Los grupos que tradicionalmente han ostentado el poder económico y político en Honduras, Paraguay y Brasil consiguieron utilizar la institucionalidad del Estado de Derecho en contra de gobiernos que cometieron la osadía de cuestionar el status quo interno y externo en favor de las mayorías.

 

Por: Sabrina Flax, Silvina Romano Y Camila Vollenweider / *CELAG

 

El politólogo estadounidense Gene Sharp argumenta sobre la posibilidad de implementar estrategias de “acción no violenta” en las que no se necesita la fuerza bruta para hacerse con el poder. Esto se debe a que “la naturaleza de la guerra en el siglo XXI ha cambiado (…) Nosotros combatimos con armas psicológicas, sociales, económicas y políticas”.

 

Esta concepción se asocia a las nociones de poder blando y poder inteligente desplegadas durante los gobiernos de Obama. Uno de sus ideólogos, Joseph Nye, entiende al poder blando como la capacidad de recurrir a otros medios diferentes a los militares para lograr los objetivos de política exterior a través de la “atracción” en lugar de la coerción [2].

 

A continuación se presentan los tres golpes blandos que han tenido éxito en América Latina, durante el siglo XXI, según las expectativas de las minorías privilegiadas y partidos políticos opositores locales asociados a intereses transnacionales y guiados por los mandatos -oficiales y extraoficiales- de la política exterior estadounidense [3].

 

Los grupos que tradicionalmente han ostentado el poder económico y político en Honduras, Paraguay y Brasil consiguieron utilizar la institucionalidad del Estado de Derecho en contra de gobiernos que cometieron la osadía de cuestionar el status quo interno y externo en favor de las mayorías.

 

Estos tres golpes han demostrado que el diseño institucional de nuestros sistemas políticos formalmente democráticos y representativos sigue siendo permeable a la capacidad de dominio de las minorías privilegiadas: ya no parece ni necesario ni adecuado usar la fuerza para quitarle el poder del Estado a gobiernos que resultan incómodos.

 

Basta que la correlación de fuerzas políticas en al menos dos de los tres poderes del Estado sea favorable al cambio en la jefatura del Ejecutivo para que cualquier acción de gobierno termine considerándose como delito.

 

Con la gran prensa de aliada maquillando la realidad a favor de dicho propósito y el condicional apoyo de los poderes financieros e industriales extranjeros –sobre todo estadounidenses-, sólo es cuestión de generar y utilizar la oportunidad más adecuada. Este ha sido el gran hallazgo golpista de siglo XXl.

 

GOLPE EN HONDURAS

 

Manuel Zelaya, político de carrera del Partido Liberal de Honduras, fue elegido presidente de Honduras en el 2005. Zelaya no provenía de sectores radicales ni se caracterizaba por una trayectoria en este sentido. En efecto, durante sus primeros dos años en la presidencia siguió las recetas económicas del Fondo Monetario Internacional (FMI).

 

Sin embargo, también durante su gestión y en el contexto del impacto de la crisis capitalista iniciada en 2008 (disminución de ingresos por exportaciones y remesas) planteó medidas destinadas a la mejora de la calidad de vida de sectores de la población hondureña históricamente postergados. En este sentido se orientaron los acuerdos con el ALBA, que incluyeron programas de alfabetización y asistencia médica gratuita, una línea de crédito a pequeños productores rurales y planes de vivienda. A esto

se sumó un acuerdo con Petrocaribe y la compra de petróleo a PDVSA a precios muy accesibles, en perjuicio de las transnacionales como Shell, Exxon o Texaco. Otras medidas “controversiales” (para el orden instituido) fueron el aumento salarial y el inicio de una reforma agraria para otorgar

títulos de propiedad de tierras ociosas de terratenientes y grandes empresas a miles de campesinos. 

 

En este escenario, el presidente Zelaya propuso transformar la base militar estadounidense situada en Palmerola, en un aeropuerto comercial y buscar la relocalización de la base en otra zona del territorio hondureño. Estas decisiones fueron apartando a Honduras de su alineación a la política económica y de seguridad estadounidense, trazada en el Plan Puebla Panamá luego refundada en Proyecto Mesoamérica.

 

Además de estas acciones que comenzaron a perjudicar intereses de grupos económicos con histórico poder de decisión a nivel local, e intereses extranjeros, Zelaya propuso una consulta a la ciudadanía sobre la conformidad de que se convocara a una Asamblea Constituyente para

reformar la Constitución, especialmente el sistema bipartidista. Esta consulta popular que sería llevada a cabo en el marco de las elecciones presidenciales en noviembre de 2009 desencadenó el golpe de Estado.

 

La Corte Suprema de Justicia declaró que la acción de consulta era ilegal, habilitando al Ministerio Público y al Tribunal Supremo Electoral a secuestrar el material que serviría para realizar la consulta, desatando la movilización de los sectores que apoyaban a Zelaya en el proceso de

consulta. Para evitar la “radicalización” de estos sectores, la oligarquía propició un golpe de Estado a manos de la cúpula de las Fuerzas Armadas (lideradas por el general Romeo Vásquez Velásquez), que secuestraron a Zelaya el 28 de junio de 2009 y lo llevaron a la base militar estadounidense de Palmerola para enviarlo al exilio a Costa Rica.

 

Al día siguiente Zelaya anunció desde San José de Costa Rica su intención de regresar a Honduras, pese a que las autoridades de facto amenazaron

con apresarlo. A partir de las medidas económicas y sociales implementadas por Zelaya, buena parte del movimiento popular, incluyendo las tres centrales sindicales, la Coordinación de la Resistencia Popular (CNRP) y el Bloque Popular e incluso el partido Unificación Democrática (UD) se alinearon a Zelaya. Esto fue proporcional a la disminución del apoyo de parte de su propio partido, situación esperable pues el PLH al igual que el Partido Nacional de Honduras (PNH) representan el orden

bipartidista conservador.  

 

De hecho, luego de ser derrocado Zelaya, debía asumir su puesto el vicepresidente Elvin Santos, del PLH. Sin embargo, renunció a su puesto dejando vía libre a Roberto Micheletti, presidente del Congreso, que asumió el cargo luego de que el Congreso de la República legalizara la revocación de Zelaya. Vale aclarar que la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, el Tribunal Supremo Electoral y la Comisión de Derechos Humanos, aprobaron esta decisión.

 

JUSTIFICACIONES DEL GOLPE

La justificación articulada por tales instituciones fue que separaron a Zelaya de su cargo para evitar que se perpetuara en el poder. Violando la Constitución, el Congreso Nacional emitió el Decreto N° 141-2009, el 28 de junio ordenando separar a Zelaya de su cargo y nombrar presidente a

Micheletti “por el término que falte para terminar el período Constitucional y que culmina el 27 de enero de 2010”.

 

Inmediatamente, los países miembros del ALBA, del Sistema de Integración Centroamericana y el Grupo de Río acordaron aislar política, diplomática y comercialmente al gobierno de Micheletti. Venezuela dejó de enviar petróleo al país. La Asamblea General de la ONU aprobó una resolución pidiendo el restablecimiento del presidente hondureño. En los primeros días de julio, los

embajadores de la Unión Europea en Honduras abandonaron el país y la OEA suspendió a Honduras mediante la aplicación de la Carta Democrática.

 

El Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo congelaron sus préstamos. Luego de que el 5 de julio se impidiera el aterrizaje del avión venezolano que llevaba a Zelaya de regreso a Honduras con el representante de la Asamblea General de la ONU, el presidente costarricense Oscar Arias asumió como mediador en la crisis, a sugerencia del gobierno estadounidense. La mediación puso al mismo nivel

de negociación a Zelaya y a los golpistas, dando un amplio margen al gobierno ilegítimo de Micheletti.

 

En septiembre de 2009, Zelaya logró ingresar al país y se refugió en la embajada de Brasil en Tegucigalpa como presidente legítimo en exilio. Las fuerzas golpistas asediaron la representación diplomática hasta su salida a República Dominicana el 27 de enero de 2010.

 

PAPEL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Con respecto al rol de los medios de comunicación, los sectores que se oponían a la consulta popular, futuros golpistas, se sirvieron de la prensa para imponer la idea de que el Presidente Zelaya pretendía buscar una Asamblea Constituyente para continuar en el poder. Asimismo, fue

fundamental el papel de los medios de comunicación en relación a la invisibilización del proceso anterior a la noche del golpe, dando escasa cobertura, por ejemplo, al atentado que sufrió el mismo Zelaya el 12 de junio.

 

Además, la prensa internacional, destacándose El País de España,

reprodujo la versión de los medios hegemónicos locales, de que la Consulta Popular era para la reelección de Zelaya, quien deseaba “perpetuarse en el poder”14.

 

PAPEL DE LAS FUERZAS ARMADAS Y DEL GOBIERNO ESTADOUNIDENSE

Las Fuerzas Armadas jugaron un rol primordial, similar al rol asumido en Golpes de Estado durante la Guerra Fría, obrando con el consentimiento de sectores civiles con amplio poder de decisión política. Estados Unidos jugó un papel crucial, caracterizado por una doble postura. En términos

oficiales el gobierno de Obama no aprobó el gobierno de Micheletti e incluso afirmó que Zelaya era el presidente de Honduras; asimismo, en septiembre, EEUU bloqueó un préstamo a este país y revocó las visas de Micheletti y otros golpistas.

 

Sin embargo, con el paso de los meses fue ablandando esa postura, hasta considerar legítimas las elecciones de noviembre de 2009 en las

que triunfó Porfirio Lobo del PNH. Por otra parte, al fracasar las negociaciones inauguradas por Arias, Estados Unidos envió al Secretario Adjunto para Asuntos de América Latina, Thomas Shannon a ultimar los acuerdos. Shannon dejó en manos del Congreso la decisión de la restitución de Zelaya. El Congreso votó la medida contraria.

 

Tanto la mediación de Arias como el rol ambiguo jugado por el Departamento de Estado, arrojaron dudas sobre la real intención de restituir a Zelaya en el gobierno. Más tarde se publicó material que dio cuenta del apoyo del gobierno estadounidense a los sectores golpistas. En una entrevista, el expresidente Zelaya se refirió del siguiente modo al rol jugado por los EEUU: “los Estados Unidos orquestaron el golpe de Estado.

Disocio al pueblo norteamericano de sus dirigentes. Me refiero al lobby militar-industrial y mediático-financiero que tiene las riendas del poder en Washington (…) El golpe de Estado se planificó en Miami con el apoyo de Washington y del Comando Sur mediante las personas que

mencioné, como Otto Reich, Roberto Carmona y Roger Noriega, en colusión con la oligarquía hondureña y algunos parlamentarios del país”.

 

 

PRINCIPALES MEDIDAS DEL GOBIERNO DE MICHELETTI

Curiosamente, las primeras medidas tomadas por el gobierno de facto de Micheletti fueron dirigidas contra Venezuela. El 16 de julio de 2009, el gobierno de facto de Micheletti demandó al gobierno de Venezuela ante la ONU y el 23 de julio expulsó a diplomáticos venezolanos de Honduras17.

 

Asimismo, una de las primeras medidas de Porfirio Lobo fue retirar a Honduras del ALBA. En general, el gobierno de Lobo y el de Orlando Hernández que lo sucedió, tendieron a apuntalar medidas neoliberales. Esto dejó sus huellas. Honduras fue uno de los dos países latinoamericanos que aumentaron sus índices de pobreza entre 2009 y 2011. Una parte esencial

del paquete de medidas neoliberales recomendadas por el FMI y aplicadas por Porfirio Lobo, produjeron el sistemático desmonte de derechos adquiridos por la clase trabajadora conseguidos después de décadas de lucha. Honduras está calificado como uno de los países más peligrosos del mundo: asesinatos, narcotráfico, robos y extorsión son parte de la cotidianeidad de las y los hondureños.

 

En 2014 Honduras era el país con la tasa de homicidios más alta del mundo, es decir con más de siete mil muertes violentas por año, casi 12 veces el promedio mundial (6.9 homicidios por cada 100 mil habitantes).

Lo anterior se vincula a un hecho irrefutable: la represión y militarización agudizadas a partir del golpe no han mermado. El Comando Sur de Estados Unidos, en los hechos, opera desde Honduras, en su base en Palmerola. El asesinato selectivo de líderes y militantes de partidos políticos y movimientos sociales se ha naturalizado. Un ejemplo de ello es el reciente asesinato de Berta Cáceres.

 

Manuel Zelaya logró regresar a Honduras y fundó el partido político Libertad y Refundación (Libre) en el marco del cual su esposa, Xiomara Castro, se presentó a elecciones en 2013, quebrando el tradicional bipartidismo. En mayo de 2016 Zelaya confirmó que se presentará como candidato de

su partido en las próximas elecciones presidenciales20que están previstas para noviembre de 2017.

 

* Analistas del Centro Estatégico Latinoamericano en Geopolítica.

 

 

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