fue catalogado como homicidio culposo grave y, después, de manera extraña, fue cambiado a homicidio culposo simple, a pesar que el acusado estaba ebrio y el automóvil involucrado era del Poder Judicial. Morales acudió  la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) para acusar al Estado de Honduras por retardo injustificado de la justicia, ya que nunca se dictó sentencia;  la Corte admitió el recurso el 3 de julio de 2014.

 

REINA SAGRARIO SOLÓRZANO JUÁREZ: fue juez de Apelaciones, Ha actuado como Magistrada sustituta de la Sala Civil, por la larga ausencia del magistrado Jorge Reyes Díaz, incapacitado por enfermedad. En la elección de 2008 fue propuesta por la CSJ.

 

FÉLIX ANTONIO ÁVILA ORTIZ: también fue nominado por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep). Es el director del bufete Legal Ávila. Desde 1990 inició carrera judicial como juez de Sentencia y fiscal del Ministerio Público. Posee vasta experiencia en materia penal. Es catedrático de la Escuela de Derecho en la UTH desde 2006. Es autor de libros relacionados con la materia legal. Compitió para fiscal general hace dos años. Es conocido porque libró de la cárcel a uno de los hijos del expresidente Callejas, por falsificación de cheques

 

ALEJANDRO HERNÁNDEZ OYUELA: fue secretario privado del presidente de la CSJ, Jorge Rivera; es miembro del Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe, algunos funcionarios judiciales lo tildan de “paracaidista”.

 

CARLOS EDGARDO LUCEL GARCÍA: es nacionalista, originario de Choluteca. Tiene un pariente que fue candidato a alcalde de Choluteca por el movimiento Azules Unidos de Juan Hernández.

 

JOSÉ FRANCISCO PINEDA AYALA: juez de Letras de Santa Bárbara. No se tiene más información del aspirante.

 

CARLOS HUMBERTO MIDENCE BANEGAS: magistrado de la Corte de Apelaciones de Comayagua.

 

REINA ISABEL NÁJERA: Es directora de la firma Servicios Legales y Notariales Nájera. Fue jueza de letras en Tela.

 

 

MARCO ANTONIO ZELAYA REYES: trabajó en la Dirección de Recursos Humanos de la  CSJ como  jefe de clasificación de puestos y salarios, cuando estaba en el Congreso, comenzó a estudiar de derecho. Es penalista y se dedica a litigar. Compitió para ser candidato a fiscal general.

Comentarios  

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