La organización Amnistía Internacional exige al Estado de Honduras que garantice la vida y derechos del pueblo indígena tolupán, quienes han padecido exclusión de las políticas nacionales de desarrollo y han estado en el olvido.

 

Redacción Central / EL LIBERTADOR

 

Tegucigalpa. El 25 de agosto de 2013, Ricardo Soto Fúnez, María Enriqueta Matute y Armando Fúnez Medina, líderes indígenas tolupanes de Locomapa, departamento del Yoro e integrantes del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justica (MADJ), fueron asesinados mientras participaban en una manifestación pacífica por la defensa de sus tierras, territorios y recursos naturales.

 

De acuerdo al MADJ, los autores del crimen fueron plenamente identificados y las respectivas denuncias fueron interpuestas ante las autoridades hondureñas competentes.

 

En los meses siguientes, integrantes del MADJ denunciaron públicamente ser sujetos de amenazas y hostigamientos como represalia a su trabajo por la defensa de los recursos naturales y por sus demandas del ejercicio de su derecho a una consulta previa, libre e informada frente a proyectos que incluyen el aprovechamiento de los recursos naturales en las tierras y territorios de las comunidades Indígenas de San Francisco de Locomapa.

 

En ese contexto de asesinatos, amenazas, intimidaciones y actos de violencia, el MADJ y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) solicitaron, en noviembre de 2013, medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

 

El 19 de diciembre de 2013, la CIDH otorgó medidas cautelares para la protección de 18 integrantes del MADJ y sus familias –en su mayoría indígenas tolupanes.

 

La CIDH consideró que “la información presentada demuestra prima facie que los 18 miembros del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y sus respectivas familias se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus vidas e integridad personal estarían amenazadas y en grave riesgo”.

 

Como consecuencia, la CIDH solicitó al Estado hondureño que adoptara medidas para preservar la vida e integridad de las 18 personas y sus familias, concertara las medidas con los beneficiarios y sus representantes; e informara las acciones adoptadas para la investigación de los hechos que dieron lugar a las medidas cautelares para evitar su repetición.

 

Pese a lo anterior, hasta el momento el Estado hondureño continúa sin implementar medidas de protección efectivas para preservar la vida e integridad de los beneficiarios de las medidas cautelares.

 

 

Además, las autoridades hondureñas no han realizado una investigación seria con miras a identificar, juzgar y sancionar a los responsables de los hechos de violencia sufridos por los y las indígenas.

 

“Se han hecho múltiples esfuerzos para que el Estado asuma su responsabilidad de implementar las medidas de protección pero no lo ha hecho, las situaciones se han agravado”, expresó Víctor Fernández, abogado e integrante del MADJ.

 

A raíz de la falta de implementación de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH, siete indígenas tolupanes de la comunidad de San Francisco de Locomapa, se encuentran en huelga de hambre en los alrededores de Casa Presidencial desde el 30 de junio de 2015.

 

Entre sus demandas, se encuentra la exigencia de protección estatal, así como, la investigación, captura y sanción de los responsables de las agresiones sufridas.

 

Durante el primer trimestre del año, Michel Forst, Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, expresó su “honda preocupación por el clima inhóspito y poco favorable en el que operan las y los defensores en Honduras” y por el alto nivel de impunidad respecto a las agresiones y violaciones de los derechos de los defensoras y defensores (A/HRC/28/63/Ad).

 

Amnistía Internacional considera alarmante que las acciones pacificas de defensa de la tierra, el territorio y los recursos naturales realizadas por indígenas tolupanes los hagan sujetos de amenazas, hostigamientos y actos de violencia.

 

La organización hace un llamado al Estado hondureño a brindar medidas eficaces de protección a favor de los beneficiarios de las medidas cautelares, y de todos y todas las líderes indígenas que promueven y defienden los derechos humanos.

 

 

Las agresiones a las que han sido sometidos estos líderes deben ser investigadas y los sospechosos de ser responsables deben ser presentados ante la justicia. Exhortamos al Estado Hondureño a que genere un entorno seguro y libre de riesgos en el que los defensores y defensoras puedan ejercer su labor por los derechos humanos. 

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