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Una serie de hechos irregulares colocan al banco guatemalteco Banrural en la mira. Más allá de haber adquirido la cartera de clientes y créditos de Banco Continental, es señalada de lavar activos y negocios ilegales que habrían provocado la muerte de uno de los socios de la financiera y que "van desde el lavado de dinero hasta el desvío de fondos públicos a programas inexistentes de la señora del (ex) presidente, Sandra de Colom, así como la financiación de empresas de papel utilizadas por el narcotráfico".

 

 

Redacción-Agencias / EL LIBERTADOR

 

Tegucigalpa. Tras la adquisición del banco guatemalteco Banrural de una amplia cartera de créditos y activos de Continental por unos cinco mil millones de lempiras, la entidad tiene un pasado oscuro.

 

Resulta que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y El Juzgado Primero de Mayor Riesgo B, mandó a la cárcel Mauricio Chivichón López, gerente de una de las agencias de Banrural de La Antigua Guatemala, al oriente de la capital de ese país, por su presunta participación en actos de corrupción cometidos en la municipalidad de la ciudad colonial.

 

El juzgado resolvió procesar a Chivichón López por los delitos de lavado de dinero y asociación ilícita, según la información facilitada por la CICIG, que actúa como querellante adjunto en este caso.

 

Las investigaciones de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público y de la CICIG establecieron que el gerente autorizó el cobro, por terceras personas, de los cheques que se emitieron de manera irregular en la municipalidad de La Antigua Guatemala, con los cuales presuntamente se desviaron recursos de la comunidad.

 

Chivichón López fue capturado el sábado, 1 de junio de 2013, en La Antigua Guatemala por las autoridades, con el apoyo del personal de la Comisión.

 

Las investigaciones refieren que varios miembros de una organización criminal, a través de la figura del alcalde de La Antigua Guatemala, presuntamente se aprovechaban del erario público de esa municipalidad, favoreciendo con contratos a sus familiares.

 

Esta estructura delincuencial operaba a través de dos mecanismos: creación de 10 empresas constructoras 'de cartón' a las que se les adjudicaban proyectos de construcción sobrevalorados; y creación de planillas con información falsa para realizar pagos por servicios no prestados y así defraudar a la municipalidad.

 

Además de Adolfo Vivar Marroquín, alcalde de La Antigua Guatemala, en este caso están acusadas otras 10 personas por los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero y caso especial de estafa.

 

A la fecha, ningún alto ejecutivo de Banrural se ha pronunciado al respecto.

 

El banco guatemalteco inició operaciones en 2014 en Honduras, en la actual presidencia de Juan Hernández. 

 

MATAN A ABOGADO

 

No obstante, la institución también tiene otros señalamientos, sobe “irregularidades en multimillonarios negocios” según un cable redactado por la agencia EFE en mayo de 2009.

 

La agencia, en la publicación global de diario español “El Mundo” de Madrid,  el abogado guatemalteco Rodrigo Rosenberg, asesinado a tiros el domingo (10 de mayo de 2009)  en esta capital (Ciudad de Guatemala), dejó grabado un vídeo supuestamente grabado por él mismo, en el que responsabiliza de su muerte al presidente Álvaro Colom y sus más cercanos colaboradores.

 

En la grabación, de 18 minutos de duración, cuyas copias circularon durante las exequias de Rosenberg, y que han sido colgadas en los portales de los diarios locales 'Prensa Libre' y 'El Periódico', se observa al abogado sentado en un escritorio explicando las razones por las cuales habría sido ordenado su asesinato.

 

"La razón por la que estoy muerto es porque hasta el último momento fui abogado del empresario Khalil Mussa y su hija Marjorie Mussa", asesinados a tiros el pasado 14 de abril (de 2009) en un sector del sur de la capital, dice Rosenberg en el vídeo.

 

El jurista, de 47 años de edad, también dejó una declaración firmada de su puño y letra, en la que asegura que fue asesinado por conocer los detalles de ese doble crimen.

 

"Si usted está viendo este mensaje es que yo, Rodrigo Rosenberg Marzano, fui asesinado por el secretario privado de la Presidencia, Gustavo Alejos, y su socio [el empresario vinculado al Gobierno] Gregorio Valdez, con la aprobación del señor Álvaro Colom y de [su esposa] Sandra de Colom", se escucha en la declaración.

 

PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN BANRURAL

 

Según ese supuesto testimonio de Rosenberg, Mussa, quien formaba parte de la junta directiva del Banco de Desarrollo Rural (Banrural), de capital mixto, fue asesinado por negarse a encubrir "los negocios ilegales y millonarios que se negocian día a día en Banrural".

 

Esos negocios, agrega el documento, "van desde el lavado de dinero hasta el desvío de fondos públicos a programas inexistentes de la señora del presidente, Sandra de Colom, así como la financiación de empresas de papel utilizadas por el narcotráfico".

 

El abogado, que tuvo una larga trayectoria en el mundo académico y como asesor de varias empresas, fue asesinado a tiros en las cercanías de su residencia, en un barrio exclusivo del sur de la capital, por hombres que iban en dos vehículos no identificados.

 

"La única verdad que cuenta es que si usted vio este mensaje es porque yo, Rodrigo Rosenberg Marzano, fui asesinado por Gustavo Alejos y Gregorio Valdez, con la aprobación de Álvaro Colom y de Sandra de Colom, por negarme a que se convirtiera en una estadística más el cobarde y vil asesinato de dos increíbles personas", repite la declaración.

 

Al final del vídeo, Rosenberg hace un llamamiento al (ex) vicepresidente Rafael Espada, para que sea "el primero en encabezar un movimiento para recuperar nuestra Guatemala, y hacer que se cumpla la ley con ayuda de todos los buenos guatemaltecos que le apoyan sin reservas". 

 

En tanto, un extenso reportaje elaborado por el corresponsal de la influyente revista Envío de la Universidad Centroamericana (UCA), Juan Hernández Pico, explica una serie de hechos que vinculan a Banrural con el lavado de activos y de estar en una “lista gris” de los bancos que están señalados por este ilícito.  

 

El asesinato del anciano empresario Khalil Musa y su hija Marjorie, de cuyo testamento e investigación se estaba ocupando el abogado Rosenberg -asesor jurídico de los Musa en varias de sus actividades comerciales- nos lleva a uno de los hilos con el que hemos de esforzarnos por encontrar el camino para interpretar la situación, detalla el reportaje.

 

A Musa le habían solicitado que ocupara un puesto en la dirección de Banrural para representar al Presidente Colom. Finalmente no consiguió ese puesto. egún “Inforpress Centroamericana”, el gobierno del Presidente Álvaro Colom aduce que fue por un mal procedimiento administrativo, mientras que Rosenberg en sus acusaciones en el video señala que la causa fue que Musa se negó a encubrir “los negocios ilegales y millonarios que se negocian día a día en Banrural”.

 

Banrural, sucesor de Bandesa, una entidad bancaria estatal para el desarrollo, de corte autónomo, se convirtió en 1997 durante la presidencia de Álvaro Arzú en un banco mixto, de capital estatal y privado para el desarrollo rural, donde el movimiento cooperativista, especialmente cafetalero, participó suscribiendo una parte importante de su capital. El video de Rosenberg alega que Banrural se ha vuelto con el tiempo una entidad donde se lava dinero del narcotráfico y se cometen otras actividades ilegales y fraudulentas. Alega también Rosenberg que el actual presidente del grupo, el ex-presidente de Anacafé, José Ángel López Camposeco, huehueteco de Jacaltenango, habría hecho la vista gorda permitiendo al presidente del Consejo de Administración, Fernando Peña, esos manejos delictivos.

 

En Banrural depositan sus fondos también los sectores cooperativos del país, especialmente cafetaleros (Fedecocagua). Hace algún tiempo, la representación del sector privado en la Junta Monetaria fue ocupada por un miembro del sector cooperativo por acuerdo de Confecoop, causando gran molestia al representante tradicional, el CACIF. La Corte de Constitucionalidad resolvió a favor del CACIF un amparo de esta confederación empresarial.

 

Control de espacios en la Junta Monetaria, manejo de Anacafe, y control de negocios en Banrural, serían los objetos de disputa entre los empresarios tradicionales y los cooperativistas, con un pensamiento capitalista y neoliberal similar. Intereses tan importantes como para poder haber llevado a la comisión de delitos como el que quitó la vida a los Musa. Según “Inforpress”, el Banrural, segundo banco más sólido del país, se encuentra hoy amenazado de que le ocurra lo sucedido a otros bancos en años recientes: una corrida de depósitos y su potencial quiebra, lo que a la postre beneficiaría a otros banqueros. Esto conduce a pensar si con el caso Rosenberg se montó la oportunidad de liquidar a un banco estratégico para redistribuir el capital financiero y político que controla.

 

Una hipótesis aventura que el asesinato de Musa pretendía impedir definitivamente su presencia en la Junta Directiva de Banrural. Se suponía su honradez y se temía que se opusiera a los manejos fraudulentos de lavado de dinero, presuntamente coordinados por el director ejecutivo, Fernando Peña. El asesinato de los Musa podría, pues, estar relacionado con las luchas de intereses entre los capitales tradicionales del CACIF y los capitales cooperativistas, especialmente en el rubro del café.

 

Un segundo hilo nos lleva hacia la salida del laberinto por un camino distinto, pero relacionado con el anterior. En Banrural se depositan habitualmente más de 30 fideicomisos del Estado, entre ellos los del sector del Consejo de Cohesión Social, dirigido por la Primera Dama, Sandra Torres de Colom. Parece que este último fideicomiso se ofreció al Banco Industrial, pero esta entidad financiera no lo aceptó, aparentemente como consecuencia de una decisión interbancaria de no facilitarle el camino sociopolítico a Torres. Se depositó en Banrural. El monto asciende a más de mil quinientos millones de quetzales. Según “Inforpress Centroamericana”, pocos días después de asumir la Presidencia de la República, Álvaro Colom hizo la presentación del Plan de Desarrollo Rural en el municipio de Ixcán, Quiché, acompañado de las dos principales figuras de BANRURAL, hoy cuestionadas: José Ángel López Camposeco, presidente del grupo financiero Banrural y Fernando Peña, presidente del Consejo de Administración del mismo Banrural. Colom fue enfático al declarar que “Banrural será el brazo financiero de nuestra administración” y López Camposeco agregó: “Estamos al servicio del Estado, con la idea de que las comunidades mejoren su calidad de vida”.

 

Dado que el Estado es el principal accionista en Banrural, no fue raro escuchar que las utilidades correspondientes al Estado, y los impuestos que Banrural debe pagar, serían utilizados para programas de desarrollo social, actividades que estarían coordinadas por la esposa del presidente, Sandra Torres, hoy coordinadora del Consejo de Cohesión Social. La importancia de Banrural para los programas sociales, pilar de la administración de Colom y fuente de capital político de Sandra Torres, de la que insistentemente se dice que aspira a la candidatura presidencial, queda demostrada. Por ello los ataques y acciones contra Banrural pueden tener objetivos de amplio espectro. Tanto más cuanto que se afirma que BANRURAL controla el 75% de las remesas de emigrantes que llegan al país.

 

El caso Banrural también tiende a cuestionar la institucionalidad financiera, cuando los empresarios han sembrado dudas sobre las investigaciones que deben realizar la Superintendencia de Bancos (SIB) y la Intendencia de Verificación Especial (IVE), encargada de velar porque se cumpla la Ley contra el lavado de dinero u otros activos. El CACIF pidió al gobierno una auditoría de Banrural, que estuviera a cargo de una firma internacional independiente: “El mismo día del video, le hicimos el requerimiento al Presidente. El video menciona el tema de Banrural, cosas de corrupción y malos manejos. Para desvanecer estas dudas es que pedimos la auditoría forense”, declaró el vicepresidente del CACIF, Carlos Amador.

 

Sin embargo, lo que en el fondo se cuestiona es el estrecho nexo entre el Superintendente de Bancos, Edgar Barquín, con el gobierno. La petición del CACIF se dio en el contexto de la reunión en Guatemala entre la SIB y una delegación del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), brazo regional para Centroamérica y el Caribe del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI). El objetivo es evaluar los avances en el combate al lavado de dinero y la lucha contra el terrorismo en el país.

 

Guatemala, si bien salió de la “lista negra” del GAFI, que incluía a países que no cooperaban en la lucha contra el lavado de dinero, todavía permanece en una “lista gris”, donde están los países que han demostrado avances en el cumplimiento de las 40 recomendaciones que el GAFI solicita. Es decir, el sistema bancario nacional todavía padece, en general, la enfermedad que hoy se le achaca exclusivamente a Banrural.

 

Añade “Inforpress” -el semanario que tal vez ha analizado más adecuadamente el caso Rosenberg laberinto guatemalteco- que la columnista Carmen Escribano de León, se expresó así en un artículo reciente en “El Periódico”: “Creo que en el afán de quebrar a BANRURAL, tras el cobarde asesinato del Licenciado Rosenberg, hay gato encerrado”. Más fuertemente aún se expresó en el mismo diario la columnista Dina Fernández, aludiendo a la quiebra de Bancafé que acabó en 2006 con las aspiraciones presidenciales de Eduardo González, en aquel entonces secretario privado del Presidente Oscar Berger e hijo del fundador de Bancafé: “De ahí que no se pueda descartar tampoco que en todo esto se arrastren colas de las sordas tensiones que han habido entre banqueros desde la liquidación de Bancafé. Al parecer, el Secretario Privado de la Presidencia, Gustavo Alejos le pidió al señor Musa que se parara en medio de esos vientos huracanados. La investigación debe abrir esa olla descomunal. Da miedo qué se pueda encontrar”.

 

El segundo hilo nos llevaría a la segunda hipótesis: las ambiciones de algunos sectores de apoderarse de Banrural, en sí mismo un premio suficientemente apetecible, que además cortaría de raíz la base del fideicomiso de Cohesión Social, en cuyo manejo rentable fundamentaría Sandra Torres de Colom sus aspiraciones a presentarse como candidata a la Presidencia de la República en 2011.

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