Conozca en detalle quiénes son los 15 nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Honduras; siete de los propuestos son originarios de Lempira, entre ellos, Rolando Argueta, Reynaldo Hernández, ambos de filación nacionalista y la notaria liberal Reina Hércules. De esta región es originario el presidente Juan Orlando Hernández (JOH).

 

Entre los propuestos hay individuos afines a Hernández, funcionarios violadores de DDHH, como Jorge Alberto Zelaya Zaldaña (foto); activistas convencidos del Partido Nacional y Liberal, incluso, altos funcionarios que dicen desconocer multimillonarias demandas contra el Estado de Honduras y que suelen ser ganadas por empresas multinacionales, cuyos montos los paga la sociedad mediante impuestos.

 

Redacción Central / EL LIBERTADOR

 

Tegucigalpa. El nuevo pleno de la Corte Suprema de Justicia de Honduras está repleta de violadores de derechos humanos y cuadros de extrema confianza del presidente Juan Hernández.

 

Varios de ellos son originarios del occidental departamento de Lempira, lugar de nacimiento del jefe de Estado. Tanto el exjefe de fiscales y actual titular del Poder Judicial, Rolando Argueta y el magistrado Reynaldo Hernández, son paisanos del actual ocupante de Casa de Gobierno.

 

En la nómina quedó gente con funciones en la administración pública; algunos, leales a la Confraternidad Evangélica de Honduras, que tiene influencia en el Poder Ejecutivo y bendijo el golpe de Estado del 28 de junio de 2009.    

 

EL LIBERTADOR publica quiénes son los magistrados que controlarán el Poder Judicial por los próximos siete años.

 

1- Rolando Edgardo Argueta Pérez (Nacionalista)

Nacido en Lepaera, Lempira, fue propuesto por la Confraternidad Evangélica, pero las centrales obreras también lo llevan en su lista de candidatos. Sin tener carrera de fiscal, fue nombrado director de Fiscales del Ministerio Público (MP), pocos días después que Óscar Chinchilla asumiera el cargo de Fiscal General, este último mantuvo relaciones laborales con Argueta Pérez cuando ambos estuvieron asignados por el Poder Judicial en los conflictivos juzgados de Copán. Argueta fue juez de Paz de lo Criminal, juez de Letras del Tribunal de Sentencia y magistrado de la Corte de Apelaciones de Copán. Es catedrático universitario con estudios de postgrado en materia penal. El Congreso lo nombró consejero propietario de la Judicatura, cargo que no asumió porque días después fue nombrado coordinador de Fiscales. También compitió para ser Fiscal General del Estado. Aseguran que  tiene mucha capacidad profesional, pero critican que no tiene el valor de iniciar procesos de investigación a sus amigos involucrados en acusaciones ilícitas. Después de que salió a la luz pública el cierre forzoso de Banco Continental y la intervención de las empresas del grupo económico de la  familia Rosenthal, Argueta afirmó que el MP no había hecho ninguna investigación por lavado de activos contra esa familia, pese a que durante el periodo comprendido del 25 de junio de 2012 al 28 de mayo de 2015, la Comisión de Bancos y Seguros (CNBS) envió once denuncias a la Fiscalía General contra el grupo Continental por concepto de “captaciones irregulares de fondos del público”, realizadas por Inversiones Continental Panamá, S. A. e Inversiones Continental, S. A. de C. V. La mayoría de las denuncias se presentaron en la gestión de Argueta.

 

2- Reynaldo Antonio Hernández Sorto (Nacionalista)

Originario de Lempira. Exjuez de letras, exmagistrado de Apelaciones en Santa Bárbara y Copán, excoordinador de los juzgados de San Pedro Sula, exdirigente gremial del Colegio de Abogados de Honduras y actualmente ejerce privado. Su bufete forma parte de la exclusiva lista de juristas que la embajada de EE.UU. recomienda a sus ciudadanos. Se ha dicho que es primo del presidente Juan Hernández; él ha negado este extremo. Tiene amplia experiencia en tribunales, fue magistrado en la Corte de Apelaciones en Santa Rosa de Copán, coordinador de Tribunales en San Pedro Sula y magistrado de apelaciones. Incursionó en 2012 como precandidato a diputado por Lempira en la corriente "Salvemos Honduras" del exalcalde Ricardo Álvarez.  El diputado del Partido Nacional y hermano del mandatario hondureño, Antonio Hernández, se mostró contento con la elección del magistrado Reynaldo Antonio Hernández, de quien señaló que fue como un hermano de crianza y de quien destacó que es un ejemplo de superación y dedicación a su profesión, por lo que no duda que será un buen elemento para la impartición de justicia en Honduras… (La Tribuna digital 11 de febrero de 2016).

 

3- Edwin Francisco Ortez Cruz (Nacionalista)

Propuesto por la Confraternidad Evangélica, se desempeña como asistente de magistrado de la Corte Suprema de Justicia, fue asistente de la exmagistrada de la Sala de lo Civil, María Elena Matute de Hernández, cuñada del presidente Juan Hernández y hermana de Óscar Raúl  Matute, secretario del Interior en el gobierno de facto de Roberto Micheletti Baín. Trascendió que en 2009, Ortez Cruz fue quien elaboró la resolución para que Juan Hernández fuera reelecto como diputado al Congreso, violando la Constitución de la República.

 

4- Lidia Álvarez Sagastume (Nacionalista)

Originaria de Santa Rita, Yoro. Fue miembro del Tribunal de Justicia Partidaria del Partido Nacional, y fue  nominada por la Confraternidad Evangélica. Fungió como secretaria ejecutiva del Instituto de la Propiedad y directiva de la Contraloría del Notariado de la Corte Suprema durante el gobierno de Porfirio Lobo Sosa. Además, fue asesora jurídica del Registro Nacional de las Personas (RNP), del Patronato Nacional de la Infancia (Pani) y de la Empresa Nacional de  Energía Eléctrica (ENEE). Ya había sido postulada a magistrada en 2008 por las universidades.

 

5- Jorge Alberto Zelaya Zaldaña (Nacionalista)

Propuesto por la Corte Suprema de Justicia. Ha fungido como juez del Tribunal Contencioso Administrado. Fue un “connotado” violador de la libertad de prensa y de expresión durante el golpe de Estado de 2009. Entre otras acciones de evidente abuso de autoridad, amenazó con encarcelar al Director-Fundador del periódico EL LIBERTADOR, Jhonny José Lagos Henríquez, por consultar al Soberano de si quería o no una nueva Constitución de la República. Además, guarda lealtad al Partido Nacional. Su padre, militó en la corriente del histórico dirigente Ricardo Zúniga Augustinus.

 

6- Miguel Alberto Pineda Valle (Nacionalista)

Fue subgerente de campaña del mandatario Hernández. Es Hermano de Mario Pineda Valle, quien es el actual director del Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (Pronaders) y del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), entre otras dependencias a su cargo.

 

7- José Olivio Rodríguez Vásquez (Nacionalista)

Fue propuesto por los trabajadores. Es el jefe de Recursos Humanos del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop).

 

8- Rafael Bustillo Romero (Nacionalista)

Fue candidato a fiscal general en la viciada elección de 2013. Es juez de la Corte Segunda de Apelaciones Civil de Francisco Morazán. En 2008 se autopropuso para ser alto juez. Fue propuesto por el Colegio de Abogados, originaroo de Comayagua. tiene 46 años de edad. Fue presidente del Colegio de Abogados capítulo Comayagua y fue presidente de la junta directiva del capítulo del centro-oriente de la Asociación de Jueces y Magistrados de Honduras de 2012-2014. Asimismo, fue Juez de Letras y Juez de Sentencias en Comayagua. Magistrado de la Corte de Apelaciones en La Ceiba. Su último cargo fue el de magistrado de la Corte de Apelaciones Civil de Francisco Morazán. Entre 1988 y 1990 prestó servicio militar en el Primer Batallón de Artillería de la excapital de Honduras. 

 

9- Alma Consuelo Guzmán García (Liberal-Michelettista)

Es consuegra del canciller Arturo Corrales y cuadro del tirano Roberto Micheletti; es de filiación liberal y se autopropuso para magistrada, fue electa con el aval de 86 votos de los diputados. Su nombre apareció en la segunda lista de 19 candidatos que la embajada de EE.UU. pidió que fueran objeto de una mayor investigación. Guzmán es originaria de Puerto Cortés, su padre era el empresario Ángel Gabriel Guzmán, fundador de la Agencia Aduanera Guzmán, creada hace 63 años en la ciudad portuaria, con oficinas en San Pedro Sula y Tegucigalpa. Está casada con el ingeniero civil de origen costarricense Juan Antonio Ariño Ramírez. Su hija Alma Gabriela Ariño Guzmán está casada  con el empresario sampedrano Guillermo Peña Panting, miembro directivo de las Zonas Francas de Honduras. Otra de sus hijas, Digna Carmen Ariño Guzmán contrajo nupcias a finales de diciembre  de 2014 con Arturo Hernán Corrales Suazo, hijo mayor del jefe de la diplomacia hondureña, Arturo Corrales. La boda Corrales-Ariño pasó   inadvertida ya que según el calificativo de las páginas sociales de los diarios, decidieron que fuera “estrictamente privada”. Fue una estudiante universitaria que ganó  reconocimientos por excelencia académica. Ha sido consultora independiente para el Programa de las Naciones Unidas (PNUD), instructora de fiscales en cursos de investigación criminal, Fiscal de la mujer del Ministerio Público, además de catedrática universitaria en la asignatura de derecho penal. Guzmán García incursionó  en la política como diputada suplente del excongresista liberal por Francisco Morazán José de la Paz Herrera “Chelato” Uclés en el periodo 2006-2010; también fue candidata a diputada por el movimiento del dictador Roberto Micheletti cuando éste decidió competir para la presidencia de Honduras y seleccionó a la nueva magistrada en sustitución de la ultraderechista Martha Lorena Alvarado Casco que renunció a la candidatura en protesta porque el entonces presidente del Parlamento había tomado la decisión de aprobar el convenio de adhesión  a la Alternativa Bolivariana de las Américas (ALBA), impulsada por el desaparecido presidente venezolano Hugo Chávez para beneficiar a los pueblos pobres de América.

 

10- María Fernanda Castro Mendoza (Liberal)

Liberal,  42 años de edad, fue propuesta por la Corte Suprema de Justicia. Resultó ser la candidata favorecida con el mayor número de votos de los diputados, - 98 -, en la elección realizada el jueves 28 de enero en la que se eligieron los primeros ocho magistrados. En 2014 compitió para ser Comisionada de Derechos Humanos. Tiene doctorado en Derecho del Trabajo, Previsión Social y Derechos Humsnos. Es hija de los abogados y   notarios  Argelio Castro y Maria Antonieta Mendoza  de Castro, soltera y madre de dos niñas y un varón, estuvo casada con el abogado Nery Velàsquez, quien fuera asistente del excomisionado de Derechos Humanos,  Ramón Custodio López. Castro Mendoza ha hecho carrera judicial,  se inició como escribiente del Juzgado Primero  de lo Penal, por oposición obtuvo el cargo de Juez  del Tribunal de Sentencias de Tegucigalpa, al momento de su mombramiento como magistrada se desempeñaba como asistente de magistrados de la Sala de lo Penal y magistrada integrante de la Corte de Apelaciones de lo Civil. En total ha acumulado 23 años de experiencia en el Poder Judicial y no ha sido objeto de sanción disciplinaria alguna. De  abril de 2014 a febrero de 2015 fue designada secretaria del expediente 118-2014  del Juzgado de Letras, para conocer el caso para procesar a altos funcionarios del Estado en el sonado caso se corrupción del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

 

11- Reina Auxiliadora Hércules Rosa (Liberal)

Originaria de Gracias, Lempira. Exfuncionaria de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y de la Dirección General de Servicio Civil, exjueza de Letras en Gracias, Lempira.

 

12- Rina Auxiliadora Alvarado Moreno (Liberal)

Originaria de San Pedro Sula. Fue secretaria ejecutiva del Instituto de la Propiedad (IP), es magistrada de la Corte Tercera de Apelaciones de lo Civil y docente universitaria; fue integrada para conocer sobre la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional donde votó en contra. Esposa del comisionado de IAIP y militar retirado, Damián Álvarez.

 

13- Edgardo Cáceres Castellanos (Liberal)

Tiene 76 años y se autopropuso para ser magistrado. Realizó estudios sobre Relaciones Laborales y Derecho Laboral Internacional en Costa Rica, España, Italia y Suiza. Fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia (1994-1998), secretario de la Asesoría Judicial Centroamericana, presidente honorario de la Asociación Centroamericana y del Caribe de las Leyes Laborales y de Seguridad Social. Su experiencia académica y administrativa implica su labor como fundador y miembro de la Asociación Iberoamericana de Leyes de Seguridad Social y Trabajo, expresidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados de Honduras. Fue diputado por Francisco Morazán de 1990 a 1994. Posee 50 años de ejercer la abogacía, sobre todo, en el campo del derecho laboral. Fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia entre 1994-1998 y de 1998 a 2004 repitió en el cargo. Cabe mencionar que es pariente del comisionado nacional de DDHH, Roberto Herrera Cáceres. 

 

14- Jorge Abilio Serrano Villanueva (Liberal)

Autopropuesto. Es subprocurador del Estado de Honduras y vocal primero de la Junta Directiva de Cruz Roja Hondureña.-EL LIBERTADOR reveló que Serrano, desconocía las demandas contra el Estado; tampoco sabía de los avances o traspiés que han tenido las acciones legales emprendidas por multinacionales, empresas locales o personas particulares. Cabe mencionar que es la segunda vez que el alto funcionario respondía que ignoraba la magnitud de las demandas que se entablan contra el pueblo hondureño.-Lo mismo ocurrió con la multa de un millón de dólares contra la concesionaria Saisa por incumplimiento de contrato de construcción del aeropuerto de Palmerola. El funcionario alegó que sólo se dedicaba a “temas internacionales”, relacionadas con demandas contra el Estado hondureño en el extranjero, ignorando que el artículo 6 de la Procuraduría General de la República (PGR), exige que “el Subpocurador asistirá al Procurador General en el cumplimiento de sus funciones y lo sustituirá en los casos de ausencia, falta temporal, legítimo impedimento, y en los que menciona el artículo 10 de esta ley”. Al cierre de 2015, había demandas de empresas locales y multinacionales y de trabajadores despedidos por unos 7,300 millones de lempiras, según estimaciones preliminares de la PGR.

 

15- Wilfredo Méndez Romero (Liberal)

 

Es litigante privado y fue propuesto por la Corte Suprema de Justicia. La mayoría de cargos que ha desempeñado se concentra en La Ceiba.

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