Dos mil empleados cesanteados denunciaron que no recibirán liquidación ni el sueldo correspondiente a este mes, “no nos van a pagar y no sabemos cómo vamos a hacer para llevar comida a casa”, denunció uno de los auditores despedidos.

 

Redacción Central / EL LIBERTADOR

 

Tegucigalpa. Antes del feriado de Semana Santa, el gobierno hondureño mandó a despedir a unos dos mil trabajadores de la extinta Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) que será sustituida por la Secretaría de Administración Tributaria (SAT).

 

La jefa temporal de la SAT, Ángela Madrid, dijo que hoy fueron notificados todos los empleados de la DEI que ya no trabajarán más para el gobierno.

 

De hecho, anunció que el presidente Juan Hernández ha conformado una junta interventora, que será presidida por Felipe Morales, reconocido activista del Partido Nacional.

 

Mientras Madrid, autodenominada “terrorista fiscal” brindaba declaraciones a medios, miembros de las FFAA y Policía Militar tomaron control de las oficinas del extinto ente recaudador de impuestos en varias regiones de Honduras.

 

En la capital, los empleados fueron sacados a empellones por militares, quienes notificaron que resguardarían las instalaciones hasta que se enviaran órdenes del Poder Ejecutivo.

 

En tanto, los dos mil empleados cesanteados denunciaron que no recibirán liquidación ni el sueldo correspondiente a este mes, “no nos van a pagar y no sabemos cómo vamos a hacer para llevar comida a casa”, denunció uno de los auditores despedidos.

 

Por su parte, el secretario de Finanzas, Wilfredo Cerrato, señaló que hay unos 500 millones de lempiras para pago de indemnizaciones del personal que ha sido despedido de la DEI, que este año cumpliría 20 años de operaciones.

 

El presidente Juan Hernández ordenó la semana anterior el cierre de la DEI, para ser sustituido por una agencia recaudadora de tributos que dependerá del Poder Ejecutivo.

 

El anuncio surge en el contexto de la aprobación del nuevo Código Tributario, que da amplias facultades al jefe de Estado de promover o eliminar exoneraciones fiscales, extremo considerado como “preocupante” para los especialistas del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) porque la política tributaria será competencia discrecional del mandatario.  

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