El “Pacto de Impunidad” servirá para prevenir la judicialización de las imputaciones de corrupción no solo contra media docena, sino contra unos 60 de diputados, incluyendo su Presidente Oliva y directivos, entre otros que están bajo investigación por el robo indirecto (mediante unas 30 ongs a las que ellos mismos canalizaban fondos estatales) de por lo menos unos 1,300 millones de lempiras en el periodo 2011-2015.

 

Rodolfo Pastor Fasquelle

A J. Lagos, el mejor hacedor

EL LIBERTADOR

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Se quería dar la impresión de que ya estaba por normalizarse todo. Muchos querrían que así fuera, se terminara la turbulencia, so we can get back to business. (No será así). No falta quien piensa que, igual que el intento de incriminar a Mel con Odebrecht, el insólito paso del Congreso para blindarse contra la persecución criminal busca distraer respecto al escándalo mayor, el asesinato de ciudadanos desarmados por las FFAA en las calles, la represión demencial contra quienes protestan el fraude, el intento que hará JOH en un par de días de tomar posesión de una presidencia ilegal, a la que ha llegado por medio del fraude o, si quieren ser minimalistas, por medio de elecciones que no tuvieron un resultado creíble según las misiones de observación internacional. Pero no distrae este tema, abona a y amplifica la conciencia de calamidad pública del país.

Hay que terminar de esclarecer el asunto porque todavía quedan sombras y lagunas en la información, contradicciones entre versiones. ¿Cómo, por qué y para qué -en fecha que no se puede precisar más que entre el 18 y 20 de Enero pasado- reformó el Congreso los artículos 16 y 131 de la Ley General de Presupuesto? ¡Con 70 votos a favor, en su gran mayoría nacionalistas, con numerosas ausencias inexplicables y solo dos votos en contra! Según esta reforma, hasta que no los hubiese investigado el Tribunal Superior de Cuentas que no tiene capacidad para hacerlo, dentro de tres años, cuando muchos habrán prescrito, no podrían judicializarse reclamos contra diputados y altos funcionarios por dineros recibidos a través de organismos no gubernamentales, alimentados de fondos públicos. Como el que se viene de mostrar se usó para comprar los votos que permitieron al régimen elegir su propia corte suprema.

¿Quiénes participaron y cómo en la redacción, el dictamen y en la votación de esa reforma? Algunos impúdicos ya levantaron la mano, “Toño” Rivera, Mario Pérez y Francisco Rivera (Esa por supuesto es información pública que sería delito ocultar.) ¿Qué consecuencias prácticas puede tener esa medida para la lucha contra la corrupción? y ¿qué significa en el contexto de la crisis actual? Es importantísimo explicar ese tema para todos.

Juan Jiménez Mayor, Jefe de la Misión de Acompañamiento Contra la Corrupción e Impunidad que Honduras solicitó a la OEA (y que ocultó la investigación antes de la elección y aún no aborda la corrupción electoral) afirma que esa reforma constituyó “Un Pacto de Impunidad”. Que servirá para prevenir la judicialización de las imputaciones de corrupción no solo contra media docena, sino contra unos 60 de diputados, incluyendo su Presidente Oliva y directivos, entre otros que están bajo investigación por el robo indirecto (mediante unas 30 ongs a las que ellos mismos canalizaban fondos estatales) de por lo menos unos 1,300 millones de lempiras en el periodo 2011-2015, ¡Antes del segundo fraude!, sin mencionar otros tantos derivados de coimas recibidas por la aprobación, en El Congreso, de compras millonarias sobrevaloradas. Declara Jiménez Mayor que ese “Pacto” repercutirá asimismo sobre  la investigación de la pérdida de muchos más miles de millones de los fondos del IHSS. O sea que la reformita empautada tendría el potencial para encubrir un latrocinio de unos 10 mil millones. ¡Genial!

Por medio de su Presidente, ex fiscal cachureco Rolando Argueta, la dicha Corte Suprema rechaza lo que califica como pretendida interferencia en sus funciones, la exigencia de la MACCIH.

La noticia trasciende alrededor del mundo. Almagro felicita a Jiménez Mayor pero ha perdido credibilidad, porque no pudo convocar la Asamblea que conociera el Informe. El COHEP se rasga las vestiduras como si no fuera de los grandes defensores de régimen. La pobrecita (ya se la deberían llevar) encargada de la casona en Viera, Ms. Fulton asegura, en un tuit, que ese “Pacto” es un monumental salto para atrás” en el combate de la corrupción e impunidad y que el Congreso debe rectificar. Miles de personas le responden con insultos que, aparte de recordarle que ellos consolidaron el régimen y estos son sus hhdp, ponen de manifiesto un antiamericanismo sin precedentes.

Con su acostumbrado enredo legalista, la dirigencia del Congreso Nacional publica otro comunicado desestimando las interpretaciones de la Misión, reclamándole un irrespeto y, en lo esencial, alegando que sus impugnadores no han sabido leer su decreto, que sólo requiere que el TSC termine la investigación de las transacciones desde 2006 a  2018, misión imposible o desingenua. El coautor diputado por el P.N. Francisco Rivera de Olancho profiere amenazas contra la MACCIH, que Jiménez recibe con elegancia y con protesta en el Bulevar Morazán.

El Partido LIBRE emite un comunicado firmado por su Coordinador y sus congresistas diciendo que, aunque la reforma de esos artículos ya se publicó, como antes otras ficciones, en La Gaceta, nunca se discutió en La Cámara. Que transgrede la Constitución, la Ley del Ministerio Publico, la Ley del Tribunal de Cuentas y otras leyes y que, por tanto, es ilegal e inaplicable. Asimismo recuerda que contra la oposición de LIBRE el gobierno actual ha promulgado La Ley de Secretos con que ha encubierto toda suerte de delitos, desde el golpe hasta la actualidad, sin que la MACCIH los persiga. Y reiterando la posición del Partido en el sentido que todos los diputados deben rendir cuentas de su administración de fondos, devolver los que no puedan liquidar y ser juzgados si no. En teoría los diputados que no discutieron ese decreto no pudieron votar por él. También habría que investigar -y castigar con extinción- a las 30 ONGs que se prestaron para esas transacciones delincuenciales. Lo esencial es que, además de impulsar la formal derogación de esa reforma, la oposición se comprometa con la Ley de Colaboración Eficaz solicitada y engavetada. Solo siguiendo una política definida al respecto podremos conseguir que la gente comprenda que lo que ha habido es colaboracionismo para el delito continuado de asalto al Estado.

Que, aunque para protegerse en red reparta migajas a otros, el Partido Nacional de Honduras es La Organización Criminal que, mediante el control de los 45 ahora 60 ladrones del Congreso, se ha apoderado del Estado, con el apoyo de facciones codiciosas y de los jerarcas militares y directivos de las grandes corporaciones que no pueden ahora cándidamente lamentar la consecuencia de su patrocinio. Poner este incidente en el candelero iluminará como nunca las redes inexpugnables de la corrupción que nos tienen en la miseria y en la vergüenza ante el mundo. ¿Podrá movilizar por fin a la gente? ¿Seguirá con el tema Jiménez Mayor después del 27?

 

Comentarios  

+2 #1 Oscar 26-01-2018 09:54
Totalmente de acuerdo. Es la esencia de los cachurecos, parece que tienen maestrias y doctorados en robar y no ser pillados.
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