La reducción del déficit fiscal (exceso en el gasto por encima del presupuesto nacional) es la condición más compleja de cumplir que impone el Fondo Monetario Internacional (FMI) al gobierno hondureño en el marco de la firma de un nuevo programa económico, es la disminución del déficit fiscal

 

El Colegio de Economistas Capítulo Noroccidental considera importante destacar la necesidad de lidiar con las verdaderas causas de los desequilibrios en Honduras. En tal sentido considera el déficit fiscal como un resultado del débil crecimiento económico, de los altos índices de ineficiencia y de la corrupción en la administración pública.

Redacción Central / EL LIBERTADOR

Tegucigalpa. Los personajes que siempre hablan de economía en Honduras no aclaran que la firma de un programa económico con el Fondo Monetario Internacional (FMI) casi por norma conlleva mayores sacrificios en términos de mayores impuestos para el pueblo hondureño, porque las causas de los desequilibrios en la economía hondureño se ignoran cuando se trata de confrontar a grupos de poder.

El ex presidente del Colegio Hondureño de Economía (CHE), Guillermo Matamoros, ha dicho que “debemos estar contentos con el logro”, el acuerdo con el Fondo es beneficioso para el país, por el acceso que habrá a fondos frescos, sin embargo, este debe cumplirse. El gobierno anuncio ayer que en noviembre próximo el Director del FMI aprobaría el acuerdo con Honduras.

Y el ex secretario de Finanzas, Arturo Alvarado, expone que el acuerdo con el FMI, es bueno para el país, pero el reto será cumplirlo porque se debe recordar que hay una revisión periódica y si no se cumple lo establecido, de nada servirá ese logro”. Y advierte que se corre el riesgo de que sea un documento más que se firma si no se toman en cuenta todas las recomendaciones.

Matamoros, también manifestó que “debemos estar contentos”, el acuerdo con el Fondo es beneficioso para el país, por el acceso que habrá a fondos frescos, sin embargo, este debe cumplirse”. Una vez firmado el acuerdo, el país podrá optar a contraer deuda externa por cerca de 250 millones dólares.

Ambos especialistas coinciden que el gran obstáculo para un acuerdo es el déficit fiscal, que el año pasado fue de ocho por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), un porcentaje insostenible para cualquier país por lo que ahora se debe mantener el equilibrio financiero.

Comparten además que falta ver las condiciones del acuerdo con el FMI con relación a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), que ha sido el tema más discutido por la misión técnica del FMI, que en esencia ha propuesto alzas a las tarifas y despido de personal innecesario. El gobierno afirma que no habrá aumento en el precio de energía, pero el ex gerente de la ENEE, Emil Hawit, dijo en una reciente comparecencia en el Congreso Nacional, “que el ajuste en las tarifas no lo para ni Kalimán”.

Un análisis del capítulo noroccidental del Colegio de Economista elaboró un análisis que explica puntualmente el contexto de país y la firma del programa con el FMI, a continuación un resumen:

Reducción del déficit fiscal:
En vista del énfasis que pone el FMI en la reducción del déficit fiscal tanto del gobierno central como de las instituciones descentralizadas, el Colegio de Economistas Capítulo Noroccidental considera importante destacar la necesidad de lidiar con las verdaderas causas de esta situación. En tal sentido considera el déficit fiscal como un resultado del débil crecimiento económico, de los altos índices de ineficiencia y de la corrupción en la administración pública.- En la medida que se diseñen medidas que aborden estos temas podremos tener resultados positivos en la reducción de este desequilibrio en el largo plazo.

Considera necesario abordar inmediatamente una reforma fiscal integral, pero que solamente tiene una justificación duradera en la medida que también fortalezca la gobernabilidad democrática del país y que no vaya en detrimento de otros objetivos.- La experiencia histórica indica lo incompleto e insostenible que resulta una estrategia de reducción del déficit fiscal si a su vez se están generando otros desbalances como caída fuerte en la demanda o un aumento sustancial del desempleo.

Por lo anterior, se pronuncia para que esta reforma fiscal no descargue el impacto sobre la población más vulnerable del país, para que elimine las exoneraciones fiscales sin justificación y que castigue duramente la evasión y la defraudación.- Esto requiere en primer lugar del fortalecimiento de la entidad recaudadora, pero también de la implementación de una campaña de las organizaciones líderes del país para fomentar el cumplimiento.

Por consiguiente, ante las exigencias de un presupuesto para el 2015 estimado en 185mil millones de Lempiras y con un menor déficit, el Colegio propone lo siguiente:
Cualquier ajuste de las partidas consideradas de gasto o inversión social se justifica solamente en la medida que focalice mejor el impacto sobre la población más vulnerable y elimine el sesgo partidista. La crisis alimentaria en las zonas rurales, el impacto del cambio climático en el corredor seco del país, el fenómeno de las maras y del crimen organizado en las zonas urbanas de ingresos bajos, implica replantear estrategias para focalizar esfuerzos de compensación social en estos sectores.

No se justifica ante la crisis fiscal el derroche de recursos con objetivos que no encajen en un concepto auténtico de combate a la pobreza.- Cualquier ajuste que implique captar más recursos no deberá recaer sobre la población vulnerable de las ciudades y del campo, sino sobre los sectores que tradicionalmente han aportado menos al fisco ya sea porque están exentos de obligaciones tributarias o porque evaden el fisco aunque tienen la capacidad para hacerlo. Para ellos ya se cuentan con estudios que indican el sacrificio fiscal de estas exoneraciones.

El gobierno deberá enfocarse en la eliminación de la corrupción y la intervención electoralista en las instituciones públicas centralizadas y descentralizadas. Lo anterior implica mejorar los sistemas de auditoría interna, de gestión financiera y de rendición de cuentas para todas las instituciones. El castigo de todo acto de corrupción debe ser la regla en el sector.

El ajuste que se exige no debe de dirigirse exclusivamente a la partida de sueldos y salarios. Por concepto de materiales y suministros, pago de energía, alquileres, viáticos, transferencias corrientes y asignaciones globales se erogaron en el presupuesto del 2013 solamente para la administración central 24,700 millones de Lempiras.

Evidentemente dentro de las partidas anteriores existe un potencial de ahorro importante. Por ende, son de suma importancia las reformas institucionales que eleven la eficiencia en la gestión pública. La reducción de precios de un amplio abanico de bienes de consumo y de inversión que van desde la obra pública, la compra de equipos médicos, pasando por adquisición de energía eléctrica hasta medicinas por medio de procesos competitivos transparentes.

Cálculos internacionales ubican el sobreprecio en todas las compras del Estado arriba del 35%.- En cuanto al concesionamiento de empresas y servicios que tradicionalmente han sido proveídos por el sector público, y que ha sido implementado como una vía para la reducción del déficit fiscal el Colegio Hondureño de Economistas Capítulo Noroccidental considera necesario lo siguiente:

Priorización de los servicios a concesionar sobre la base de los objetivos nacionales y de estudios que indiquen tanto beneficios como costos de tal operación. Es importante frenar la discrecionalidad de los grupos de presión y de los políticos en la determinación de qué se debe y qué no se debe concesionar.- Sometimiento de COALIANZA a criterios estrictos de rendición de cuentas y transparencia de forma que existan amplios consensos sobre lo que se concesionará.

Adjudicación de contratos de concesionamiento y fideicomiso que garanticen calidad en los servicios al público. Implementación de una política de concesionamiento que no exacerbe el desequilibrio fiscal, garantizando al Estado ingresos suficientes y limitando el riesgo.- Segregación de las funciones de propuesta de proyecto, estructuración de proyectos, análisis de viabilidad del proyecto y selección de proyecto entre diferentes instituciones.

Independencia de la superintendencia de las alianzas público privadas con un mecanismo independiente de selección de sus miembros.
En cuanto al debate sobre la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, el Colegio Hondureño de Economistas Capítulo Noroccidental propone un enfoque integral con miras a la búsqueda de soluciones duraderas. Considera que es todo el subsector eléctrico y no solamente la empresa estatal eléctrica que está en dificultades ante un modelo de negocio que ya entró en crisis.

Se estima necesario: El fortalecimiento de la empresa estatal mediante el relanzamiento de los proyectos hidroeléctricos.
Sobre todo se debe continuar con miras a que Patuca III, Jicatuyo y Los Llanitos entren a funcionar en los
próximos años.- Eliminación de los contratos sumamente onerosos que la institución negoció a través de nuevos procesos de licitación pública transparentes y programados, eliminando así las compras directas y de emergencia.

Revisión de los contratos de fideicomiso firmados el año pasado y que aún no se han iniciado.- Reducir las pérdidas por razones técnicas hacen perder alrededor del 35% de la energía eléctrica adquirida por parte de la institución a través de un programa de inversión.
Avanzar con programas y con legislación nacional que promueva la eficiencia energética en las unidades productores y hogares del país.

Reducción del personal supernumerario en todos los niveles de la institución.- El Colegio Hondureño de Economistas propone la firma de un acuerdo con el FMI en concordancia con lo anteriormente mencionado. Estima que un acuerdo negociado en el marco de los objetivos de corto plazo de la administración actual y que solamente abra las oportunidades para mayor gasto y despilfarro, sin resolver los verdaderos problemas del país, conlleva a seguir profundizando los problemas de la pobreza y la desigualdad.

PANORAMA SOCIAL Y ECONÓMICO DE HONDURAS ES MUY DIFÍCIL PARA LA MAYORÍA DE LA POBLACION

A). Tasa de pobreza (58.8% de los hogares); tasa de miseria (36.4 de los hogares); población con ingresos menores a un dólar (37.8%), todo estos datos están registrados por los informes de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (PNUD), y son una muestra de este rezago del país en materia económica y en general de desarrollo humano.

B). Abismal diferencia entre un amplio sector de la población con enormes limitaciones para avanzar y un sector pequeño con altos indicadores de desempeño. El 20 por ciento de la población más rica recibe el 60 por ciento del ingreso nacional, mientras el 20 por ciento de la población más pobre recibe el 2 por ciento del ingreso nacional.

C. Esta situación presenta de trasfondo un crecimiento económico que no logra impulsar el país a mayores niveles de desarrollo. Después de un período de tasas de crecimiento altas que caracterizó a la región centroamericana en los primeros años de la década vino la recesión económica de 2009 (golpe de Estado). Para ese año, la producción nacional cayó en -2.4% (BCH, 2014), la inversión extranjera se redujo de 927.5 millones de Dólares en el 2008 a 500.4 millones de Dólares en el 2009 (CEPAL, 2012).

Posteriormente la economía nacional presenta indicadores de crecimiento positivo, pero bajos que, a la vez repercuten negativamente en otros indicadores. Para 2013 se reporta un crecimiento real del PIB del 2.6% (BCH, 2014).

D). El desequilibrio externo es creciente. Datos preliminares indican que en 2013 el déficit en balanza de bienes, servicios y renta fue de 5,000millones de dólares (BCH 2014) que resultó viable en gran medida por la entrada de ingresos en divisas por remesas de un monto de 3,342 millones de dólares (BCH, 2014).

E). En los últimos años hemos experimentado, además, el crecimiento de la deuda pública interna y externa. Las cifras oficiales indican que se ha llegado ya a un endeudamiento público total de 7,881 millones de dólares que representa el 43 por ciento del PIB (Secretaría de Finanzas, 2014). Esto es efecto de no haberse resuelto los problemas del bajo crecimiento que obliga a una mayor compensación social, pero también condicionados por un sistema financiero desactualizado, el alto grado de corrupción en la captación de los recursos y en el uso de los recursos públicos.

Comentarios  

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