El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) de Honduras ha anunciado que aplicará una sanción monetaria al Instituto de Previsión del Periodista (IPP) por incumplir la ley que lo obliga a dar cuentas del manejo de fondos multimillonarios acumulados gracias a sus afiliados y, sobre todo, por partidas públicas.

 

El IPP y el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) aglutinan una mínima parte de periodistas hondureños; la mayoría, no cree en esos órganos que históricamente han funcionado a favor de grupos de comunicadores de la prensa tradicional afines al partido político de turno en el gobierno y de grupos mediáticos que sirven al poder económico nacional y transnacional. (Gráfica: presidente del IPP y del CPH, Eduin Natividad Romero).

 

Redacción Central / EL LIBERTADOR

 

Tegucigalpa. La junta directiva del Instituto de Previsión Social del Periodista (IPP) decidirá si solicita o no voluntariamente una auditoría de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) sobre sus operaciones financieras para evitar ser sancionada por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) al negarse a entregar información pese a ser una institución obligada por recibir fondos del Estado.

 

El presidente del IPP y del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), Eduin Natividad Romero, se comprometió a celebrar una sesión de junta directiva para decidir sobre la petición de la auditoría en el marco de una conciliación sugerida por los Comisionados del IAIP, tras culminar un proceso en el que los dirigentes del ente de previsión no lograron justificar su negativa a entregar información.

 

Si la junta directiva del IPP, representada por Romero, no logra una conciliación con el periodista Gustavo Palencia, que ha solicitado información esencial para conocer sobre las operaciones de ese instituto, los comisionados del IAIP procederán a imponer una sanción pecuniaria por infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

 

Romero en una audiencia pública convocada el miércoles por el IAIP, en lugar de responder a las peticiones de información de Palencia, leyó un documento denominado “consultoría” elaborado por el abogado Edmundo Orellana, en el que el ex fiscal general asegura que el IPP no es sujeto de la ley de acceso a la información pública porque no recibe fondos estatales, aunque el ente ha captado 53.2 millones de lempiras del Estado.

 

Pero la presidenta del IAIP, comisionada Doris Imelda Madrid, ratificó que “el Instituto de Previsión Social del Periodista es una institución obligada de la ley de acceso a la información” tanto por los fondos que legalmente capta de parte del Estado como por nuevas leyes que obligan a la CNBS y al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) a auditar al IPP Auditoría de la CNBS.

 

La Comisionada Madrid anunció la decisión de la sanción monetaria en contra del IPP por el incumplimiento de la Ley de Acceso a la información Pública, pero propuso a Romero y Palencia una conciliación.

 

Romero manifestó de inmediato su disposición a lograr una conciliación, pero antes intentó justificar su negativa a dar información dando lectura a una “consultoría” de Orellana Mercado en la que éste asegura que el IPP “queda excluido del ámbito de competencia” del IAIP y que su inclusión “sería una flagrante violación del principio de legalidad”.

 

Palencia propuso que “si Romero asegura que los fondos del IPP se han gestionado pulcramente y no tienen temor a que se encuentren irregularidades”, en el marco de la conciliación y para evitar la sanción al ente de previsión, los directivos soliciten voluntariamente a la CNBS una auditoría de sus operaciones financieras y administrativas.“Vamos a convocar a una sesión de junta directiva el lunes” para decidir sobre la petición de la auditoría a la CNBS “pero yo no me puedo comprometer porque las decisiones las tomamos por unanimidad en la junta directiva”, dijo Romero.

 

El IPP, desde su entrada en operaciones financieras en 1987 nunca fue sometido a una auditoría de gestión, porque sus dirigentes se escudan en una interpretación a la ley de creación, aprobada en el Congreso en el año 2.000, que eximió a dicho ente de la fiscalización de organismos públicos especializados en supervisión de entes financieros.

 

Esta interpretación quedó obsoleta debido a la aprobación de nuevas leyes que obligan a todos los entes de previsión a someterse a las auditorías de la CNBS, en tanto que el Tribunal Superior de Cuentas debe fiscalizar el manejo de los fondos públicos.

 

El IPP es el único instituto de previsión en Honduras cuyas operaciones no están supervisadas, controladas y fiscalizadas, por lo que sus directivos operan el ente con total discrecionalidad y opacidad.

 

Los directivos del IAIP sistemáticamente se han negado a entregar información como los dos últimos estudios actuariales, de las auditorías anuales, las actas de los comités de inversiones, entre unas 13 peticiones que develarían la situación financiera del IPP.

 

Estos directivos para evitar la fiscalización de la CNBS y del Tribunal Superior de Cuentas, ilegalmente desistieron de requerir desde el 2014 las transferencias estatales, en un acto en el que incurrieron en el delito penal de abuso de autoridad, dicen abogados especialistas.

 

“No hay nada que esconder en el instituto todo está ahí”, aseguró

 

Romero significando que los fondos en el IPP se han manejado honestamente. El comunicador Palencia, que no ha sido acompañado públicamente por los colegas afectados, demandó que “si no hay nada que esconder pues debe estar el camino allanado para las auditorías por parte de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros y la fiscalización del Tribunal Superior de Cuentas”.

Comentarios  

0 #1 edwin 21-03-2016 09:40
Cuando los manejos de los fondos se hacen de manera transparente, no debería haber renuencia. A un mecanismos de control y auditoria de los mismos, lo cual es saludable para los aportantes.
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